"La reforma puede reducir la formalidad y eso tendría un costo en la productividad"

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, habló sobre el informe que publicó la semana pasada el Banco, en el que se alertó de la posible pérdida de 450.000 empleos formales en caso de que se aumenten los costos laborales como está planteado en la reforma laboral del Gobierno.

Primero, Villar aclaró que este informe no es un pronunciamiento de la Junta Directiva como tal, pero sí tiene el beneplácito de la misma. Además, mencionó que este análisis tienen limitaciones porque se hizo sobre una propuesta que aún no se ha discutido en el Congreso, además de que la información no está completamente disponible.

Uno de los puntos que tocó el gerente es el impacto sobre la formalidad, señalando que el proyecto “puede reducir la formalidad y estimular el trabajo informal, lo que implicaría un costo significativo para el crecimiento y la productividad”.

Al iniciar, señaló que estudio cogió artículo por artículo para cuantificar su impacto, por lo que no se centro en los beneficios de la reforma. "Hay unos claros beneficios para las personas que están en el sector formal de la economía, muchas de las propuestas conllevan a una mejor remuneración y mayor estabilidad de su trabajo, pero eso también implica costos, costos salariales que tendrían que asumir las empresas en esos pagos adicionales a los trabajadores. Eventualmente la respuesta que esos empleadores tendrían sería de no contratar más trabajadores por los costos que conlleva", dijo.

El escenario de medio impacto sugiere que los costos laborales aumentarían como consecuencia de la propuesta en 6,73%, cuando se consideran solo los aumentos por los costos laborales de las empresas y no por indemnizaciones. Si se consideran estos últimos, aumentarían en en 1,59% adicionales.

En el caso de las indemnizaciones por despido, dijo, "lo que anota el estudio es que este costo no es el más importante, sino que el mayor costo de las indemnizaciones por despido sin justa causa es el riesgo de que eso conlleve a que no se contraten trabajadores formales porque, al contratarlo, es tan difícil después despedirlo que cualquier empresario va a pensarlo muchísimo antes de contratarlo".

Villar puso un ejemplo: "si se pone un tendero que tiene tres o cuatro empleados y está pensando en contratar al quinto, esa decisión se le vuelve muy difícil porque si sabe que hay posibilidad de despedirlo porque a la tienda no le está yendo lo suficientemente bien, porque hay dificultades en las ventas, va a pesar que esos costos son tan grandes que es preferible no contratarlo. Entonces ahí hay unos costos que no están cuantificados aquí, costos de no contratación que pueden ser complejos y adicionales".

En la parte de los costos salariales distintos a las indemnizaciones, lo que se cuantifica de manera particular para llegar a ese 6,73%, es, en primer lugar, el cambio en la duración de la jornada laboral, el hecho de reducir a 42 horas a la semana y la definición de trabajo diurno y nocturno y los recargos por trabajo dominical y festivo. Esos tres artículos implican, en el escenario medio, un aumento de costos salariales de las empresas de 3,4%.

"Pero ese promedio no es realmente lo más importante. El problema principal es que ese sobrecosto afecta fundamentalmente a algunos sectores. Si uno mira, por ejemplo, al sector financiero, no lo afecta mucho, pues en el sector financiero los sobrecostos dominicales o por trabajo nocturno son bastante marginales. ¿A quiénes les afecta muchísimo? Al sector de restaurantes, de hoteles, culturales y artísticos, que trabajan típicamente en horas de la noche, en horas extras. Para esos sectores, los sobrecostos llegan a ser bastante más altos que para el promedio.

También mencionó el tema de los contratistas independientes. "Ahí hay un tema interesante y es que el proyecto de ley reconoce que para el sector público eso sería tan inviable que no lo incluye. Sería tan costoso para el sector público que inmediatamente conduciría a la necesidad de prescindir de muchísimas personas que trabajan en el sector público con prestación de servicios".

Agregó que "formalizarlos a todos sería deseable, pero sería tan costoso que el proyecto de ley reconoce que no se puede hacer y dice que eso es solamente para el sector privado".