Presidenta del Consejo Gremial alertó sobre deterioro económico por impuesto al patrimonio

En vista de que el nuevo impuesto al patrimonio reglamentado por el Gobierno en el marco de la emergencia económica, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, señaló que el país está a menos de 10 días de un "deterioro económico sin precedentes" por cuenta de la carga impositiva de este gravamen para las empresas.

"Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes, si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026. Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse", explicó en su cuenta de X.

Esto se debe a que las compañías deben pagar 50% del nuevo gravamen el 1 de abril; es decir, cuentan con menos de 10 días para obtener liquidez y cancelar el monto correspondiente. "Esto las obliga a elegir entre un endeudamiento excesivamente costoso o sacrificar la inversión y el empleo", dijo Gutiérrez.

Frente a este panorama, la líder gremial precisó que es necesario diferenciar entre una norma que busca un recaudo eficiente y un "intento de asfixiar al tejido productivo" y aseguró que las nuevas disposiciones del impuesto al patrimonio castigan a las empresas por haber tomado la decisión de invertir.

Gutiérrez afirmó que el gravamen afecta directamente al sector empresarial que genera más de tres millones de empleos formales, sobre el cual general tres principales consecuencias: asfixia su caja al exigir liquidez en corto plazo impactando su operación diaria, incrementa su nivel de endeudamiento caro destinado a pagar responsabilidades a la Dian y "es un freno en seco a la inversión que tanto necesita el país".

"Al gravar el patrimonio y no las utilidades reales, no se reconoce la situación financiera actual de las compañías y terminarían algunas pagando impuestos a pesar de tener pérdidas económicas en un año. La presión es imposible de asumir", señaló la líder.

La presidenta del Consejo Gremial también afirmó que el decreto vulnera principios de equidad y progresividad constatados en el artículo 363 de la Constitución Política, debido a que imponer una tarifa de 1,6% a sectores financiero y extractivo constituye un castigo a la inversión que, según indicó, es el componente más débil del PIB.

Enfatizó en que "la seguridad económica y la confianza inversionista en el país agonizan. En 2025, el déficit primario fue de 3,5% del PIB y para 2026, el Carf estima un faltante de $32,1 billones. Estos decretos son como poner un parche en un hueco fiscal que el mismo Gobierno ha generado".

Gutiérrez también se refirió a la emergencia que habilitó al Ejecutivo para expedir los nuevos tributos y advirtió que la Constitución solo permite declararla cuando exista una crisis y sea imposible atenderla por las vías ordinarias; por lo que, a su parecer, en este caso no hay justificación demostrada. "Por el contrario, todo indica que el Gobierno pretende utilizar la “crisis climática” para cubrir un faltante de $16,3 billones, cuando el punto de partida debería ser la reducción de un gasto público que hoy supera en 2,6 puntos del PIB el nivel prepandemia", recalcó.

Sumado a este punto, resaltó que la reglamentación de nuevos impuestos genera un panorama más preocupante cuando coincide con el crecimiento del gasto público, sobre el cual afirmó que ha venido aumentando constantemente los últimos años "sin que eso se traduzca en mejores resultados". "Una política fiscal responsable no puede trasladar más cargas al sector empresarial sin antes agotar medidas de austeridad, control del gasto y un equilibrio adecuado en las cargas", dijo.