Los programas de vivienda no han podido reducir el déficit habitacional desde 2010

Este viernes 26 de abril, la contraloría hizo una alerta para que se haga una revisión, rigurosa y equitativa, de las políticas públicas de subsidios de vivienda y de inclusión social, al exponerse un estudio sobre el periodo 2010 a 2022.

Los resultados indican que los programas no han sido eficientes en la reducción del déficit habitacional, ya que del 4,79% que se ha reducido el déficit cuantitativo urbano, tan solo el 0,41% es resultado de los programas de subsidios.

Y el restante 4,38% se debe a la participación de los otros actores en el mercado como son los esfuerzos propios de los hogares, las cajas de compensación Familiar, programas de vivienda privados o de gobierno locales, etc.

Cabe destacar que, el estudio abarcó 11 programas principales que representan más del 95% de los recursos legalizados, beneficiando a 429,507 hogares con un tottal de 14,08 billones. Los programas con mayor asignación de recursos fueron: Programa de Vivienda Gratuita Fase I, Mi Casa Ya, Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores - VIPA, Programa de Vivienda Gratuita Fase II y Bolsa Desplazados.

Por otro lado, afirman que aunque se han invertido más de $36,5 billones en programas de Transferencias Monetarias, entre 2018 y 2022, la eficacia de los programas ‘Familias en Acción’ y ‘Jóvenes en Acción’ está supeditada a mirar si los subsidios están llegando a los que más lo necesitan.

En cuanto a la necesidad de ajustar los montos de las transferencias que han sido asignados significativamente por debajo de las líneas de pobreza extrema y pobreza monetaria, la Contraloría dice que plantea dudas sobre su capacidad para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

Por otra parte, se evidencia una distribución desigual de subsidios, concentrándose en regiones de mayor crecimiento económico, Adicionalmente, la CGR considera necesario mitigar los riesgos de pagos a beneficiarios no calificados para el giro de las trasnferencias.

El estudio intersectorial, realizado por las Contralorías delegadas para Vivienda e Inclusión Social le puso la lupa a 11 programas de vivienda y 4 programas sociales de Transferencias Monetarias,con montos superiores a los $70 billones de pesos, en el período 2010-2022. "Como resultado, se pudo establecer que las políticas públicas de subsidios en Colombia, enfocadas a vivienda y transferencias monetarias, presentan desafíos, de cara a lograr un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad, siendo necesaria una mayor transparencia y eficiencia en la asignación de recursos".

“Se concluye que son importantes los esfuerzos del Estado para abordar el déficit habitacional; sin embargo, persisten desafíos para la asignación y distribución de subsidios. Por ejemplo, la concentración de recursos en regiones de mayor crecimiento económico plantea preocupaciones sobre la equidad en el acceso a viviendas dignas, puesto que existen poblaciones vulnerables que no han logrado acceder a estos beneficios”, señala la Contraloría en el documento.

Y aunque se evidencian avances en algunos programas de Transferencias Monetarias, la falta de una metodología clara para medir la superación de condiciones de probreza y la distribución desigual
condiciones de pobreza y la distribución desigual de subsidios entre regiones y grupos poblacionales vulnerables plantean interrogantes sobre la efectividad real de estas políticas, especialmente para aquellos que residen en áreas con mayores necesidades y carencias.

Por otro lado, el estudio de la Contraloría también determinó la eficiencia de los programas de subsidios de vivienda en la reducción del déficit habitacional y su contribución a la atención equitativa de la población vulnerable.

Según los resultados del ente de control, entre el 2010 y 2021 los programas no han sido eficientes en la reducción del déficit habitacional, ya que del 4,79% que se ha reducido el déficit cuantitativo urbano, tan solo el 0,41% es resultado de los programas de subsidios y el restante 4,38% se debe a la participación de los otros actores en el mercado como son los esfuerzos propios de los hogares, las cajas de compensación familiar, programas de vivienda privados o de gobiernos locales, entre otros.