Para el primer debate del Presupuesto de 2026 se presentarán tres ponencias
miércoles, 24 de septiembre de 2025
La ponencia positiva para el Gobierno fue radicada por los congresistas Jairo Cala, Tamar Argote, Gildardo Silva y Aida Avella
Manuel Alejandro Correa
El 23 de septiembre comenzaron a radicarse las ponencias para adelantar el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2026 en el Congreso. Lo anterior es clave porque es lo que permite dar paso al primer debate, y de esa manera, continuar con el proceso y así evitar que el Presupuesto salga por decreto y no por consenso con el Congreso.
La ponencia positiva para el Gobierno fue radicada por los congresistas Jairo Cala, Tamar Argote, Gildardo Silva y Aida Avella, pertenecientes al Pacto Histórico o a Comunes.
Pero también se radicaron dos ponencias que tendrían el objetivo de reducir el monto. Una de ellas fue presentada por Olga Lucía Velázquez, quien pertenece a la Alianza Verde y es una de las congresistas con las que el Gobierno ha mostrado mayor disposición a la creación de acuerdos.
La representante y también coordinadora de la iniciativa y señaló en sesiones anteriores una cifra moderada de reducción en el monto de $546,9 billones.
Ciro Ramírez, senador y ponente del trámite, expresó que el presupuesto quede con el monto de $517,4 billones, cifra inferior a las expectativas del Gobierno, que en los últimos debates en el Congreso ha manifestado un acuerdo para recortar $10 billones, los cuales se sacrificarían dentro del rubro de la reforma tributaria, la cual, en caso de aprobarse, ya no quedaría en $26,3 billones, sino en $16,3 billones.
El trámite seguirá este miércoles 24 de septiembre. Las comisiones económicas, tanto de Senado como de Cámara, se reunirán desde las 12 del día con la finalidad de estudiar y votar el proyecto. A la sesión estarán citados el ministro de Hacienda, Germán Ávila, junto con la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Molina.
Para el Gobierno, la cifra debe ascender a $556,9 billones porque hay dificultades en establecer recortes en el Presupuesto, a causa de que estos no se ajustan o aumentan por decisión del Gobierno, sino que son compromisos que tienen que pagarse.
Ponencia mayoritaria
En la ponencia presentada, los sectores que se llevarían los mayores recursos serían el servicio de la deuda; luego se ubica salud, con un presupuesto programado de $78,1 billones; educación ($88,2 billones); defensa y policía ($68,9 billones); y trabajo ($59,4 billones).
En total, los gastos de funcionamiento ascenderían a $365,8 billones, registrando un alza de 11,1% frente a 2025. De este rubro, 75,3% son gastos por transferencias.
Estas transferencias corresponden al Sistema General de Participaciones ($88,4 billones); pensiones ($87,4 billones); salud y aseguramiento ($51,3 billones); conceptos por educación superior en instituciones públicas ($48,5 billones); sentencias y conciliaciones ($2,6 billones), entre otros.
También está el servicio de la deuda, el cual disminuiría 9%, pasando de $112,6 billones a $102,4 billones. En inversión pública, el aumento sería de $4,4 billones.
La ponencia alternativa
Olga Lucía Velázquez, representante por Alianza Verde y coordinadora de la iniciativa presupuestal para 2026, radicó su ponencia alternativa por un monto de $546,9 billones.
Esta cifra significa un recorte de $10 billones a la iniciativa planteada inicialmente por el Gobierno y va en el sentido de lo que propuso al Congreso el ministro de Hacienda, Germán Ávila; es decir, recortar $10 billones del presupuesto de 2026, sacrificando estos recursos de la reforma tributaria, que ya no ascendería a $26,3 billones, sino a $16,3 billones.
En la ponencia presentada por Velázquez se señaló que la evolución de la deuda neta ha incrementado entre 2014 y 2024.
También se indicó que, acogiendo la propuesta de Ávila en la reducción del monto, se avanza en la consolidación de un plan consensuado con la finalidad de cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026). A ello se añadió que esto permite una mayor participación del legislativo en la incorporación de modificaciones ya discutidas, es decir, debatir las partidas presupuestales para sectores como deporte, comercio, tecnología de la información y las comunicaciones, agricultura, entre otros.
Con las modificaciones y el monto de $546 billones, la representante propuso un gasto de funcionamiento que asciende a $359,3 billones, inferior a $365,7 billones del proyecto inicial. El servicio de la deuda se mantiene en $102,4 billones y el rubro de inversión registraría una disminución de $4 billones, pasando de $88,7 billones iniciales a $84,7 billones.
Velázquez también propuso que, en los gastos de inversión, debe haber una adición de $50.000 millones para agricultura y desarrollo, mientras que comercio, industria y turismo deberían adicionarse ($100.000 millones); en deporte y recreación ($200.000 millones); y en tecnologías de la información y las comunicaciones ($200.000 millones) adicionales, para un total de $550.000 millones.
También propuso una reducción de esos $550.000 millones que estarían recortados en la rama judicial ($260.000 millones), defensa y policía ($190.000 millones), salud ($81.955 millones), hacienda ($15.000 millones), interior ($2.000 millones) y ambiente y desarrollo sostenible ($1.000 millones).
Frente al sector ambiental, señaló que esta reducción se debería a la modernización del Ministerio de Ambiente. En el sector de defensa y policía explicó que esta modificación de recursos se debía a sentencias y conciliaciones en la gestión general de la cartera y también de la Policía.
La ponencia para reducir el monto
El Centro Democrático radicó su propuesta por $530,6 billones, cifra inferior en $26,3 billones, es decir, el monto de la reforma tributaria.
El ponente fue Carlos Osorio. Según la ponencia, el presupuesto estaría sobreestimado en $78,1 billones, pero aun así el Gobierno plantea $556,9. Sin embargo, al depurar esta cifra, quedarían alrededor de $478,8 billones.
En el documento se señaló que los ingresos corrientes están sobreestimados y que estarían proyectados en $303,1 billones, pero la realidad es que estos llegarían a $260 billones.
También se indicó que, para 2025, los ingresos corrientes se calcularon en $305,7 billones.
Se expresó que el presupuesto incluyó $12 billones en una ley de financiamiento de 2025 que no fue aprobada, y que también hay unos recursos extras por $2,7 billones que serían para la región del Catatumbo, pero que no existen para 2026. Además, se señaló que hay una nueva ley de financiamiento para 2026 que suma $26,3 billones.