MinAmbiente permitirá abrir sitios de manejo de escombros del terremoto sin licencia

Ante el pasivo de escombros que dejó el terremoto y los trámites ambientales que podrían retrasar la reconstrucción, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 1425 de 2026, a través del que autoriza la apertura de sitios para disposición de escombros sin licencia ambiental previa, acorta los plazos de entrega de permisos para las obras de reconstrucción y redirige compensaciones ambientales hacia la recuperación de los territorios afectados.

El primer frente de atención es el de los escombros, para el que la norma declaró de utilidad pública e interés social las labores de limpieza, remoción y disposición de escombros, residuos eléctricos y electrónicos y residuos de construcción en las zonas afectadas. Y, aunque el Gobierno reconoció que esa declaratoria puede significar una limitación excepcional y temporal a la propiedad privada, argumentó que el volumen supera la capacidad de los sitios autorizados, debido a que hay entre 1,5 y 2,4 millones de toneladas de escombros en las diferentes zonas afectadas.

Por esa razón, autorizó a las territoriales para que habiliten, de forma temporal e inmediata, sitios de disposición transitoria o final de escombros y residuos de construcción y demolición, "sin que para ello se requiera licencia, permiso, concesión o autorización ambiental previa". Pero, estipuló que solo podrán hacerlo cuando las áreas previstas en los planes municipales de gestión del riesgo no sean suficientes.

Según la norma, la cartera expedirá los lineamientos técnicos mínimos para localizar, adecuar, operar y cerrar los sitios, incluidas las distancias mínimas frente a cuerpos de agua y zonas de riesgo no mitigable. Además, recalcó que quedarán excluidos los páramos, humedales, áreas protegidas y otros ecosistemas estratégicos, además de los suelos de protección ambiental o por riesgo.

Además, la entidad que abra un sitio tendrá 48 horas para informarlo a la autoridad ambiental y dos meses, contados desde que se levante la emergencia, para presentar un plan de manejo, cierre y restauración. Por su parte, las autoridades ambientales harán seguimiento prioritario a los sitios y conservarán sus facultades sancionatorias.

El segundo frente será el de las licencias y permisos de las obras, en el que, para reparar o reconstruir infraestructura pública o privada que haya colapsado, se haya averiado o haya quedado inhabilitada por el sismo, el decreto sustituirá temporalmente los plazos ordinarios, de modo que las autoridades tendrán 30 días hábiles para otorgar licencias ambientales y 15 días hábiles para los permisos de concesión de aguas, ocupación de cauces, vertimientos y emisiones atmosféricas, contados desde la radicación de la solicitud.

Este régimen, que funcionará mientras dure la emergencia y sus prórrogas, se apoya en las afectaciones que la Ungrd reportó al 10 de septiembre en 521 vías, 107 puentes vehiculares, 141 acueductos y 5 aeropuertos. A su vez, le permitirá al MinAmbiente fijar "plazos más exigentes" cuando las circunstancias técnicas o ambientales lo requieran.

Para que esos lapsos se cumplan, las autoridades ambientales deberán crear una instancia técnica de evaluación prioritaria y, cuando una autoridad regional o urbana demuestre que los daños del sismo o el volumen de solicitudes le impiden responder a tiempo, la cartera podrá asignarle temporalmente la competencia a la Anla o a otra autoridad. Ahora bien, si el plazo vence sin respuesta la solicitud no se entenderá aprobada y tampoco desaparecerán la evaluación de impacto ambiental, la participación ciudadana ni la consulta previa cuando correspondan.

Por otro lado, quienes ya tengan una licencia, permiso o concesión vigente y hayan visto colapsada, averiada o afectada su infraestructura por el sismo podrán empezar de inmediato las obras de reparación, reconstrucción y recuperación, siempre que antes le comuniquen a la autoridad ambiental que les otorgó el instrumento las actividades que harán y las medidas de manejo ambiental que aplicarán desde el inicio.

Luego, dentro de los tres meses siguientes al comienzo de las obras, tendrán que solicitar la modificación del instrumento vigente, con el plan de manejo ambiental o los estudios adicionales que se exijan, de manera que primero se construirá y después se formalizará, aunque la autoridad conservará la facultad de imponer medidas adicionales, de sancionar si la información es inexacta.

En las áreas de reserva forestal, el la norma abrirá dos vías para la infraestructura de transporte que ya existe: la primera aplicará cuando la obra se haga dentro de la "huella" de la infraestructura legalmente establecida, sin cambiar el trazado ni las especificaciones y sin remover más bosque natural, caso en el que la estabilización provisional podrá comenzar tras avisarle a la autoridad ambiental regional, si la reserva es regional, o a la Dirección de Bosques del Ministerio, si es nacional.

La segunda vía empezará a regir cuando, por un riesgo grave e inminente, la obra deba hacerse fuera de esa huella pero dentro de la reserva, situación en la que la autoridad podrá otorgar una autorización ambiental provisional, mediante decisión motivada y sustentada técnicamente, y solo si se demuestra que no existe una alternativa técnicamente viable y menos lesiva. Esta autorización durará máximo 60 días calendario, prorrogables una sola vez y sin superar la duración de la emergencia.

Por su parte, los recursos del Sistema Nacional Ambiental, Sina, podrán distribuirse entre sus integrantes para destinarse "exclusivamente a la reparación y reconstrucción de los territorios afectados por el sismo". A ello se suma que las corporaciones y las autoridades urbanas podrán destinar, como contrapartida voluntaria para apalancar recursos multilaterales y de cooperación, dinero del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble.