No se podrán realizar transacciones durante la ejecución de contratos

La contralora General de la Nación, Sandra Morelli, anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional por un artículo del Estatuto Anticorrupción que permite realizar transacciones en la medida en que se ejecutan los contratos.

'Este artículo establece transacciones para solucionar divergencias entre el contratista y el contratado, la transacción es un negocio jurídico que una vez que se celebra hace tránsito a cosa juzgada de tal manera que durante la ejecución del contrato se pueden celebrar estos acuerdos con forma de transacción y no habría lugar a ningún control judicial', dijo la Contralora.

Según la funcionaria este tipo de transacciones pueden generar modificaciones en los términos estipulados e incluso aumentar el valor de los contratos pactados por las entidades del Estado y los privados.

Morelli explicó que el hecho de que se realicen transacciones en la medida en que se va ejecutando un contrato, permite que se pueda cambiar el valor e incluso objeto del contrato se pueden crear situaciones de ventaja para el contratista 'y luego no hay lugar a demandar el contrato y esto es altamente inconveniente'.

'Es una manera de aceptar el cambio de las condiciones originales en términos de precio, es una forma de modificar los términos contractuales, lo cual consideramos que es espantoso', puntualizó Morelli, quien agregó que enviará una circular de advertencia a las entidades públicas para que no apliquen esta norma sobre la cual se interpondrá una demanda de inconstitucionalidad.

El 69% es contratación directa
La Contraloría reveló el 69% de los contratos que se celebran con recursos de la Nación se han celebrado de manera directa, el 9% por licitación, el 2% por selección abreviada y el 6% a través de otras formas de contratación. 'Contratos interadministrativos, se contratan el 28% y el 23% por prestación de servicios y estos se presenta sobre todo en el Ministerio de Agricultura'.

De los 32.272 contratos reportados por el Gobierno Nacional, 14.595 son inferiores a $10 millones, 13,745 tienen un monto entre $10y $50 millones y los demás son superiores a $50 millones.