SIC arranca ofensiva contra prestamistas usureros

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, explicó "que dicha empresa ejecutaba su modelo de negocios en Colombia mediante la compra de sus salarios y mesadas pensionales de los colombianos, lo cual es ilegal"

La empresa que operaba desde hace dos años, tiene cuatro establecimientos en Bogotá y tres en Medellín.

Adicional, se bloquearon las cuentas bancarias de BCI y se ordenó la devolución a sus clientes de una suma equivalente al doble de los intereses cobrados en exceso.

Robledo afirmó que en curso están otras investigaciones en contra de seis empresas de este tipo que estarían abusando contra los ingresos de los colombianos menos favorecidos.

De acuerdo con la Superintendencia, la empresa infringió la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), que prohíbe recibir o cobrar, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero por concepto de bienes y servicio mediante sistema de financiación, una utilidad que exceda en la mitad el interés bancario corriente que para el periodo correspondiente estén cobrando las entidades, según certificación de la Superintendencia Financiera, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla.