Tribunal de Cartagena tumbó tutela que frenaba pago de Reficar de IVA por $1,3 billones
viernes, 12 de diciembre de 2025
Detalló que no se acreditaron elementos objetivos, actuales e inminentes que concluyan en un perjuicio irremediable a Reficar
El Tribunal Superior de Cartagena revocó la acción de tutela interpuesta por la Refinería de Cartagena para frenar el cobro de $1,3 billones correspondientes al IVA por la importación de combustibles entre 2022 y 2024.
La ratificación de dicho cobro implicaría el embargo de las cuentas de Reficar, dado que se trata de un proceso coactivo, y pondría en riesgo 47% de la capacidad actual de refinación, equivalente a 194.100 barriles diarios, promedio registrado hasta el tercer trimestre de 2025.
En un fallo de ocho páginas, la Sala Civil-Familia determinó que la decisión de primera instancia que frenaba el cobro, y que podía activar un cobro retroactivo, el embargo de las cuentas de la filial del Grupo Ecopetrol e incluso un cese de operaciones, no cumplía con los requisitos de procedencia.
“En principio, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para impugnar un acto administrativo”, señaló el Tribunal, y agregó que el ámbito en el que debe resolverse el futuro del cobro del IVA es la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
Aunque Reficar alegó una posible afectación a su operación y estabilidad financiera debido a las actuaciones de la Dian, el Tribunal precisó que no se acreditaron elementos objetivos, actuales ni inminentes que permitieran concluir la existencia de un perjuicio irremediable, según los términos de la jurisprudencia constitucional.
Lisandro Junco, exdirector de la Dian, explicó que la decisión de la entidad no vulnera ningún derecho fundamental, aunque podría constituir una infracción a un principio administrativo. En ese sentido, señaló que el mecanismo al que debió acudir Reficar era una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
“Modificar la doctrina para cobrar el IVA a las importaciones, después de no hacerlo desde 2016, vulnera el principio de confianza legítima. Si los actos administrativos son anulados, dichos cobros constituirían un ‘pago de lo no debido’ y se convertirían en un saldo a favor de Reficar”, agregó Junco.
Frente a la decisión, la Unión Sindical Obrera de Trabajadores de Ecopetrol expresó su rechazo y advirtió que el cobro pone en riesgo el suministro de combustibles en la costa Caribe.
“Estamos en desacuerdo con el cobro de la Dian y los REA impuestos a Reficar, porque ponen en riesgo sus finanzas, el suministro de combustibles en la Costa Caribe y la estabilidad financiera del grupo empresarial. Se afecta el principal activo de Ecopetrol y se pone en riesgo la estabilidad laboral de las y los trabajadores de la Refinería de Cartagena”, explicó.