SIC sanciona por $28.000 millones a 26 personas por violar régimen de libre competencia

La Superintendencia de Industria y Comercio dio a conocer la imposición de una multa por $28.000 millones a 10 personas jurídicas y 16 naturales que hacían parte de la asociación Asoproval. En conjunto, funcionaba como un cartel que se encargaba de entorpecer y afectar el régimen de competencia.

En la rueda de prensa, presidida por el Superintendente Andrés Barreto y el delegado Juan Pablo Herrera, se dijo que la sanción se da luego de que en 2015 se recibiera una denuncia anónima que dio pie a la investigación del cartel, el cual, tuvo una operación entre 2007 y 2017, pero fue hasta marzo de este año que se presentó un informe que dio pie a esta sanción.

En la investigación, se analizaron 20 zonas de Bogotá en donde debía haber una pruralidad de oponentes a y ofertantes a la hora de participar en la logística y distribución de los alimentos y recursos del Plan de Alimentación Escolar. Sin embargo, amparados bajo una presunta asociación si ánimo de lucro llamada Asoproval, los implicados se encargaban limitar las ofertas de los bienes cometiendo un fraude al distrito y el programa siendo competidores y proveedores al mismo tiempo.

"Las explicaciones fueron insuficientes de los acusados. El laboratorio forense se encargo de tener acceso a documentos y comunicaciones que permitieron dar una recomendación al despacho. Con este paso que se da desde la promoción de la competencia, se manda una señal a reconocer la relevancia de la libre competencia" aseguró el Superintendente Andrés Barreto.

Entre las afectaciones que ocasión el cartel fue el ahorro, pues se encargaron de crear un esquema en que manejaban un mismo precio presentado en los procesos de licitación, dejando así los más altos. En cifras, se obtuvo un ahorro de 0,5% cuando en un proceso normal de licitación se logra hasta 11%. Además, en cada proceso se sometía a contratación no menos de 700.000 refrigerios, lo que representa la misma cantidad de niños afectados.

A raíz de este fraude, los implicados no pueden participar en nuevos procesos de selección en ninguna licitación de carácter público.