Gobierno adjudica la operación de Electricaribe a EPM, Latin America Corp y Enerpereira

La agente especial de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas, dio a conocer que el Gobierno Nacional logró una exitosa adjudicación de la operación de la empresa y aseguró que el mercado de Caribe Mar, conformado por Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, estará a cargo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), mientras que CaribeSol, compuesto por Atlántico, Magdalena y La Guajira; será operado por el Consorcio de la Costa, integrado por la Empresa de Energía de Pereira y Latin America Corp.

Los nuevos inversionistas tendrán que invertir hasta $8,7 billones en los próximos 10 años. Estas empresas serán las encargadas de administrar, invertir y operar el mercado eléctrico de la Costa Caribe.

CaribeSol queda con una participación de mercado de 10,8% y 1,21 millones de clientes, mientras que el segundo, CaribeMar, esta compuesto, según la Superservicios, por 1, 51 millones de clientes y quedará con una cuota de mercado de 10,9%.

"Todo el trabajo ha sido pensando en las regiones. Más de 10 meses se dio este proceso, y hoy sale adelante. Tuvimos dificultades y adversidades, y hoy, en medio de la situación del mundo, damos una buena noticia", explicó el presidente, Iván Duque.

La adjudicación de los activos se da luego de un año de proceso, y cuatro prorrogas en la fecha de la subasta. Esta recta final inició el pasado 3 de abril de 2019 cuando la Superintendencia de Servicios Públicos, junto al Ministerio de Minas y Energía, anunciaron un plan para vender la empresa.

Este plan consistió en dividir en dos sectores la compañía, con el objetivo de que la operación fuera exitosa. “Estamos cumpliendo la ruta trazada por el presidente Duque para ofrecerles una solución estructural a los usuarios del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe. Este nuevo proceso aumenta las probabilidades de encontrar una solución definitiva para esta zona del país que representa 25% de la totalidad de la demanda en Colombia", explicó en ese momento María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía.

La adjudicación de estas obligaciones se da igualmente luego luego de varios procesos fallidos en 2017 y 2018 cuando el Gobierno Nacional no pudo vender la empresa. En ese momento se presentaron falta de garantías en la precalificación de los oferentes y regulaciones de mercado que no lo permitían, los cuales, entre otras cosas, frenaron la negociación y detuvieron su venta.

Es por esta razón que para este nuevo plan el Gobierno Nacional destacó que asumiría el pasivo pensional y las deudas pretoma. Así, dichos ajustes quedaron pactados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los cuales se estipulo que dicha operación sería prioritaria para la Nación.

Para lograr esto, se hicieron algunos ajustes normativos como la flexibilización en los topes del mercado energético, que pasaron de 25% a 35%; la sobretasa de energía para los estratos 4, 5 y 6; y los recursos con los que se pagará el mencionado pasivo pensional.

¿Cuáles fueron requisitos en el proceso?

La Superintendencia de Servicios Públicos detalló desde el comienzo del proceso que se tendrían unas reglas de participación y acreditación. Entre los criterios más generales que se exigieron fue que el inversionista-operador interesado se encuentre prestando el servicio de energía a más de 600.000 usuarios y que tenga un patrimonio de US$500 millones.

No obstante, para los interesados bajo la modalidad de consorcio, se exigió, según la Superintendencia, que el líder del mismo acredite la prestación del servicio de energía a mínimo 450.000 usuarios (de los 600.000 requeridos en conjunto) y tener por lo menos 50% de participación en el consorcio.

“Las reglas de participación y acreditación que proponemos buscan que los inversionistas que lleguen a operar el servicio de energía tengan la experiencia suficiente y comprobada para garantizar que se hagan las inversiones requeridas”, dijo Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, en ese momento.

Las salidas que propuso la Financiera de Desarrollo Nacional hace un tiempo

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) presentó en enero varias alternativas para subsanar la situación financiera que enfrenta el operador. Entre ellas figuraba un ajuste de las tarifas, así como acciones regulatorias adicionales. El informe destacó también la posibilidad de unir esfuerzos entre las carteras, la Creg, los acreedores e inversionistas para conseguir recursos, y la necesidad de determinar el tratamiento más adecuado para el pasivo pensional. Entre la propuesta para conseguir un nuevo operador estaba la venta de activos, capitalización con un nuevo inversionista o la división de la compañía.