“Nadie se opone a que los trabajadores tengan ingresos más altos y equilibrados"

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el aumento del salario mínimo cayó como un baldado de agua fría para los 2,4 millones de trabajadores que devengan este ingreso, pero también para los empresarios y el Gobierno. Mientras los primeros ya habían elaborado sus presupuestos con un alza de 23,7%, la administración del presidente Gustavo Petro aseguró que la determinación va en contravía de los derechos laborales.

Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidente de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional, aseguró que ningún actor se opone a que las personas tengan ingresos más altos. Sin embargo, advirtió que el incremento decretado por el Gobierno solo ha beneficiado a quienes tienen empleo formal y ha impactado negativamente el costo de vida de más de 12 millones de personas en la informalidad.

¿Cuál es la posición del Consejo Gremial Nacional frente al tema del salario mínimo?

Respetamos la institucionalidad y, mientras exista un decreto vigente, se debe seguir aplicando el alza del 23,7%. Hay empresas a las que, por tener una alta intensidad de mano de obra con salario mínimo, esta decisión las afecta de manera significativa. En otros casos, aunque no cuentan con personal que devengue este ingreso, sí tienen contratos de operación atados al salario mínimo.

Entonces, de manera individual, cada empresa tendrá que evaluar cómo realizar los ajustes. Creo que vale la pena retomar esa conversación, ojalá con los sindicatos, teniendo en cuenta criterios de progresividad, movilidad y sostenibilidad fiscal, porque un aumento de 23% en el salario mínimo le cuesta cerca de $6 billones a la nómina pública.

El Gobierno insinuó un aumento superior a 23% del salario mínimo. ¿Cómo analizan el impacto que una medida de este tipo tendría sobre la informalidad?

Quiero ser muy clara en que nadie se opone a que los empleados tengan mayores ingresos. Parte de la responsabilidad del sector empresarial es contribuir a la construcción de un tejido social en el que todos contemos con ingresos equilibrados. Sin embargo, cerca de 2,3 millones de personas se benefician del aumento del salario mínimo, mientras que existe un amplio grupo, de casi 12 millones de colombianos, que no recibe ese beneficio y, por el contrario, enfrenta un mayor costo de vida.

¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen frente a la situación económica del país?

Queremos hacer un llamado especial al Gobierno para que actúe con responsabilidad fiscal en el manejo del gasto. Nos preocupa el nivel de endeudamiento y el incremento del gasto que ha registrado esta administración, que consideramos no ha estado plenamente justificado y que podría poner en riesgo la estabilidad económica.

Si bien las cifras recientes han sido positivas, un país que crece impulsado únicamente por el gasto y no por la inversión enfrenta riesgos de sostenibilidad y puede convertirse en una bomba de tiempo.

Hablemos ahora sobre las emergencias económicas que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha decretado, ¿cuál es la posición del Consejo?

Sobre la que se declaró el año pasado, de la cual surgió un decreto con medidas tributarias y dirigidas al sector energético, presentamos un escrito porque no identificamos hechos sobrevinientes. Tuvimos la impresión de que, ante la imposibilidad de tramitar una tributaria, se recurrió al uso de instrumentos institucionales extraordinarios.

Hicimos un llamado al Gobierno a actuar con responsabilidad fiscal, pues no se justificaba adoptar determinadas medidas tributarias para financiar asuntos que pueden ser atendidos mediante decisiones regulatorias del Ejecutivo.

¿Qué piensan sobre la emergencia decretada en relación con la situación de Córdoba?

Hemos hecho un llamado a nuestros gremios y empresas a acompañar económicamente a diferentes sectores porque entendemos que esto sí es una emergencia, Pero, de la misma forma, no creemos que este hecho amerite tomar medidas tributarias adicionales. Nosotros creemos que el Gobierno Nacional tiene instrumentos institucionales ordinarios para poder gestionar esta crisis.

El Gobierno insistió en que el desembalse de Urrá tuvo un impacto mayor en la crisis de Córdoba, ¿qué piensan ustedes?

Alrededor de 96% de los eventos decrecientes se pudieron contener gracias a las hidroeléctricas. Desde Acolgen, puedo decir que, bajo ninguna circunstancia, la operación de la seguridad de las personas está por encima de cualquier operación comercial. No conocemos la operación puntual de cada embalse, pero lo cierto es que la existencia de represas ha ayudado a que no haya catástrofes cuando hay crecientes.

El perfil

Natalia Gutiérrez Jaramillo es administradora de empresas y especialista en finanzas y evaluación de proyectos. Se ha desempeñado como viceministra de Minas, viceministra del Interior y presidente de la Agencia Nacional de Minería. Fue gerente general de las empresas Aluvia SAS y Cygnus Project; gerente financiera de Winchester Oil and Gas, y consultora de Advisory Services. Fue miembro de la junta directiva de ISA y de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, e integrante del consejo directivo de la ANI. Actualmente se desempeña como Presidente de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional para el año 2026.