Vías y Educación, los sectores con más recorte en el proyecto de presupuesto 2027

El Ministerio de Hacienda radicó el Presupuesto para 2027 por $575,6 billones, es decir, $21,4 billones menos que el anteproyecto presentado en abril ($597 billones). Pese al recorte, el documento deja constancia de que el presupuesto está desfinanciado por $30 billones.

Antes de entrar en detalle sobre la viabilidad del proyecto, vale la pena señalar que las mayores asignaciones del presupuesto radicado corresponden al servicio de la deuda ($115 billones), el Ministerio de Educación ($79 billones), Salud ($77 billones) y Trabajo ($52 billones). Frente al anteproyecto presentado en abril, los mayores ajustes se concentraron en infraestructura vial y educación.

Aunque en el anteproyecto se planteó una asignación de $26,2 billones para la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en el proyecto radicado esta se redujo a $9,8 billones. En Educación, el recorte fue de $10 billones, al pasar de $89 billones a $79 billones. Le siguieron Trabajo, con una reducción de $5,5 billones; Minas y Energía, con $5,2 billones menos, y Salud, con un recorte de $2 billones. En conjunto, los ajustes en estos cinco sectores suman $37 billones frente al anteproyecto.

Aun con estos ajustes, lo cierto es que el proyecto de presupuesto sigue desfinanciado en $30 billones e, incluso si llegara a aprobarse la última reforma tributaria del gobierno Petro, persistiría un faltante. Esta situación quedó consignada en el documento radicado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el que se explica que el monto total por financiar equivale a 1,4% del PIB, es decir, $30,2 billones.

Lo anterior se debe a que, según el proyecto, mientras los $575 billones corresponden al gasto presupuestado, solo se proyectan ingresos por $545 billones, lo que genera un faltante de $30,2 billones.

“Del total, $30,2 billones corresponden a ingresos contingentes sujetos a la aprobación del proyecto de ley de recursos adicionales por parte del Honorable Congreso de la República, en virtud de lo dispuesto por el artículo 347 de la Constitución Política y el artículo 54 del Estatuto Orgánico de Presupuesto”, se lee en el documento.

En otras palabras, esos $30,2 billones dependen de la aprobación de una reforma tributaria para ser financiados. Sin embargo, la presentada por el actual gobierno no alcanza a cubrir ese faltante.

Hay que recordar que la reforma tributaria radicada busca recaudar $21 billones en 2027. Aun si se aprueba, quedaría un faltante de $9 billones para el próximo año.

En este escenario, el Congreso tiene la facultad de devolver el proyecto al Ministerio de Hacienda antes del 15 de agosto si considera que no cumple con la normatividad ni con los criterios de sostenibilidad fiscal.

De ocurrir esto, el Ministerio de Hacienda, que para entonces ya estará liderado por Miguel Gómez, deberá presentarlo nuevamente al Congreso antes del 30 de agosto con los ajustes correspondientes.

En entrevista con La FM a comienzos de mes, antes de conocerse el monto definitivo de $575,6 billones, Gómez ya había anticipado que el recorte al Presupuesto General de la Nación del próximo año debería rondar los $60 billones.

El ministro designado también ha señalado en las últimas semanas que presentará una reforma tributaria distinta a la del gobierno Petro en septiembre. No obstante, su prioridad será avanzar en el ajuste fiscal, para el que ya anticipó un enfoque de austeridad.

Para Juan Carlos Ramírez, director del Carf, el punto crucial en este momento, más allá del monto radicado, será la discusión que iniciará en el Congreso y las decisiones que adopte el Gobierno entrante.

“El Congreso entra ahora en la primera fase de estudio del monto y tendrá en su poder decidir si devuelve o no este proyecto. Depende, entonces, de la visión que tenga el gobierno entrante, ministro, equipo y presidente, si presentarán una propuesta más baja, más alta o si realizarán cambios en los programas. Evaluarán cuáles deben recortar de los existentes y cuáles nuevos quieren implementar”, dijo Ramírez.

Ramírez agregó que, por ahora, “hay al menos entre 1% y 1,5% del PIB desfinanciado porque depende de una tributaria. Serán clave los acuerdos a los que se lleguen en el nuevo gobierno. El año pasado se aprobó el presupuesto y luego se estudió el financiamiento, pero este nunca salió. Por eso, el gobierno entrante también debería expedir un decreto de recorte, que aún no se ha hecho. Lo esperable es que en los primeros seis meses tome una decisión frente a esa situación”.

La atención ahora estará en el trámite del legislativo, donde el Pacto Histórico tiene mayorías en las Comisiones Económicas tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.