Ministerio de la Igualdad que tumbó la Corte supera en presupuesto a seis carteras

El 29 de junio de 2023 fue sancionada la Ley 2281 que formalizó la existencia del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, en cabeza de la también vicepresidenta Francia Márquez. Con su constitución quedaron a su cargo los Institutos de Bienestar Familiar, Sordos y Ciegos.

Inicialmente la cartera creada en el Gobierno Petro, contó con una asignación presupuestal, para 2023, de $500.000 millones, superior a otras carteras como los ministerios de Tecnología, Justicia, Ciencia y Transporte.

Para este año, le fueron asignados al ministerio de la Igualdad $1,3 billones, un rubro superior a los ministerios de Comercio, Industria y Comercio($949.541 millones); Relaciones Exteriores ($703.000 millones); Transporte ($523.713 millones); Ciencia, Tecnología e Innovación ($397.875 millones); Justicia y del Derecho ($211.486 millones); y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ($120.000 millones).

Para el 6 de septiembre del mismo año, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, reconoció la constitucionalidad de la creación del Ministerio, admitiendo que no afectaba el criterio de sostenibilidad fiscal. El ente de control recalcó los procesos y la compatibilidad del estudio de afectación fiscal con las proyecciones de la política económica.

El pasado 23 de abril, la Contraloría General de la República alertó sobre la baja ejecución del Presupuesto General de la Nación para este año, con solo 9,1% en el rubro de inversión, donde el ministerio de la Igualdad arrojó una ejecución de 0,0%, la más baja del gabinete en el primer trimestre de 2024. Ante ello la vicepresidenta, Francia Márquez, defendió su gestión argumentando que “la ley se firmó el 4 de enero de 2023″ y, un año y tres meses después, han surgido muchos trámites para poder operar.

Este miércoles 8 de mayo, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 con la que se creaba este ministerio, argumentando vicio de trámite en el Congreso. La Ley que deja sin piso al ministerio de la Igualdad cursará después de la legislatura 2025-2026.

"Afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad. Lo anterior, podría, a su vez, comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política", explicó la Corte Constitucional.

Sobre la vigencia del fallo hasta 2026, la Senadora Paloma Valencia, que interpuso la demanda ante la Corte, señaló que querían que la vigencia fuera inmediata, pero que respetan los tiempos de la Corte, la cual propuso efectos del fallo hasta 2026 para evitar el caos administrativo.

Y agregó, "Les quiero contar que la Corte Constitucional acaba de fallar a favor mi demanda contra el Ministerio de la Igualdad. El Gobierno nunca explicó cuál era el impacto fiscal del Proyecto. Un Ministerio que era pura burocracia; $1,3 billones de los cuales $900.000 millones eran para cargos burocráticos", dijo la senadora Valencia.

La decisión ha tenido reacciones a favor, que aunque ven con buenos ojos trabajar desde el Gobierno por la igualdad de las comunidades, sostienen que el Ministerio creado representaba principalmente gastos burocráticos.

"La realidad es que deben sujetarse todas las actuaciones del ejecutivo a unos parámetros y se debe consultar si hay recursos. El manejo del tesoro público debe ser muy estricto. Hay tendencia a despilfarrar", dijo a la FM, el exmagistrado Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional