Un rescate para ganar tiempo

La Ley de Rescate que el Gobierno radicó en el Congreso es necesaria. Sin ella, el déficit del Gobierno Nacional Central llegaría en 2027 a 9,4 % del PIB, el más alto de la historia. Con ella, según el Gobierno, bajaría a 7,2 %. Esa cifra sigue siendo elevada, pero evita una crisis de financiamiento en un momento en que los bonos a diez años superan 13%. Hay que aprobarla, sin confundirla con una solución: la ley compra tiempo, pero no resuelve el problema de raíz.

Ese tiempo es escaso por dos razones. La primera es el calendario. La principal fuente de recaudo de la ley es el IVA, que aportaría unos $25 billones netos al año, pero la eliminación de la tarifa de 5% y de buena parte de las exclusiones solo entra en vigor en 2028. En 2027, la mayor parte del ajuste debe salir del gasto, y la experiencia de este año invita a la cautela: de $21,7 billones de ajuste con que contaba Hacienda para 2026, el Carf estima que apenas 9,7 se traducirán en menor gasto efectivo. La segunda razón es el costo de la deuda. Los intereses equivalen hoy a cerca de 8% del saldo, mientras que la deuda nueva en pesos cuesta más de 13%. A medida que vencen los títulos viejos y se reemplazan por nuevos, la factura de intereses sube y absorbe una parte creciente del ahorro de la ley. Aun si se cumple la meta de balance primario, el Carf calcula que la deuda neta llegará a 67,4% del PIB en 2027, un máximo histórico.

El tiempo ganado debe usarse para reducir el gasto. El Gobierno afirma que siete de cada diez pesos del ajuste provienen de ese lado, pero la cuenta incluye la eliminación de exenciones, que es recaudo. Según cálculos de La Silla Vacía, los recortes efectivos en nómina, contratistas y transferencias equivalen en 2028 a uno de cada cinco pesos. Es comprensible que así sea. En un presupuesto en el que el funcionamiento absorbe 62 % y el servicio de la deuda 24%, queda muy poco margen para recortar, y lo que queda, la inversión, es siempre lo primero que se sacrifica. Recortar inversión mejora las cuentas de un año, pero debilita el crecimiento del que dependen las cuentas de los siguientes.

Por eso el problema de fondo no es solo cuánto gasta el Estado, sino cuánto de ese gasto está atado por normas. El gasto en pensiones y en salud crece por inercia demográfica y legal, y las transferencias a las regiones crecen por mandato constitucional.
En conjunto, estas obligaciones empujarán el gasto primario inercial a cerca de 20,8% del PIB, sin que ningún gobierno haya decidido gastar un peso adicional. Mientras esa inercia siga intacta, cada ajuste será transitorio, y el déficit regresará apenas se agote.

El Sistema General de Participaciones ilustra bien el problema. Las transferencias a departamentos y municipios equivalen hoy a cerca de 30% de los ingresos corrientes de la Nación, y crecen con la variación promedio de esos ingresos en los cuatro años anteriores. Por eso, con algunos años de rezago, de cada peso adicional que recauda la Nación, unos 30 centavos terminan en las regiones. Si el Congreso aprueba la ley de competencias que reglamenta el Acto Legislativo 03 de 2024, esa fracción subirá gradualmente hasta 39,5% en doce años.

De cada peso que produzca el nuevo IVA, entonces, solo quedarán entre 60 y 70 centavos para cerrar el déficit. Dicho de otro modo, para reducir el déficit en un peso, la Nación tendrá que recaudar entre 1,40 y 1,65.

Hay que asegurar que la ley de competencias, que hoy se tramita en el Congreso, traslade responsabilidades de gasto junto con los recursos, para que lo que reciban las regiones lo deje de gastar la Nación.

El Congreso hará bien en aprobar la Ley de Rescate. Pero su verdadera prueba vendrá después: si el tiempo ganado se usa para flexibilizar el gasto, el país habrá empezado a resolver su problema fiscal; si se desperdicia, dentro de pocos años estaremos discutiendo otro rescate, con más deuda y menos margen.