Transportadores denuncian incumplimiento de acuerdos y se declaran en alerta máxima

Tras la disputa entre Colombia y Ecuador, la tensión en el sector transportador colombiano se ha elevado en los últimos días luego que la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, se declarara en alerta máxima y advirtiera que no descarta convocar a un paro nacional si el Gobierno mantiene el compromiso de permitir el ingreso de camiones ecuatorianos a todo el territorio sin necesidad de trasbordo.

Este pronunciamiento del gremio se da luego de la difusión de un comunicado de la Cancillería de Ecuador, en el que detalla un supuesto acuerdo de reciprocidad que permitiría el tránsito directo de vehículos de carga entre ambos países.

Ante esto, la ACC, calificó la medida como "grave, equivocada y altamente perjudicial" para el transporte nacional, al considerar que modificaría las condiciones actuales del comercio binacional y afectaría la participación de los camioneros colombianos en las operaciones internacionales.

Según el gremio, permitir el transporte directo desde Ecuador podría impactar la estabilidad económica del sector y facilitar la concentración del negocio en manos de grandes empresas, reduciendo las oportunidades para los transportadores locales.

Además, este rechazo también se asocia a experiencias pasadas, en las cuales la organización asegura que el transporte directo transfronterizo ya demostró tener efectos negativos, al convertirse en un factor que propició el monopolio empresarial y facilitó actividades ilícitas como el contrabando de combustibles, medicamentos y narcóticos, además de la trata de personas.

Para la ACC, estos antecedentes no habrían sido tenidos en cuenta al anunciar el eventual compromiso, lo que incrementa la preocupación sobre los controles y la seguridad en la movilización de mercancías.

Por otro lado, dentro de los puntos críticos que señala el gremio es la falta de reciprocidad real en las condiciones de operación entre ambos países ya que, aseguran que el ingreso de camiones ecuatorianos se presente como un trato equilibrado cuando, según afirma, históricamente no han existido condiciones equivalentes para los transportadores colombianos en territorio ecuatoriano.

Según la ACC, el Ministerio de Transporte no informó ni discutió el tema en las mesas de trabajo instaladas tras el Paro Nacional Camionero, espacios en los que se había acordado analizar de manera conjunta los asuntos estructurales del sector, incluidos los relacionados con el transporte internacional.

La ACC anunció oficialmente que el sector se encuentra en “alerta máxima” y dispuesto a tomar medidas si el Gobierno insiste en implementar el ingreso de camiones ecuatorianos sin trasbordo; entre las acciones contempladas está la posibilidad de una inmovilización nacional como mecanismo de presión para defender lo que consideran su trabajo y la soberanía del transporte colombiano.

Pese al tono del pronunciamiento, la organización reiteró su disposición al diálogo y pidió al Gobierno revisar el proceso, reconocer los acuerdos previos y abrir una discusión formal con el sector antes de tomar decisiones definitivas.

Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial del Ministerio de Transporte ni de la Cancillería de Colombia frente a los cuestionamientos del gremio.

Situación en Buenaventura

La operación logística en el puerto de Buenaventura enfrenta episodios de congestión que están ralentizando el comercio exterior. Transportadores denuncian que deben esperar entre cinco y siete horas para cargar contenedores, mientras que en la bahía permanecen cerca de 30 buques fondeados a la espera de turno para atracar.

A esto se suma el colapso en el corredor vial entre Cali y Buenaventura, donde se han registrado filas de camiones que superan 25 kilómetros en los accesos al distrito portuario.

Esta situación se ha agravado por factores climáticos que han dificultado el descargue de mercancías como cereales, insumos industriales, materiales de construcción y vehículos, así como por la salida de operación del Muelle 13, que movía más de 1,5 millones de toneladas al año.

La presión sobre la infraestructura portuaria, que tiene entre 30 y 40 años, se ha intensificado ante el crecimiento de 16% en la movilización de carga en los últimos dos años, alcanzando cerca de 23 millones de toneladas.

Aunque el Ministerio de Transporte y la Superintendencia activaron un plan de choque con medidas como operación 24/7 en patios de contenedores vacíos, evacuación inmediata de carga almacenada y seguimiento diario a la trazabilidad, los gremios advierten que aún no se aplican soluciones estructurales.

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos, Fitac, alertó que las demoras están elevando costos, afectando la productividad y poniendo en riesgo la competitividad del comercio exterior, mientras el sector insiste en la necesidad de intervenciones urgentes para evitar un mayor deterioro de la operación portuaria.