Los integrantes de la Comisión Quinta del Senado no quedaron satisfechos con las explicaciones de los representantes del Gobierno Nacional sobre la prórroga de la concesión minera para la explotación de ferroníquel en Montelíbano, Córdoba, por la empresa Cerro Matoso S.A., tras un debate que duró dos días.
No convencieron las posiciones ni explicaciones de los ministros de Minas, Mauricio Cárdenas; de Ambiente, Frank Pearl, y mucho menos las del director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, quien, aduciendo el principio de reserva de la información, no dio “ni el aval de santidad, ni un castigo de condena con respecto a la tributación de la empresa Cerro Matoso S.A.”.
Durante dos días, en la Comisión Quinta se escucharon más posiciones en contra que a favor de lo que implica para el país que se prorrogue el contrato 051 de 1996 con la empresa Cerro Matoso S.A., que tiene la concesión de propiedad de la compañía angloaustraliana BHP Billiton.
El punto álgido lo constituyó la cláusula 3 del contrato 051 de 1996, que señala que vencidos los términos de los contratos 866 de 1963 y 1727 de 1971 –que termina el 30 de septiembre de 2012–, las áreas que comprenden estos dos, 545 hectáreas y 141 hectáreas, respectivamente, quedarían incorporadas a las 52.163 hectáreas que tiene ese contrato.
Esto se sumó a las múltiples denuncias que se realizaron con respecto a temas básicos como el bienestar de las comunidades de las poblaciones de Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador, La Apartada, Buenavista y Ayapel, en donde, en este momento, se evidencian, según los exponentes, impactos considerables en la salud y ambientales.
Así mismo, fueron motivo de discusión el desarrollo empresarial y la formalización de los pequeños mineros; la oportunidad de mano de obra calificada para los habitantes de la región; la liquidación, pago y destinación de las regalías y los altos índices de pobreza extrema, indigencia e inseguridad que se presenta en el departamento de Córdoba.
