Por órdenes judiciales, están en riesgo las pensiones de más de 130 mil maestros del país

Andrea Carranza Garzón - acarranza@larepublica.com.co

La semana pasada el Gobierno detuvo un fraude del carrusel pensional por $457.000 millones que pretendía quedar en manos de 857 maestros. Sin embargo, estos recursos, que corresponden a la mesada pensional de más de 130.000 profesores, se encuentran en riesgo ya que de hacerse efectivas unas órdenes de embargo de jueces de Córdoba, aquellos pueden perderse al ser puestas a disposición de los juzgados.

'Si no actuamos todo el Estado unido, esto sería una segunda versión de Foncolpuertos', dijo ayer la ministra de Educación, María Fernanda Campo, sobre el caso de corrupción en el que empleados cobraron de manera fraudulenta, a través de más de 1.000 actas de conciliación falsas, recursos destinados a las pensiones de la extinta empresa estatal 'Puertos de Colombia'.

Según el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, si se hubiera hecho el retiro se habría 'consumido' dos meses de las pensiones de los más de 130.000 maestros.

A través de 875 resoluciones presuntamente irregulares, expedidas por las Secretarías de Educación de los municipios de Lorica y Sahagún (Córdoba), se reconocía el ajuste a la pensión de jubilación a maestros con 50 años de edad o 20 o más años de servicio previsto en la Ley 33 de 1985. Estas resoluciones reconocían y reajustaban pensiones a otros que no son docentes y a otros que ni si quieran tienen una pensión reconocida.

Las resoluciones no cuentan con el visto bueno previo de la fiduciaria La Previsora, administradora del Fondo de Prestaciones del Magisterio (Fomag), requisito sin el cual no se pueden autorizar los pagos.

Con estas resoluciones en mano, un 'cartel de abogados' se dedicó a recoger poderes y a 'convencer a la gente de que tenía derecho a la pensión y de que era una mina de oro lo que tienen', según Fernando Carrillo, director de la Agencia de Defensa Judicial de la Nación. El paso a seguir del 'cartel' fue presentar demandas contra el Ministerio de Educación, el Fomag y la fiduciaria La Previsora, con el fin de obtener el pago o el reajuste de la pensión de los presuntos beneficiarios.

Un total de 16 embargos en 32 procesos fueron los que ordenaron dos Juzgados Promiscuos del Circuito de Córdoba, Planeta Rica y Chinú, y un Juzgado Civil del Circuito de Lorica, por el valor de $457.000 millones. Este monto corresponde a las mesadas pensionales y de cesantías de los maestros y a los recursos que la cartera de Educación utilizada para la rehabilitación y reconstrucción de sedes educativas en todo el país.

La epidemia

'Esto se está convirtiendo en una especie de epidemia donde los carteles de abogados están recogiendo poderes a lo largo y ancho del territorio nacional para que ciudadanos que van a ser asaltados en su buena fe los entreguen y se vuelvan susceptibles de una investigación penal', dijo Carrillo.

Desde hace años se han venido acumulando demandas al Estado en cabeza de 'carteles de abogados'. En 2011, por ejemplo, el Gobierno denunció que estaban en jaque $45 billones por las pretensiones de estos abogados que defendían víctimas de captadoras ilegales como DMG. Esos casos de corrupción se han ido multiplicando como un virus y aunque se han concentrado en departamentos de la Región Caribe, Carrillo afirmó que se han detectado casos en Cauca, Boyacá y en Bogotá.

Además del carrusel pensional del magisterio, la Agencia de Defensa Judicial de la Nación ha identificado otros sectores donde hay riesgo de perderse cuantiosos recursos. Carrillo señaló que la entidad está haciendo una investigación al patrimonio autónomo de Telecom.

'Hay una figura muy parecida en donde acudiendo a la tutela se ha buscado también el reconocimiento de pensiones de personas que no tienen derecho a ellas', manifestó el funcionario sobre el caso y afirmó que en juego podrían estar cerca de $50.000 millones.

Entidades que trabajaron en conjunto
En este caso, la Fiduprevisora ha presentado desde el año pasado 349 demandas de nulidad contra las resoluciones; la Superintendencia Financiera ordenó al banco donde se encuentran depositados los recursos abstenerse de practicar el embargo; el Consejo Superior de la Judicatura ordenará que los procesos se reasignen a jueces en Bogotá e iniciará procesos disciplinarios. A la labor se suman la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. 'Cuando el Estado trabaja de manera coordinada y conjunta se logra prevenir que estos recursos se pierdan', agregó el superintendente Financiero, Gerardo Hernández.

Las opiniones

Fernando Carrillo
Director de la Agencia de Defensa Judicial de la Nación

'La labor de los abogados inescrupulosos ha sido convencer a la gente que tiene derecho a la pensión y que es una mina de oro lo que tiene entre manos'.

María Fernanda Campo
Ministra de Educación

'Si no actuamos todo el Estado unido, esto sería una segunda versión de Foncolpuertos. Se perderían las pensiones de más de 130.000 maestros y los recursos de sedes educativas'.

Gerardo Hernández
Superintendente Financiero

'Cuando el Estado trabaja de manera coordinada se logra prevenir que estos recursos se pierdan. El sector privado nos ha ayudado para impedir que se entreguen estos recursos'.