El limbo de las comunidades indígenas y sus competencias en la regulación ambiental

En la continuación del IV Foro de Sostenibilidad de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, se llevó a cabo un panel titulado Repensando el entorno: nuevas competencias en el ordenamiento territorial, en el que se discutió sobre las competencias de las comunidades indígenas frente al rol de las Corporaciones Autónomas Regionales y las implicaciones jurídicas y ambientales de las mismas.

El espacio contó con la participación de Armando Valbuena, líder Wayuú y miembro de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, Yesid González, director de Asocars, Érika Castro, defensora de derechos colectivos y del medio ambiente e Isabel Aldana, abogada de la Fundación para la Defensa del Estado de Derecho.

La conversación giró en torno a las competencias ambientales que adquirieron las comunidades indígenas luego de la expedición del Decreto 1275 de 2024 de parte del Ministerio de Ambiente. Con este, las autoridades indígenas podrán construir, con otras entidades, mecanismos directos que permitan la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, con autonomía y apoyadas en los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas.

Sin embargo, han habido choques con las corporaciones autónomas regionales por casos en los que existe una concurrencia en las competencias, es decir, confluyen las facultades de ambas autoridades sin dejar en claro quien regula en el territorio.

"Existe un vacío normativo en cuanto al ordenamiento territorial indígena que debería estar supliendo el Congreso", dijo Isabel Aldana, abogada de la Fundación para la Defensa del Estado de Derecho.

Desde la mirada de las comunidades indígenas, Armando Valbuena líder Wayuú y miembro de la Onic, señaló que estas comunidades están en la capacidad de adquirir facultades ambientales y añadió que la pelota está en el lado del Estado.

"Nosotros ya estamos listos para tener competencias como autoridades indígenas. Desde hace cinco siglos lo estamos pero solo hasta el año pasado lo reconoció la república. Ya cuidamos los bosques del Pacífico y las llanuras. El reto es comprender, de parte del Estado, la modernidad", dijo Valbuena

El miembro de la Onic también cuestionó el accionar del Estado de cara a la concesión de licencias ambientales. "El gobierno quiere resolver todo con consultas previas. Nosotros vamos más allá, buscamos la concertación y el acuerdo Gobierno-Gobierno (estado-comunidades indígenas)", cuestionó Valbuena.

Finalmente, Érika Castro comentó que es necesario el reconocimiento de la labor histórica de los diferentes actores de los territorios en defensa de la biodiversidad. "Es importante la identificación de los actores dentro de los territorios. ¿Por qué no reconocer a las comunidades se han dedicado a la conservación del territorio?, Necesitamos un diálogo de los actores territoriales con las Corporaciones Autónomas", concluyó Castro.