Paz Electoral, clave para unas elecciones transparentes

La Procuraduría General de la Nación, en su papel de árbitro institucional y vigi­lante de la función pública, está comprometida con el acompañamiento a cada etapa del proceso electo­ral. Para esto, la entidad difundió una serie de com­promisos que orientará su actuación antes, durante y después de las elecciones de Congreso y Presidencia en 2026.

En palabras del procura­dor, Gregorio Eljach Pache­co, con esto se busca que la contienda electoral sea libre y transparente, pero también que se respeten los resultados de la misma: “El compromiso institucio­nal es claro. Se busca ga­rantizar que el proceso sea una escalera que eleve la calidad de la democracia. La meta es que este ejerci­cio cívico y de soberanía popular, sea un ejemplo de madurez institucional y de transparencia. La Procura­duría asume su rol de guar­dián firme para la protec­ción de la jornada electoral que se avecina y nosotros somos los garantes de que ello sea así”.

Entre los puntos relevan­tes de la estrategia, se des­taca que la Procuraduría será garante del proceso electoral, velando porque todas las etapas se cum­plan conforme a la Consti­tución y la ley.

Asimismo, la entidad trabajará en conjunto con los organismos del Esta­do y la sociedad civil para garantizar que en los más de 14.000 puestos de vota­ción del país se desarrollen elecciones libres de irre­gularidades y amenazas. “El Estado asume su rol de guardián firme para la pro­tección de la jornada elec­toral que se avecina y noso­tros somos los garantes de que ello sea así”, afirmó el procurador.

Otro de los compromisos consiste en monitorear la labor de las Fuerzas Mili­tares, la Policía y las auto­ridades territoriales, con el fin de asegurar la protec­ción de los votantes, can­didatos y organizaciones políticas que participen en el proceso.

A través de sus delega­dos de asuntos electorales, la Procuraduría manten­drá presencia activa en cada puesto de votación, fortaleciendo su rol como vigilante del cumplimien­to de las normas y garante de la transparencia. “Exis­ten lugares con ciertos ni­veles de riesgo, pero se tra­bajará intensamente para asegurar la realización de las elecciones en todos y cada uno de ellos. Mi meta es que no haya necesidad de trasladar puestos de vo­tación a lugares de otra ju­risdicción”, agregó.

La estrategia también contempla mecanismos de atención ciudadana para recibir denuncias o recla­mos relacionados con el proceso electoral, además de la vigilancia sobre los servidores públicos para evitar su participación in­debida en actividades po­líticas.

De esta forma, la entidad busca preservar la impar­cialidad del Estado y ga­rantizar que los recursos públicos no se utilicen con fines electorales. De igual manera, expidió una direc­tiva especial que recuerda a los funcionarios la obli­gación de actuar con trans­parencia y neutralidad du­rante el proceso.

La Procuraduría invita a todos los actores políti­cos a aceptar los resultados electorales dentro del mar­co de la ley, como muestra de madurez democrática y respeto institucional.