Rectores de universidades públicas muestran apoyo a reforma a la Ley 30 de 1992

La próxima semana continuará la agenda de reformas sociales del Gobierno en el legislativo. Una de las nuevas propuestas que llegará es la reforma a la educación, que tal como ha comentado la ministra Aurora Vergara, será una reforma estructural a la Ley 30 de 1992.

Ante esta nueva propuesta, rectores de instituciones de educación superior ya han manifestado sus conceptos ante el proyecto que se radicará en Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Los rectores de la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad de Nariño, hicieron pública una carta con sus ideas al respecto.

"Manifestamos nuestra disposición de participar en el proceso de construcción colectiva de un proyecto de ley que reforme integralmente la Ley 30 de 1992, y llamamos al conjunto de las comunidades universitarias a sumarse al análisis y a hacer propuestas de actualización de esta Ley", se lee en el documento.

Este proceso, afirman, es una excelente oportunidad para consolidar a la educación como el motor del cambio social que el país anhela y para que la gestión del conocimiento diseñe caminos al futuro. Pero aseguran que se debe interpretar las necesidades actuales en su dimensión local, regional y nacional, con un enfoque en nuestro entorno global, es un reto central en la formulación de este proyecto.

"Aceptamos y compartimos la convocatoria de mesas temáticas que analicen aspectos particulares de la Ley 30", pero agregan que hace falta reflexionar sobre el sistema en su conjunto, definir un horizonte común y establecer los vasos comunicantes de este con los demás sectores de la sociedad. La nueva ley de educación que surja de esta construcción colectiva debe poner en el centro al estudiante y su formación integral.

Según los rectores, se entiende la urgencia de crecer en cobertura responsable y de calidad, y la importancia de hacerlo garantizando la permanencia y la pertinencia. Reconocer las debilidades, así como las experiencias valiosas y los logros que el actual sistema ha acumulado en estas tres décadas es necesario para que la nueva ley de educación superior que se impulse a partir de esta reforma, se corresponda con los retos que acordemos afrontar como sociedad, en un entorno cada vez más globalizado.

En ese sentido, consideran que la nueva ley deberá definir entonces un marco fundamental de principios, un marco que sea coherente, factible, centrado en la fundamental, y que incluya una estructuración del sistema con funciones y responsabilidades, sin dejarse llevar por la tentación de llegar al exceso de la reglamentación particular. La nueva ley de educación superior debe ser una auténtica política de Estado que contemple la gestión, la evaluación, la calidad y la inspección y vigilancia.

Y añaden que es urgente avanzar en el trámite de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, un proceso que ha iniciado su trámite en el Congreso de la República y que, además de fortalecer financieramente a las instituciones, se convertirá en un logro y avance en pro de la consolidación del sistema de educación superior pública.

La tranquilidad para funcionar en las vigencias futuras no limita que la reforma integral pueda adicionar nuevos recursos, mecanismos o criterios para el logro de los objetivos que acordemos para el sistema.

Además, reconocieron el esfuerzo que vienen realizando organizaciones estudiantiles, profesorales y sindicales para presentar sus aportes a un proceso de construcción colectiva. "El camino de los acuerdos con la participación de todos los actores es el camino de la educación", concluyen.