"Más allá de la simplificación administrativa, debe haber participación del ciudadano"

En el Foro LR 'Tramitomanía, un lastre para el desarrollo y la competitividad', Hugo Ramírez Gómez, magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reseñó que la iniciativa antitrámites en Perú nació de la necesidad de brindar competitividad a la economía a través del trabajo articulado entre el Estado y la ciudadanía.

Por eso, resaltó los esfuerzos de Colombia, pero advirtió que el sistema debe tener en cuenta y fortalecer la opción de las quejas o peticiones de los usuarios (personas naturales o jurídicas) para fortalecer su ejecución.

Además, en Perú se creó un órgano que vela porque esto se cumpla y analice qué trámites son ilegales o innecesarios.

"Hay esfuerzos administrativos y de la SIC para eliminar esas barreras de entrada que puedan estar en la legislación. En Ecuador hay un proceso similar, pero Perú hay algo más que eso y esa es la diferencia que creo importante resaltar. Más allá de la política de simplificación administrativa, que es unidireccional y elaborada por el Estado, hay un procedimiento en donde el ciudadano denuncia la barrera y la entidad que creó ese trámite tiene que defenderse", dijo.

"Si es una barrera que le impide estar en el mercado, la denuncia, y la entidad pública tiene que defender la legalidad y racionalidad del procedimiento. Pero si el órgano supervisor considera que es ilegal o irracional, se ordena la inaplicación de esa barrera para todo el país. No es una política unidireccional", agregó.

Entre tanto, María Antonieta Merino Taboada, consultora senior en Smart Regulation Perú, rescató que con la creación del régimen alternativo en ese país se persuade a las personas sobre la idoneidad de la creación de esos trámites y, al hacer el estudio, se eliminaron de manera voluntaria más de 6.000 procesos en 70 entidades públicas.

"El año se analizaron cerca de 385 barreras. En 2017 se hace un cambio porque estábamos rezagados en la cola de la región porque éramos los de más barreras, pero se hicieron una serie de reforma y un marco legal", dijo.

Finalmente, añadió que la secretaría técnica es importante para la estructuración de una política efectiva, pero, además, debe existir modernización en las leyes porque la sola promulgación de una norma no garantiza su cumplimiento a través de incentivos.