Bares rechazan impuestos por el decreto de emergencia económica del Gobierno

Los empresarios aglomerados en el sector de los bares se convirtieron en uno de los primeros gremios que alzó la mano para rechazar la emergencia económica que pretende declarar el Gobierno.

Desde Asobares la postura es contundente: “No se puede seguir viendo al sector como una fuente inagotable de recursos fiscales”. A través de un comunicado, el gremio habló por los cerca de 450.000 establecimientos que padecerían si les encarecen el licor.

Ya en la hundida reforma tributaria el Gobierno intentó aplicar un IVA de 19% a un licor como el aguardiente, cuya participación en el segmento de las bebidas espirituosas, excluida la cerveza, es de 40%. Desde los bares advirtieron que, si les encarecen su materia prima, no aumentará el recaudo que espera el Ministerio de Hacienda, en cambio, los consumidores se irán hacia la oferta ilegal para asumir el incremento de facto.

Tal como ya lo habían indicado actores del negocio licorero, la demanda no desaparece porque suba el precio, simplemente se traslada y, en ese escenario, solamente ganarán los contrabandistas, mientras pierden las licoreras departamentales, los bares y las cadenas dedicadas al expendio legal.

Impacto social

Asobares sostuvo que son miles los empresarios del sector que podrían irse a bancarrota, pues tal como lo aseguró el gremio, ya operan con bajos márgenes de ganancia y arrastran una pesada cadena de costos desde la pandemia.

“La inflación, el aumento en los costos laborales, los altos arriendos, los impuestos territoriales y las recientes reformas han elevado de manera significativa los costos de operación. Sumar una nueva carga tributaria sobre los licores resulta regresivo, contraproducente y desconectado de la realidad económica del país”, manifestó la agremiación.

Con el cierre de establecimientos, de acuerdo con Asobares, estarían en riesgo los 1,6 millones de empleos generados por el renglón del entretenimiento nocturno.

“Elevar los impuestos al licor no solo no garantiza mayores recaudos, sino que históricamente ha demostrado generar efectos contrarios: caída en las ventas legales, fortalecimiento del contrabando y la adulteración, afectación directa al comercio formal y pérdida de miles de empleos, especialmente jóvenes (28%) y mujeres (54%). Gravar aún más a su principal insumo de venta amenaza la viabilidad de miles de pequeños y medianos empresarios, muchos de ellos familiares que hoy operan con márgenes cada vez más reducidos”, dijo el gremio.