Por instrucción de ADLE, Ministerio de Transporte revisará fotomultas en el país

Síganos y léanos en Google Discover

El presidente Abelardo de la Espriella pidió este domingo 23 de agosto a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, revisar de manera integral el funcionamiento y la legalidad de las fotomultas que operan en Colombia, ante la posibilidad de que algunos de estos sistemas estén siendo utilizados con fines principalmente recaudatorios.

A través de su cuenta en X, el mandatario respaldó las recientes acciones del Ministerio de Transporte frente a las cámaras de fotodetección y pidió verificar que estos mecanismos cumplan con su objetivo de mejorar la seguridad vial y proteger la vida de los usuarios de las carreteras.

“Ya está bueno de tantos abusos. Le pido que revise a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional”, manifestó De la Espriella. Según el presidente, estos sistemas “deben servir para proteger la vida y mejorar la seguridad vial, no para convertirse en una trampa contra los ciudadanos ni en un negocio a costa de su bolsillo”.

El mandatario también señaló que, cuando se encuentren irregularidades, abusos o dispositivos diseñados con un propósito meramente recaudatorio, las autoridades deben actuar con contundencia.

“No podemos permitir más atropellos contra los colombianos. El Estado está para servir al ciudadano, no para abusar de él”, afirmó.

Gobierno suspendió tres nuevas cámaras en la Vía al Mar
El pronunciamiento del presidente se produjo después de que la ministra de Transporte ordenara suspender la entrada en operación de tres nuevas cámaras de velocidad en la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena.

Noguera cuestionó la cantidad de dispositivos previstos para este corredor y señaló que siete cámaras de velocidad en la autopista Barranquilla-Cartagena serían excesivas. Actualmente existen cuatro cámaras en funcionamiento y se había autorizado la incorporación de otras tres.

“Ante el conflicto de competencias existente, solicitamos a la ANSV suspender la entrada en operación de las tres nuevas cámaras autorizadas”, explicó la ministra.

Para Noguera, las cámaras de fotodetección deben responder a criterios técnicos y tener como propósito principal reducir los siniestros viales y salvar vidas. “La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo”, sostuvo.

La funcionaria agregó que la seguridad vial no depende únicamente de la instalación de cámaras y que las decisiones deben estar acompañadas de medidas de ingeniería, señalización, pedagogía y control.

“La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico”, afirmó.

Tras el llamado del presidente, el Gobierno anunció una revisión de los sistemas de fotodetección para determinar si cumplen con los requisitos técnicos y legales establecidos. Entre los aspectos que serán objeto de análisis están las autorizaciones de cada dispositivo, el sustento técnico de su instalación, los niveles de siniestralidad de los corredores, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones particulares de cada vía.

El Ministerio también estudia la regulación para establecer criterios más exigentes frente a la instalación de nuevas cámaras y garantizar que estas respondan a necesidades reales y demostradas de seguridad vial. La revisión también busca determinar si existen sistemas que estén operando de manera irregular o que hayan sido implementados sin cumplir las condiciones previstas por la normativa.

Hasta el momento, el Ministerio de Transporte no ha precisado si realizará auditorías adicionales sobre todos los concesionarios y entidades territoriales responsables de administrar las fotomultas.

Las cámaras de fotodetección tienen como objetivo controlar infracciones, especialmente los excesos de velocidad, y contribuir a reducir la siniestralidad en las carreteras.

Sin embargo, el debate planteado por el Gobierno gira alrededor de que estos mecanismos no terminen convirtiéndose en herramientas exclusivamente orientadas al recaudo de recursos.

De la Espriella pidió que se revisen tanto la legalidad como las condiciones técnicas bajo las cuales funcionan las cámaras en las diferentes regiones del país. La intención es establecer si cumplen con su función de seguridad vial o si existen casos en los que los conductores puedan estar siendo afectados por sistemas que no responden a las condiciones reales de las vías.

Noguera, por su parte, reiteró que las autoridades actuarán frente a eventuales irregularidades.

“Donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde”, señaló la ministra.

La discusión abre así una revisión nacional sobre el funcionamiento de las fotomultas, mientras el Gobierno busca establecer criterios que permitan diferenciar los sistemas destinados efectivamente a prevenir accidentes de aquellos que puedan estar operando sin el debido sustento técnico o legal.