Y dale con los recursos de los trabajadores

El 4%, con el que se financia el Subsidio Familiar, es de los trabajadores, con los que se les da oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, de obtener bienestar social, de tener un mayor ingreso a través de una cuota monetaria; de acceder a la posibilidad de una vivienda propia a partir del subsidio, y de disfrutar de una buena recreación, gracias a los servicios que le otorga su Caja de Compensación Familiar. 

Es importante señalar que estamos hablando de entidades que administran una prestación social como son las Cajas de Compensación Familiar. Eso es lo que somos, y así hemos sido catalogados, en varias oportunidades por ley y por la Corte Constitucional. Además, es bueno que lo repasen los detractores, que aquí no estamos hablando de un parafiscal. Sobre el particular hay varias sentencias, inclusive hay una del magistrado Manuel José Cepeda (Corte Constitucional) que establece que el aporte a las Cajas de Compensación Familiar es un aporte atípico porque se extrae del sector empleador y se destina a los trabajadores que laboran en las empresas, en el número que señalaba anteriormente.

En ese sentido vale tener en cuenta que esos recursos no van para la misma población de la cual se extraen, sino, por el contrario, se destinan a una población necesitada. Estamos hablando de un salario social, de un derecho de los trabajadores y, obviamente, así debe tenerse en cuenta.

Bien lo advierte Alicia Bárcena de Cepal: “Hay que vigilar que no haya precarización del empleo, es el valor máximo a cautelar, que no se precarice, que no se aumente la informalidad y en que en cierta medida la competitividad no se construya con base en el sacrificio de los trabajadores”.

Costos no salariales

Definir el Sistema de Subsidio Familiar (Cofamiliares como se ha denominado en algún artículo) bajo el concepto de ‘rentas capturadas’ es caer en la tentación encasillar y descalificar dando titulaciones desdeñosas. Este tipo de opiniones están claramente en desacuerdo con el esquema de bienestar construido en Colombia para las familias de los trabajadores o peor aún buscan su desmonte pensando en el costo de los aportes sin valorar los resultados sociales de más de 60 años de trabajo.

Como decía anteriormente, cada vez que el país atraviesa una coyuntura económica adversa aparecen algunos generadores de opinión que promulgan el desmonte de aporte empresarial. Iniciativas que ya han logrado que hoy cerca del 25% de los recursos del aporte se dispensen a poblaciones diferentes a los trabajadores y sus familias (caso Fosfec, Foniñez, Jornada Escolar Complementaria) lo que ha significado que la cuota monetaria que entrega el Sistema de Subsidio Familiar a los trabajadores por cada hijo sea tan solo 60% de la propuesta original.

La reducción de los costos no salariales ha resultado ‘subóptimo’, en eso estamos de acuerdo. El balance de los efectos de la última reforma tributaria (Ley 1607 de 2012), no arroja un panorama confortable. Algunas empresas señalan que el esquema de tributación anterior era menos oneroso y complejo, para el cálculo del imporrenta se podía descontar el pago de aportes a la seguridad social (salud, pensiones, riesgos laborales y Sistema de Subsidio Familiar), así como, el pago al Sena e Icbf. Con el nuevo esquema no solo se restan algunas de estas deducciones (salud, Sena e Icbf) sino que a su vez se establece un aporte adicional, denominado Cree, que a la postre ha significado una mayor tasa impositiva.

En términos del ‘objetivo’ de la reforma tampoco se tuvo mayores resultados, las tendencias de generación de empleo preexistentes se mantuvieron y no se observó la gran ola de empleo que fue la inspiración de este componente de la reforma. De acuerdo con los datos del Dane para las principales ciudades, entre marzo- mayo de 2013 y 2015, el empleo de las empresas de más de cinco trabajadores (principales empleadores en el país) solo creció en 204.000 personas y la tasa de informalidad apenas se contrajo de 50,8% a 49,6%.

En esta forma, como bien lo señaló el economista Eduardo Lora, en un reciente artículo de prensa: “Reducir más los costos laborales no va a llevarnos mucho más lejos. Como dijo alguna vez Einstein, no puede esperarse solucionar los problemas utilizando el mismo enfoque mental que nos ha llevado a crearlos. El enfoque mental frente a la informalidad parte de suponer que sin regulaciones y sin impuestos no habría empleo informal. También parte de creer que la informalidad depende antes que nada de variables nacionales, como la tasa de impuestos a la nómina u otros aspectos del régimen tributario y regulatorio”.

Y de otro lado, entendemos que el subsidio familiar y en general la seguridad social, es capital colectivo que se nutre con aportes sociales que deben ser considerados como inversión y no como gasto. Así lo entiende Elizabeth Tinoco, directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe: “Un primer paso para el cambio de paradignas tiene que ver con entender que los sistemas de protección social no pueden ser vistos como gasto ni caridad, sino que representan una oportunidad para fortalecer las economías y contribuir a un desarrollo que permita eliminar la pobreza y desigualdad actuales”.

Beneficiarios 

Hoy estamos hablando de 530.353 empresas afiliadas que contribuyen al propósito de entregar a los trabajadores todos los servicios que las Cajas ofrecen. A marzo pasado, las Cajas contaban con 8,2 millones de trabajadores afiliados en 992 municipios de los 32 departamentos, pero la población cubierta -porque como es un sistema que tiene que ver con el trabajador y su familia- llega a 16.632.552 personas. Esa es la población sobre la cual nosotros actuamos.

Para esa población las Cajas desarrollamos una serie de tareas en venta de servicios, en atención a salud, entre otras, y eso nos lleva a una población total beneficiada, con programas y servicios, de cerca de 22,3 millones de personas que corresponden a casi 50% de la población colombiana. 

Pero eso va más allá. Y es que del cuatro por ciento que reciben las Cajas del empleador, se destinan recursos para contribuir a la financiación del Régimen Subsidiado de Salud. Luego, en ese sentido, no solamente somos prestadores, somos aseguradores y, adicionalmente, hacemos la tarea que tiene que ver con el ejercicio de transferir esos recursos, producto del 4% -establecido en la Ley 100 de 2003- y, obviamente, a partir de allí, contribuimos a esa financiación, sobre todo de los colombianos más pobres. 

A ello hay que agregar que el sector de las Cajas genera, a su vez, trabajo digno y decente, y una serie de bienes y servicios que el trabajador, con su solo salario, no podría disfrutar.

Inversión social y productividad empresarial traducen las características centrales del sistema que construyó Colombia hacia más de seis décadas y que hoy es capital colectivo para el desarrollo.