Prosperidad Social destinará $6,4 billones al programa de Renta Ciudadana en 2024

El programa de transferencias monetarias Familias en Acción se transformará en Renta Ciudadana a partir de enero de 2024. La directora del Departamento de Prosperidad Social, DPS, Laura Sarabia, aseguró que el Gobierno destinará $6,4 billones a esta estrategia el próximo año, buscando reducir 6,6 puntos porcentuales la pobreza monetaria extrema y 2,4% p.p. la pobreza monetaria en el país.

Teniendo en cuenta todos los programas de transferencias a cargo de la entidad, la inversión será de $9 billones dirigidos a población vulnerable.

La huella de familias en acción

“El programa de Familias en Acción, que implica una transferencia monetaria condicionada; es decir, que cada familia debe estar obligada a invertir en educación y alimentación, ha generado efectos importantes sobre la tasa de matriculación, sobre la disminución en la tasa de deserción y en temas de reducción de pobreza y disminución de la desigualdad al mismo tiempo”, señaló el economista Juan Camilo Pardo, integrante del grupo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

Pardo reconoció el efecto positivo que han tenido los programas de transferencias monetarias dirigidos a la población vulnerable en el país para superación de la pobreza. El experto destacó los resultados de Familias en Acción, programa que se transformará en Renta Ciudadana, en especial sobre los índices de nutrición y educativos entre la población objetivo.

Un programa contra la pobreza extrema

La directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, señaló que el programa Renta Ciudadana, que comenzará a funcionar desde el 1 de enero de 2024, será la evolución de las transferencias monetarias que administra el DPS, dirigidas a las familias en condiciones de vulnerabilidad en el país.

Además, la funcionaría aseguró que esta estrategia del Gobierno Nacional contribuirá a garantizar la movilidad social de todos los hogares en condiciones de pobreza extrema que tengan a su cargo a niños y niñas menores que sean menores a seis años.

Madres cabeza de hogar y primera infancia

Renta Ciudadana prevé vincular inicialmente a cerca de 2,7 millones de familias en el país. El programa priorizará como beneficios a hogares que tengan entre sus integrantes a personas en situación de discapacidad que necesiten de un cuidador permanente, así como también a aquellos hogares que estén bajo la responsabilidad de madres cabeza de familia con niños o niñas menores de seis años.

Está definido que los participantes deberán cumplir condiciones que estarán ajustadas a sus características, al curso de vida y a los territorios.

Tres enfoques para los incentivos

Los hogares con madres cabeza de hogar y niños en primera infancia y hogares con personas con discapacidad podrán recibir hasta $500.000 cada 45 días. Así mismo, los hogares en condición de pobreza extrema, que no hagan parte del componente anterior y que estén en inseguridad alimentaria, hasta $500.000 por hogar cada 45 días; el promedio será de $350.000 según anunció el DPS.

Los hogares en pobreza moderada, que cumplan con logros establecidos para la entrega de una transferencia, tendrán un bono anual de entre $500.000 y $1.000.000 por logro.

Facilidades para acceder a los recursos

El modelo de entrega de los incentivos está diseñado para facilitar el cobro para los hogares participantes del programa de transferencias. Aunque la banca pública seguirá siendo el principal socio del programa de Renta Ciudadana, Prosperidad Social anunció que garantizará la transferencia a través de giro mediante los operadores de la estrategia para que aquellos ciudadanos que no puedan cumplir con el proceso de bancarización cuenten con las posibilidades para acceder a los recursos y puedan escoger la forma de recibir las transferencias monetarias.

El nacimiento de Renta Joven

También se transformará la estrategia Jóvenes en Acción, que pasará a ser Renta Joven, otro programa vinculado al nuevo Sistema de Transferencias administradas por el DPS. Esta iniciativa contribuirá a la inclusión social, económica y política de la población joven pobre y en condición de vulnerabilidad: tendrá incentivos monetarios y estrategias para facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior, y se articulará con la política de gratuidad en la educación superior, que es otro de los objetivos sociales del Gobierno Nacional.