Solo la aprobación completa de la Ley de Rescate devolvería el superávit primario en 2030

La deuda neta del país superaría el límite de 71% del PIB en 2029 y llegaría a ubicarse entre 76% y 82% en 2030. Así lo señaló Anif en su último informe semanal, en el cual trazó seis escenarios de lo que pasaría con las finanzas públicas en relación a la Ley de Rescate. Solo con la aprobación completa de la iniciativa tal como se radicó, la economía colombiana regresaría a un superávit de 0,3% del PIB en 2030.

Es decir, de acuerdo con Anif, solo si se aprueba de manera integral el articulado, la Nación lograría generar ingresos superiores a sus gastos en 2030. De esta manera, terminaría la tendencia de déficits consecutivos en los últimos años.

La iniciativa combina dos caminos para realizar el ajuste: reducir el gasto público y aumentar los ingresos tributarios. Sin embargo, el debate público parece mostrar una mayor disposición a respaldar medidas de austeridad que a aprobar nuevos impuestos. ¿Serían suficientes los recortes de gasto para corregir el desequilibrio fiscal?

Los seis escenarios de aprobación de la Ley planteados por Anif muestran que el factor determinante no es únicamente de dónde provienen los recursos, sino el tamaño del ajuste. En particular, los recortes de gasto planteados en el proyecto no serían suficientes, por sí solos, para estabilizar las finanzas públicas.

En los primeros cuatro escenarios que plantea el centro de pensamiento, solo se tienen en cuentas las medidas de reducción de gasto. En este caso, el déficit primario en 2030 estaría entre 2,8% y 3,4% del PIB. Sin la Ley, alcanzaría 4,4% del PIB.

El panorama sería todavía más complejo si los recortes de gasto estuvieran acompañados de una reducción de impuestos. En ese escenario, el balance primario se deterioraría frente al escenario 3, al pasar de un déficit de 2,8% a uno de 3,2% del PIB. La diferencia tendría que cubrirse mediante mayores necesidades de endeudamiento).

Y el endeudamiento tiene un costo. Cuando aumentan las necesidades de financiamiento del Gobierno, los mercados incorporan ese riesgo en el precio de la deuda. Bajo los cuatro escenarios analizados, los CDS a cinco años, un instrumento que funciona como una especie de seguro frente al riesgo de impago de la deuda pública, pasarían de 155 puntos básicos (pbs) actualmente a un rango de entre 196 y 277 pbs.

Esto significa que cada nuevo peso que solicite prestado el Gobierno tendría un costo de financiación entre 95 y 176 pbs superior al que enfrentaría con la aprobación integral de la Ley.

Las consecuencias también se reflejarían en la trayectoria de la deuda pública. En los primeros cuatro escenarios, la deuda neta superaría en 2029 el límite de 71% del PIB establecido por la regla fiscal y alcanzaría niveles de entre 76% y 82% del PIB en 2030.

Un quinto escenario contempla la aprobación de la Ley, pero sin la ampliación de la base del IVA ni el mecanismo de devolución previsto a través del EfectIVA. En este caso, la deuda neta llegaría a 67% del PIB en 2030, por debajo del límite de 71%, aunque todavía cerca de ese umbral.

No obstante, el margen fiscal seguiría siendo estrecho: los intereses de la deuda, las pensiones y las transferencias de la Nación a departamentos y municipios para financiar salud y educación, a través del Sistema General de Participaciones, absorberían 91% del recaudo tributario.

Con este estudio, Anif sostiene que "la aprobación integral de la Ley es el único escenario en el que el Gobierno lograría recibir más recursos de los que gasta antes del pago de intereses, con un balance primario positivo de 0,3% del PIB en 2030".

Bajo esta proyección, la deuda neta descendería a 64% del PIB y las obligaciones fijas representarían 84% del recaudo tributario.

Esto no significa que la composición de la Ley sea la única alternativa posible para corregir el desequilibrio fiscal, pero sí que, según las estimaciones de Anif, su magnitud representa el ajuste mínimo necesario.

Incluso con la aprobación integral del proyecto, la deuda permanecería por encima del ancla de 55% del PIB establecida en la regla fiscal, lo que implica que el esfuerzo tendría que mantenerse más allá de 2030.

"Por eso, la discusión de la Ley de Rescate Económico no debería limitarse a determinar qué artículos se aprueban o cuáles se descartan. El verdadero desafío está en garantizar que cualquier modificación preserve el impacto fiscal agregado que necesita el país para estabilizar sus finanzas públicas", dijo el centro de pensamiento.