Reforma rural integral debe contar con mayor participación de todas las carteras

En el marco del foro ‘Colombia en el Fast Track: primer balance’ no solo se discutió sobre la transparencia y legitimidad de la primera etapa de implementación de los Acuerdos de Paz. También se habló sobre la jurisdicción especial y el futuro del campo, que está transversalmente ligado a la legislación de temas como el régimen de propiedad, el uso de la tierra y la vocación productiva de los territorios.

Una de las principales preocupaciones sobre el sector rural, de académicos y representantes gremiales, sigue siendo el aumento de economías ilegales, como los cultivos ilícitos, la minería y la deforestación. Problemas que afectan la consecución de la reforma rural integral y que requieren un mayor compromiso y participación de todas las carteras del país.

Para Daniel Rico, experto en economías criminales, “es imposible pensar en desarrollo rural teniendo una deforestación que llega a las 500 hectáreas por día” y con un proceso de sustitución de cultivos donde “95% de los recursos se gasta en lugares donde no está la coca”.

Problemáticas que requieren mayor cohesión de los ministerios para generar, no solo decretos por trámite legislativo abreviado, sino un trabajo integral para el desarrollo rural. Es por eso que Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), considera que “el futuro del campo colombiano no solo depende del Fast Track”.

Para el dirigente gremial, en un país donde solo 6% de las vías terciarias está pavimentado y no hay políticas agropecuarias enfocadas en fortalecer la comercialización de los productos del campo, es muy difícil garantizar un verdadero cumplimiento de la Reforma Rural Integral.

Por eso aprovechó el escenario para hacer un llamado, no solo al jefe de cartera agropecuaria, sino a los diferentes ministros del Gobierno a tener en cuenta dentro de sus planes de acción y asignación de recursos temas como el mejoramiento de las vías terciarias, el fortalecimiento presupuestal de las entidades adscritas que trabajan por el desarrollo del campo, una reforma laboral rural, entre otros temas.

Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), también concuerda con Bedoya. Para él “la reforma rural tiene que ser integral y debe contar con mayor coexistencia de todas las carteras”, además de tener una fuerte visión de Estado.

El exministro de Agricultura y Hacienda, Roberto Junguito, considera que “los apoyos del Gobierno deben ser más de bienes públicos, como caminos, innovación o tecnología, y no apoyos individuales” en el caso del proceso de sustitución de cultivos ilícitos, por lo que el futuro de la implementación deber estar más regido por lo económico que por lo político.

En el balance de los primeros meses de implementación se ve que uno de los temas fundamentales para la reforma, la Ley de Tierras, sigue a la espera, y según Bedoya aún no queda claro si será tramitada vía Fast Track o de forma ordinaria. Esto mantendría aún en ‘obra negra’ a la Reforma Rural Integral.

Acuerdos necesitan respaldo político

Una de las conclusiones del primer panel del foro, que tuvo por tema central la transparencia y legitimidad en la aplicación del Acuerdo Final, es que se requiere que tenga apoyo político masivo, según Rodrigo Uprimny, fundador de DeJusticia. Una situación que estaría motivada por la falta de consenso que hubo tras el referendo, que dejó a varios sectores del país, no solo inconformes con el pacto, sino con mecanismos de implementación como el trámite legislativo.