Ola de respaldos a la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República

Una ola de respaldos a la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República llegó como un tsunami, tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre su salida de la Junta y el rompimiento de relaciones entre el Ejecutivo y el Emisor por cuenta del incremento de 100 puntos a la tasa de interés.

Académicos, gremios y economistas se pronunciaron y ratificaron la importancia de la autonomía del banco central en el manejo de la política monetaria.

Por una parte, casi 280 ciudadanos, entre los que destacan José Antonio Ocampo y Juan Carlos Echeverry, exministros de Hacienda; Juan José Echavarría y Salomón Kalmanovitz, exgerente y excodirector del Banco de la República; Bruce Mac Master, presidente de la Andi, entre otras personalidades de la economía, firmaron una misiva en la que pidieron respeto por las decisiones del Banco de la República, en la medida en que “constituye un pilar esencial para el adecuado funcionamiento del Estado, la estabilidad macroeconómica y el bienestar de los ciudadanos”.

A esta se sumó, además de otras declaraciones, una carta suscrita por los decanos de las facultades de Economía de las principales universidades, quienes resaltaron la importancia de la autonomía del banco central como garantía para preservar “la credibilidad de la política monetaria y la confianza en la economía del país”.

Si bien el ministro Ávila anunció su retiro de la Junta Directiva del Emisor, persisten dudas sobre la procedencia de su salida, así como sobre el impacto de su inasistencia en las próximas sesiones, pues aún restan cuatro reuniones, de las cuales tres contemplan decisiones sobre tasas antes de que haya cambio de Gobierno.

¿Es legal su inasistencia?

Frente a este punto, expertos y abogados advierten que la inasistencia de Ávila comprometería la validez de las reuniones, impediría la toma de decisiones e incluso podría llevar a que el Presidente de la República deba nombrar un nuevo jefe de cartera.

Según explicó Echavarría, la asistencia del ministro de Hacienda a la Junta del Banco de la República es obligatoria y “si no se presenta dos veces, lo pueden destituir”. “Siempre tiene que estar. Si no está él, no hay Junta”, ratificó.

En caso de que existan razones detrás de su ausencia, el exgerente del Emisor enfatizó que puede haber un reemplazo. Por ejemplo, “si está fuera del país, habrá un ministro encargado y entonces él podrá ir a la junta”. No obstante, si el actual jefe de cartera se encuentra en Colombia y en ejercicio de sus funciones, su participación en la Junta no puede ser delegada a otra persona.

Este punto fue respaldado por Ocampo, quien aseguró que la norma es clara en que la Junta no puede reunirse sin el ministro de Hacienda, pues, además de presidirla, debe “aceptar las decisiones de la mayoría”. En vista de que presidir la Junta es una de las funciones básicas de este jefe de cartera, advirtió que, de no asistir a dos reuniones consecutivas, el procurador general podría destituirlo. Ante ese panorama, “el Presidente tendría que nombrar otro ministro”, dijo Ocampo.

¿Qué dice la ley?

Desde el punto de vista legal, configurado en los artículos 371 y 372 de la Constitución de 1991; la Ley 31 de 1992, que fija el régimen legal propio del Banco de la República; y el Decreto 2520 de 1993, que contiene sus estatutos, la inasistencia del ministro de Hacienda a la Junta del banco central constituye una omisión materializada.

En un primer frente, el efecto sería funcional, ya que la Junta solo puede deliberar con la presencia de cinco miembros, incluido el ministro. “Su ausencia comprometería la validez de la sesión e impediría decisiones”, detalló Juan Francisco Navarrete, abogado penalista y procesalista.

Por su parte, Daniel Guío, director jurídico de la firma Mpa Derecho Penal Corporativo, advirtió que, si el ministro decide no asistir a las sesiones, no se consideraría un “retiro formal”, sino un incumplimiento de sus deberes. “Esto conlleva implicaciones en el ámbito disciplinario, pues omitir funciones impuestas por la Constitución se considera una falta que puede ser sancionada por la Procuraduría General”.

No obstante, el panorama se complica si la ausencia del jefe de cartera persiste por varias sesiones, en especial porque la Carta Política no dicta que la silla en la Junta sea del Gobierno de forma abstracta, sino directamente del ministro de Hacienda. Por esta misma razón, Guío aclaró que “no existe ningún mecanismo legal que permita nombrar un delegado o reemplazo Ad Hoc para la silla del ministro”. Esto conlleva, de acuerdo con Navarrete, a que el Presidente no pueda “simplemente enviar a otro funcionario sin modificar la titularidad del ministerio”.