¿Por qué la Policía no rastrea los celulares robados con tecnología?

Pareciera que la Policía y, en general, las autoridades, fueran las únicas que no supieran que los celulares están dotados de GPS, con aplicaciones que permiten visualizar su ubicación en mapas, literalmente, en tiempo real.

Hasta los delincuentes, o al menos los más sofisticados, lo saben. En el robo del que fue víctima la ex fiscal Viviane Morales el pasado mes de julio, esta narró cómo los delincuentes, cuando se iban a ir de su apartamento, “devolvieron los tres computadores y los celulares… porque -dijo- usted sabe que los celulares y los computadores pueden tener un mecanismo para seguimiento”.

Pero son demasiados los casos en los que los mismos usuarios ubican los teléfonos robados y llegan hasta las puertas de las casas de los delincuentes y no pueden hacer nada.

Así mismo, son demasiados los casos en los que los usuarios entregan en sus denuncias la ubicación tentativa del celular y las autoridades no hacen nada.
Pocos días después de radicar la denuncia en el sitio web de la Policía (un completo desastre en términos de facilidad de uso), normalmente un burócrata de la Fiscalía envía un email en el que notifica a la víctima que el caso ha sido archivado (a pesar de que se entreguen indicios de la ubicación), dejando en claro que la denuncia tiene más una función estadística que un llamado a actuar, por eso el escepticismo de la gente.

Si esto es así, la pregunta obvia es: ¿por qué no se rastrean inmediatamente los teléfonos robados? La explicación no puede ser falta de conocimiento, y es discutible que sea de recursos. Claramente, hay falta de voluntad y decisión para hacerlo. Así mismo, hay una distorsión del concepto de “delito de alto impacto”, que ya no describe aquel que más afecta a los ciudadanos (por ejemplo, el robo de celulares), sino aquel que afecta la imagen de las autoridades, en particular la Policía, que da la impresión de que solo actúa diligentemente cuando este es registrado por los medios.

Incluso cuando el GPS está apagado, Google puede seguir rastreando el celular para personalizar los resultados de sus búsquedas y la publicidad que ofrece al usuario de acuerdo con su ubicación, según revelaron en el año 2018 investigaciones de la agencia de noticias AP y la Universidad de Princeton.

Pero supongamos que los celulares no tuvieran GPS, las autoridades saben que los operadores de telefonía celular pueden conocer la ubicación aproximada de los dispositivos (con un margen de unos 50 metros), y por tanto a quienes los tienen, mediante un procedimiento que se llama triangulación, usando sus torres de transmisión-recepción. Incluso, esta misma información es usada para personalizar publicidad para el propietario de acuerdo con su ubicación.

Una ley de seguridad ciudadana coyuntural, como la planteada ante el desbordamiento de la criminalidad, debería imponer la obligación de hacer seguimiento inmediato de los dispositivos robados, y facilitar la participación de privados, si no hay el conocimiento o la capacidad de la autoridad para hacerlo, pero con un trabajo coordinado.

Si existe alguna restricción legal, un proyecto de seguridad ciudadana debería incluir la obligatoriedad de los gigantes tecnológicos como Google u operadores de telefonía de proveer la información disponible, y en tiempo real, para ubicar los dispositivos robados.

Con matiz de ilegalidad, en Estados Unidos, tanto gigantes tecnológicos como operadores celulares (AT&T, Verizon, etc) participaron en los programas de vigilancia masiva de la ciudadanía, denunciados por el ex contratista de la CIA Edward Snowden en 2013, y justificados con el argumento de la lucha contra el terrorismo luego de los ataques a las Torres Gemelas en 2001. No solo participaron, se lucraron. Aquí, no se buscaría ese alcance. Simplemente, perseguir el crimen.

Un proyecto de seguridad ciudadana debería incluir un capítulo, con presupuesto, sobre tecnología.

Un proyecto de seguridad ciudadana debería convertir el robo de cualquier celular de un ciudadano anónimo en un caso de alto perfil, como si fuera un caso ventilado en los medios.

Tal vez el Gobierno y la Policía no han entendido la importancia del concepto de inmediatez para el combate de la criminalidad: cuando hay un celular involucrado, el delincuente, literalmente, lleva consigo un GPS. Ni se diga en casos de los robos masivos, donde lleva ‘ene’ GPS consigo, por lo que es inadmisible que no sean localizados.

Según un dato de la Fiscalía General de la Nación, en el año 2020 se robaron 60 mil celulares, lo que arroja un promedio diario de 164, aproximadamente. El porcentaje de recuperación es mínimo.

Frente a ese volumen, probablemente, habría que perseguir en tiempo real aleatoriamente una pequeña proporción, pero los resultados podrían tener un impacto muy alto.

Un proyecto de seguridad ciudadana debería rescatar el concepto original de CAI del año 1987, que luego fue usado en su sucursal virtual, pero carente de su significado: Comando de Atención ¡Inmediata!

Actuar en las primeras horas o minutos es importante para desarticular las bandas delincuenciales, antes de que puedan manipular los celulares, desarmarlos, comercializarlos, sacarlos del país.

Y si el delincuente ha tenido oportunidad de comercializarlo, un proyecto de seguridad ciudadana debería castigar a quien estuviera en posesión de un dispositivo robado.

La pregunta que resta es: ¿Cuánto del pie de fuerza que va a llegar se va a utilizar para perseguir de forma inmediata el robo de celulares? A juzgar por la ausencia de un eje tecnológico en las estrategias y proyecto de seguridad ciudadana: poco o nada.

Si de 1.500 nuevos policías que llegarían a reforzar la seguridad en Bogotá apenas el 10 % se dedicara a la persecución sistemática y en tiempo real del robo de celulares, se estaría hablando de 150 policías, que tendrían un mayor impacto. Ya no se hablaría de “pie de fuerza”… sino “a fuerza de cabeza”… de verdadera ‘inteligencia’.