Legislación

SIC formuló pliego de cargos a dos empresas por presuntas prácticas anticompetitivas

Las firmas Ferlag e Inversiones y Suministros habrían restringido la competencia en Colombia Compra Eficiente

David Jáuregui Sarmiento

La Superintendencia de Industria y Comercio, dirigida por Pablo Felipe Robledo, anunció que formuló pliego de cargos contra dos empresas por presuntas prácticas restrictivas de la competencia. Las compañías se habrían presentado durante procesos de selección y ejecución, en por lo menos, cinco Acuerdos Marco de Precios para productos de papelería, útiles de oficina, consumibles de impresión, computadores y equipos periféricos, adelantados por Colombia Compra Eficiente.

Robledó indicó que fue gracias a las denuncias presentadas por Colombia Compra Eficiente, y al material probatorio recaudado, que se concluyó que César Laguna Vargas sería controlante oculto tanto de Comercializadora Ferlag Ltda e Inversiones y Suministros S.A.S., lo que llevó a que las das compañías aparentaran ser competidoras cuando en realidad no lo eran.

“Las pruebas que obran en el expediente, recolectadas en el curso de visitas administrativas de inspección, entre ellas, documentos físicos y digitales, así como correos electrónicos extraídos de los computadores de las empresas y personas inspeccionadas, darían cuenta no solo del control que Laguna Vargas ejerce sobre las empresas vinculadas con la investigación, sino también de que era él quien definía los términos y condiciones de las propuestas con las que ambas empresas participarían en los diferentes procesos de contratación”, explicó el documento de la Superintendencia de Industria y Comercio.

De acuerdo con la SIC, las empresas comparten empleados que tienen cuentas de correo electrónico de las dos sociedades; además se encontró que las dos empresas, cuando se presentaban en los procesos de contratación presentaban grandes coincidencias.

Por otro lado, la entidad aclaró que las posibles sanciones por esta conducta sobrepasan $78.000 millones para las personas jurídicas y hasta $1.562 millones a las personas naturales.

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