Los riesgos del decreto del Gobierno que aprueba medidas de la reforma a la salud

Luego de conocerse el decreto con el que el Gobierno busca aplicar las medidas de la reforma a la salud, varios exministros y exviceministros advirtieron que las medidas no terminarían con los problemas que hay en el sistema.

En el comunicado indicaron que el Decreto 0858, es una manera de avalar la reforma a la salud sin avanzar con el trámite legislativo y sin tomar en cuenta el concepto de los técnicos y del sector. En la carta señalaron que la medida está lejos de resolver los problemas estructurales del sistema, y por el contrario les aumenta la incertidumbre a todos los actores.

El texto dice que la regulación ratifica los temores que se habían advertido por el deterioro del sistema, y las consecuencias para los pacientes, además que deja de lado todo lo que se intentó construir en los últimos años, en el marco del debate de la reforma a la salud.

“Esta acción no permite una opinión ni un debate democrático real, forzando la implementación de una reforma con la que amplios sectores del país no estamos de acuerdo. Este decreto, descrito por algunos observadores como una “colcha de retazos”, intenta ser la reglamentación de leyes vigentes, pero establece un nuevo sistema de salud, generando así francas contradicciones con la normativa actual”, dice el comunicado emitido.

Entre las consecuencias, señalan que podría haber un colapso similar al que se presentó en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, y ratifican que la medida no es el instrumento jurídico correcto para implementar los cambios que propone el Gobierno. De hecho, pidieron al Consejo de Estado que tome medidas que frenen la aplicación de dicho decreto.

“Este decreto, lejos de representar una solución estructural a la crisis del sistema de salud colombiano, abre un nuevo capítulo de incertidumbre institucional, operativa y financiera. No muestra una respuesta clara a las necesidades de los usuarios y pacientes, ni a las expectativas de la sociedad civil. Entre la afiliación y la adscripción, produce desorden. La libertad de elección se ve amenazada, el acceso puede restringirse por fragmentación de la red y la calidad corre el riesgo de deteriorarse por una estatización improvisada”, agregan en la carta.

Aunque encuentran puntos favorables, por así decirlo, aseguran que hay puntos que definen realmente el alcance de las competencias de ciertas entidades, y por el contrario, debilita el papel de actores como las EPS, que tendrán que trasladarle funciones a entidades territoriales que no cuentan con la capacidad para atenderlas, lo que genera riesgos para el sistema y los pacientes.

Al respecto, Jesús González, socio principal en González Páez y experto en derecho médico, señaló que “el decreto 0858 transforma el acceso al aseguramiento y por ello tiene un alto riesgo de ilegalidad, al modificar directamente la ley 100, lo cual sólo podría hacerse por el Congreso, dado que es quien tiene la competencia para modificar las leyes”.

¿En qué consiste el decreto?

El decreto tiene en cuenta a entidades distritales y departamentales, así como a prestadores de servicios de salud, públicos, privados o mixtos. También cobijará a las EPS, a los proveedores de tecnologías en salud, a la SuperSalud, al Sistema General de Seguridad Social, a la Adres y al Invima, entre otros.

En él se señala que el Ministerio de Salud será el ente rector a nivel nacional, mientras que, en el ámbito territorial, serán los departamentos, distritos y municipios quienes asumirán este liderazgo.
Con el decreto, las autoridades del departamentales, distritales y municipales podrán estructurar esquemas de atención predictiva y resolutiva para garantizar el derecho a la salud.

Además, el Gobierno anunció la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud, las cuales estarían conformadas por entidades departamentales y distritales. Su objetivo sería garantizar la calidad, equidad y continuidad en la prestación de los servicios.

Otro de los puntos destacados en el decreto son los Centro de Atención Prioritaria en Salud, Caps, donde se establece que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, tanto públicas como privadas, deberán organizarse bajo esta figura y ofrecer la atención correspondiente para consolidar un enfoque preventivo.