Odebrecht y parapolítica son los principales retos para la Sala de Primera Instancia

En la noche de este miércoles, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, posesionó a Ariel Augusto Torres y Ramiro Alonso Marín.

Colprensa

La petición de decenas de funcionarios públicos con procesos en la Corte Suprema de Justicia, quienes solicitaban que sus casos se investigaran en la Sala de Primera Instancia, finalmente fue atendida tras la posesión de dos de los tres magistrados que integran la sala especial.

En la noche de este miércoles, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, posesionó a Ariel Augusto Torres y Ramiro Alonso Marín, quienes ahora analizarán 132 juicios en trámite o ya cerrados y en proyecto de definición. La decisión para escoger al tercer magistrado no pudo ser concertada en el alto tribunal durante este jueves, por lo que la selección quedó aplazada para la próxima semana.

El magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal del alto tribunal, explicó que los nuevos magistrados ahora contarán con un equipo de nueve magistrados auxiliares, nueve abogados grado 33 y 15 empleados de la Secretaría, para desarrollar dichos procesos.

“Lo deseable hubiera sido tener una sala de primera instancia de seis magistrados, el mismo número que tendrá la Sala de Instrucción. Tendrán que atender los procesos que adelanten estos magistrados y además los que lleven a cabo los 12 fiscales delegados ante la Corte, quienes investigan gobernadores, ministros, embajadores, generales, almirantes; los cuales además podrían pedir preclusiones”, expresó Hernández.

Los magistrados Torres y Marín tendrán como trabajo inicial analizar 59 juicios de Ley 600 (Código de Procedimiento Penal), 40 juicios de Ley 906 (Código de Procedimiento Penal, corregido de conformidad con el Decreto 2770 de 2004), dos incidentes de reparación integral y 30 peticiones de preclusión.

Para el magistrado Hernández, solo esta tarea va a tomarles varios años puesto que el procedimiento normal para hacer un juicio, sin retrasos, es de 50 días hábiles.

Entre los primeros procesos sobre el que se conocería una decisión está el caso de Luis Alfredo Ramos, investigado por presuntas relaciones con grupos paramilitares. Su juicio ya terminó e incluso los magistrados de la Sala Penal firmaron un proyecto de fallo sobre el que se venía discutiendo hasta la semana pasada, cuando fue ratificada la elección de los magistrados de la Sala de Primera Instancia.

El magistrado Hernández descartó que sus pares reinicien juicios por procesos ya cerrados, como en el caso de Ramos, porque sus actuaciones deben presumirse legales.

“La tradición jurídica que se origina en la interpretación de ley nos enseña que cada vez que hay un cambio de competencia, todas las actividades procesales que llevó a cabo el funcionario competente son válidas. No creo que se vayan a repetir los juicios. Que los abogados lo soliciten, con toda seguridad. Qué decidan los magistrados queda bajo su potestad”, recalcó Hernández.

Ahora, los magistrados Marín y Arias esperarán a quién de los dos el sistema de reparto les asigna el análisis del juicio de Ramos, para que el designado proponga una nueva ponencia de fallo y lo voten para decidir la suerte del excongresista. Si dicha decisión es impugnada, el caso volverá a la Sala Penal, en donde habrá que nombrar unos conjueces debido a que varios de los magistrados deberán declararse impedidos, por haber firmado el primer proyecto de fallo.

Otro caso relevante que ahora pasa para fallo en la Sala de Primera Instancia es el del expresidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, investigado por presunta concusión, relacionada con presuntas irregularidades en el trámite de una tutela que interpuso Fidupetrol. Este caso ya se cerró, pero sin proyecto de fallo, por lo que los magistrados de la Sala Penal podrán hacerle la segunda instancia, en caso de que sea impugnado.

En una situación similar está el excongresista Óscar Suárez Mira, quien fue procesado por enriquecimiento ilícito, relacionado con el trato que habría tenido con capos de la banda de ‘La Oficina’ y la organización delincuencial integrada al narcotráfico (ODÍN) ‘Pachelly’, ambas con injerencia en el área metropolitana de Medellín.

Ahora, en cuanto a los juicios en proceso que deberán asumir los nuevos magistrados está el de Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, investigado por concierto para delinquir y lavado de activos, en el marco de los sobornos que pagó Odebrecht para ganar licitaciones en millonarios contratos.

Otro congresista que pasa al banquillo en la nueva sala es Musa Besaile, a quien a comienzos de esta semana se le había negado una petición para el traslado del caso ante esta sala, la cual fue negada mientras se posesionaban los nuevos magistrados. Hecho que ahora por defecto ya se consolidó y el parlamentario ahora queda bajo su jurisdicción para ser procesado por acciones aparente relacionadas con el ‘Cartel de la Toga’.

Entre tanto, Julio Gallardo, expresidente de la Cámara de Representantes, está en juicio por peculado en favor de terceros, caso que tiene que ver con un supuesto contrato irregular para la adquisición de equipos tecnológicos cuando estuvo al frente de la corporación.

La exparlamentaria Piedad Zuccardi está en juicio por presunto concierto para delinquir, por supuestas relaciones con el ‘Bloque Montes de María’, de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. En igual situación está la excongresista Zulema Jattin, procesada por supuestas relaciones con grupos paramilitares que delinquían en el departamento de Córdoba.

En cuanto a hechos de corrupción relacionados con Bogotá, la nueva sala deberá procesar al exsenador Iván Moreno Rojas, quien al parecer fue uno de los funcionarios de alto nivel que movió influencias en el denominado ‘Carrusel de la Contratación’, hechos por los que se le imputaron cargos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos.

Sandra Morelli enfrenta cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, derivados del convenio que celebró para arrendar siete pisos de un centro comercial de la capital de la República, en donde funcionó temporalmente la Contraloría General de la República y, según la Fiscalía, ocasionó un detrimento patrimonial cercano a los 12 mil millones de pesos.

En cuanto a exgobernadores, Juan Carlos Abadía (Valle del Cauca) enfrenta un juicio por peculado a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por un contrato para la compra de textos escolares en los que un contratista se habría apropiado de 817 millones de pesos. La exgobernadora del Huila Cielo González enfrenta los mismos cargos, pero por la supuesta asignación irregular y de forma directa de tres contratos para la distribución de licores en el departamento.

En lo que tiene que ver con funcionarios de la Rama Judicial, resaltan los juicios que se adelantan contra Hilda Jeanenth Niño, exfiscal delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz, quien es señalada de haber recibido un millonario soborno para favorecer con sus actuaciones al exparamiltar Orlando Villa Zapata, integrante del Bloque Vencedores de Arauca.

Finalmente, se destaca el caso de los magistrados del Tribunal Superior del Meta, Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, quienes al parecer recibieron sobornos para favorecer a integrantes de bandas criminales condenados.

La Fiscalía los acusó de la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, cohecho propio y concierto para delinquir, por hacer parte de una red criminal dedicada supuestamente a entregar beneficios judiciales a integrantes de la banda criminal conocida como el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac), la ‘Oficina’ y el ‘Clan del Golfo’.

Estos son algunos de los casos más relevantes que desarrollará la Sala de Primera Instancia por el momento, mientras que la Sala de Casación Penal ahora evolucionará para convertirse en alto tribunal de segunda instancia para los aforados, y mantendrá su competencia para resolver casos de segunda instancia para las decisiones de los tribunales superiores, decidirá en recursos de apelaciones a fallos del Tribunal de Justicia y Paz, impugnaciones de habeas corpus, decidirán sobre extradiciones y definir competencias entre diferentes juzgados o tribunales, además de las tutelas.

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