Qué queda, qué se discute y qué sale hasta ahora de la Ley de Rescate Económico
viernes, 20 de noviembre de 2026
De cara a la ponencia final, se juegan su permanencia las propuestas para subir IVA a licores, cerveza, cigarrillos, carros eléctricos e híbridos y apuestas digitales
La Ley de Rescate Fiscal empieza a mutar y, como era de esperarse, la ponencia que se llevará para los primeros debates en el Congreso llegará con varios cambios respecto a los 106 artículos que originalmente propuso el Ministerio de Hacienda.
Pasados 22 días desde que este proyecto fue radicado, ya hay cinco grandes cobros que se eliminarán del texto: IVA a productos que hacen parte de la canasta básica familiar; IVA a insumos agro, maquinaria para el campo y comida para mascotas; alza del IVA a medicina prepagada; devolución de IVA; y la reducción gradual en la renta corporativa.
Por ahora, dentro de los gravámenes que se propusieron originalmente y que han suscitado controversia, se mantienen el cobro pleno del IVA a los vehículos híbridos y eléctricos y la tarifa de 19% en el IVA para las compras internacionales por menos de US$200, que vienen principalmente de plataformas como Temu y Shein.
Tal como lo indicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, su expectativa apunta a que el primer debate de esta reforma en el parlamento se lleve a cabo en los primeros días de diciembre. Mientras tanto, las sesiones de trabajo con coordinadores y ponentes plantean filtros previos para otro bloque de artículos que genera especial atención.
Por ejemplo, siguen en carrera los artículos 20 y 21, con los que se aumenta la carga impositiva al empleo formal, pues allí se propone elevar el aporte a salud de los trabajadores que devengan más de dos salarios mínimos y se aumenta 1% la contribución parafiscal (en favor del Sena y el Icbf) que asume el empleador por un colaborador que supere una remuneración de dos salarios mínimos, mientras que actualmente ese umbral está fijado en 10 salarios mínimos.
Igualmente, siguen en discusión previa el aumento en IVA a licores y vinos, cervezas, cigarrillos, bebidas ultraprocesadas y apuestas digitales. Es decir, el Gobierno aún debe justificar el reajuste en segmentos de consumo masivo que generan reacciones inmediatas desde una base poblacional más amplia que otros tributos como la renta y el patrimonio.
El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo indicó que “desde luego, políticamente estos impuestos pueden prosperar. El Gobierno tiene que ejercer un liderazgo fuerte en los debates que comienzan”.
El mismo ministro de Hacienda había revelado que, a partir de la Ley de Rescate Fiscal, se espera un ajuste por el orden de 4,7% del PIB, equivalente a más de $87 billones, pero no únicamente basado en recaudo adicional, sino en recorte de gasto público.
Al conciliar la eliminación del IVA a productos de la canasta familiar, a los insumos agro, a la maquinaria para el campo, al alimento para mascotas y a los servicios de medicina prepagada, las metas podrían verse afectadas si no se compensan los artículos desechados con otros gravámenes.
MinHacienda y los ponentes del proyecto discutirán otros paquetes de nuevas propuestas, entre las que se incluye cargar impuestos a las viviendas destinadas al alojamiento turístico; aquí se prevé otro debate argumentativo por la base de establecimientos que tendría que hacerle frente a este cobro: con corte a agosto, según el Registro Nacional de Turismo, en el país operan 74.000 de estos hospedajes.
Hay una nueva propuesta para cobrar una sobretasa de renta a las personas con más altos ingresos, aunque todavía no se conocen cuadros con umbrales y tarifas.
Frente a esta lista de impuestos que se discuten de cara a la ponencia final, Restrepo consideró que van en el sentido correcto: “Hay que compensar lo que se deja de recaudar con el IVA de alimentos que ya no va. Adicionalmente, desde su óptica, no es viable fiscalmente simplificar el cobro del IVA con una tarifa de 10%, como se ha propuesto desde otros sectores políticos y productivos.
Recorte estatal
El Gobierno ha defendido una postura de austeridad para cumplir su objetivo de estabilizar las finanzas de la Nación y el texto de la Ley de Rescate lo dotaría con herramientas para recortar el tamaño del Estado y, por ende, el gasto en funcionamiento.
El artículo 7 le entrega al presidente Abelardo de la Espriella, facultades extraordinarias por seis meses para suprimir, fusionar o escindir entidades del orden nacional, ajustar plantas de personal y redefinir la estructura de ministerios y departamentos administrativos sin pasar por debates en el Congreso.
En paralelo, el texto original del Gobierno incluye la creación de un programa de enajenación de activos públicos considerados improductivos o no estratégicos, cuyo recaudo se destinaría a reducir la deuda soberana, sin tocar posesiones que aportan a la renta como Ecopetrol o ISA.