Plenaria del Senado aprobó el presupuesto general del próximo año por $405,6 billones

La plenaria del Senado dio luz verde al proyecto de Presupuesto General de la Nación por $405,62 billones para el próximo año, incluyendo la adición presupuestal de $14,1 billones solicitada por el nuevo Gobierno de Gustavo Petro.

La Cámara de Representantes todavía está votando el proyecto, luego de aprobar un primer bloque de 90 artículos de los 103 que tiene el proyecto. La discusión se retrasó porque se tuvo que repetir la votación de la propuesta de ponencia, ya que varios congresistas no se encontraban en el recinto.

La ponencia de 103 artículos para el debate de las plenarias tuvo pequeños cambios en la distribución presupuestal frente al aprobado en primer debate por las comisiones cuartas. En esa primera aprobación se destinaban $74,02 billones al presupuesto de inversión, más de los $62,79 billones que se proponía en el proyecto original radicado por el Gobierno anterior de Iván Duque.

Para este debate se le adicionaron más recursos, pero en menor medida, al presupuesto de inversión, y se aprobaron $74,22 billones a este rubro. Para ello, se le restaron $194.000 millones a los recursos para funcionamiento.

De este modo, el Congreso dio el aval para que el presupuesto de inversión tenga un incremento de más de 6% y no una reducción de 9,8%, como se proponía en el proyecto inicial propuesto por el anterior Gobierno.

En total, de los $405,6 billones que se aprobaron en el Congreso, $253,4 billones irán a gastos por funcionamiento, tras la adición de casi $3 billones que solicitó el nuevo Gobierno de Gustavo Petro, es decir que este rubro tendrá un aumento de alrededor de 20% en comparación con el presupuesto de este año.

Para el pago del servicio de deuda, la nueva administración no solicitó ninguna adición presupuestal, por lo que este rubro, mantuvo una asignación de $77,9 billones, un aumento de 8,8% frente al presupuesto designado este 2022.

El Congreso tiene como fecha límite este jueves 20 de octubre hasta la medianoche para aprobar el presupuesto del próximo año o el Gobierno Nacional tendrá que aprobarlo por decreto. El articulado se discutió de manera independiente por las plenarias, por lo que todavía falta que se apruebe la conciliación de ambos textos.

Artículos nuevos

La ponencia para segundo debate incluyó siete nuevos artículos y pasó de 96 a 103 en total. El nuevo texto que se radicó el martes en el Congreso de la República incluye modificaciones en la destinación de recursos para los sistemas integrados de transporte público del país, para el Icetex y para la prestación del servicio público de gas combustible.

Uno de los artículos adicionados explica que la Nación asumirá las obligaciones de pago de las reservas a cargo de la ARL Positiva que se encuentren insolutas durante la vigencia fiscal de 2023, así como las que se deban pagar a futuro, por pensiones o reliquidaciones. Esto quiere decir que el Gobierno respaldará la deuda de esta entidad liquidada para los que tenían esa ARL.

Otro artículo dice que los saldos de las cuentas corrientes o de ahorro que hayan permanecido inactivas por más de un año y que no superen las 322 UVR (unos $100.000), serán transferidos por parte de las entidades financieras tenedoras al Icetex, para financiar la educación superior del país.

Este artículo le da poder el director del Icetex para que use el dinero de las cuentas de ahorros y corrientes que estén inactivas, mientras sus usuarios reclaman los recursos.

Además, se aprobó que durante el próximo año, el Ministerio de Minas y Energía destine recursos para cofinanciar proyectos para la prestación del servicio público de gas y mejorar la infraestructura del Gas Licuado de Petróleo. También se aprobó que se masifique su uso en el sector rural y en los estratos más bajos de zonas urbanas, “con cargo a los recursos dispuestos en la presente vigencia para el proyecto de distribución de recursos al consumo en cilindros y proyectos de infraestructura de GLP”, dice el proyecto.

De este modo, se seguirá subsidiando el servicio de gas para los estrato más bajos, pero no solo para los que están conectados a una red de distribución de gas, sino para aquellos que compran el cilindro de gas.

En otro artículo de la ponencia se destinan $300.000 millones para apoyar el déficit de los sistemas de transporte masivo del país. El monto máximo a cofinanciar por parte del Gobierno Nacional será de 50% del déficit de cada sistema para la vigencia 2022, en partes iguales con la entidad territorial. La ponencia ordena que el monto deberá ser certificado por cada ente gestor de los sistemas de transporte masivo, ser aprobado por la entidad territorial y verificado por el Ministerio de Transporte.

El Gobierno Nacional espera que en marzo del próximo año se agreguen más recursos a los sistema masivos de transporte. En total se destinará $1 billón con recursos que se aprueben de la reforma tributaria que también está en trámite en el Congreso.

Finalmente, la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes “podrá tener a su cargo el proceso de contratación de los vehículos especializados para la seguridad y protección de los servidores públicos de la misma”, de acuerdo con la ponencia para segundo debate del proyecto de presupuesto.

Distribución sectorial

Con la adición presupuestal de $14,19 billones, la ponencia aprobada en primer debate definió cómo se distribuirán estos recursos extra y los sectores que recibirían una mayor partida.

En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se adicionaron en inversión recursos por $3,01 billones, de los cuales $2,9 billones se destinarán a apoyar los proyectos de inversión nacional. Se destinará una parte a la sustitución de cultivos ilícitos y los programas de desarrollo con enfoque territorial.

El sector de agricultura y desarrollo rural tendrá una adición presupuestal de $2 billones, de los cuales $418.000 millones irán a la formalización de tierras y al desarrollo rural para comunidades indígenas y negras; $353.000 millones serán para la implementación del plan de propiedad rural; $225.000 millones se destinarán a la cofinanciación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario; $168.000 millones serán para incentivos a la capitalización rural y líneas especiales de crédito; entre otros.

El tercer sector con mayor adición fue el de minas, con $1,5 billones más para los subsidios de energía y gas para familias de estratos 1, 2 y 3. Se buscará beneficiar a 13,3 millones de hogares en el caso de energía y a 6,7 millones en el de gas.

Los sectores de educación y salud tendrán una adición similar en torno a los $1,3 billones. Mientras que al de vivienda se le sumará $1 billón más. Por el contrario, el sector defensa y policía tendrá una reducción de $800.000 millones que se destinarán a otros sectores.