Cementeras tienen lista la reposición ante la Superintendencia de Industria y Comercio

Después de un poco más de cuatro años de investigación, análisis de expedientes y comparación en los precios, Cemargos, Cemex, Holcim y seis altos directivos fueron sancionados por más de $202.805 millones por la Superintendencia de Industria y Comercio. La razón: cartelización empresarial para la fijación de los precios en el periodo 2010-2012.

Pese a que por ahora las cementeras rechazaron la decisión al argumentar, en conjunto, que no se incurrió en un paralelismo consciente de precios, expertos y abogados aclararon que aún existen métodos para frenar la sanción. Se trata del recurso de reposición el cual según anunció Holcim y Cemargos en comunicados de prensa están dispuestos a usar para evitar el pago de una multa que consideran a lugar.

Para llegar a esta decisión pasaron seis meses en los que el tema había sido discutido en el interior de la Superintendencia. Esto debido a que el delegado para la Protección de la Competencia alertó, en un “Informe Motivado”, que efectivamente las cementeras habían incurrido en colusión.

Es por eso que aunque en su momento Cemargos rechazó las determinaciones, la Superintendencia siguió analizando la situación y tras encontrar pruebas contundentes, ayer Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, aclaró que, tras estudiar la situación, se pudo establecer un incremento de hasta 20% en los precios.

“El precio exfábrica del cemento gris Pórtland Tipo 1 en el mercado nacional durante el período investigado 2010-2012 aumentó 29,9%, mientras que la inflación causada en ese mismo período de tres años fue de 9,3%. Es decir, en el período investigado, el precio exfábrica del cemento aumentó más de 20% por encima de la inflación”, resaltó Robledo.

No obstante, ante este pronunciamiento las empresas rechazaron la determinación. Holcim, por ejemplo, sostuvo en un comunicado “que no comparte esta primera decisión recientemente informada. La compañía entregó de forma oportuna pruebas contundentes que demuestran que estas conductas anticompetitivas nunca existieron en el mercado”.

La compañía más allá de aclarar que interpondrá un recurso administrativo, enfatizó que “considerando que en esta primera decisión, no hay un solo elemento que permita afirmar y demostrar que ha incurrido en alguna práctica anticompetitiva”.

A esta misma dinámica se sumó Cemargos, quien en cabeza de Juan Esteban Calle, manifestó que “es de resaltar que los precios de Argos en el periodo investigado (2010 - 2012) tuvieron el comportamiento esperado en un mercado en competencia al crecer en términos reales 3% por encima de la inflación en un periodo de crecimiento anual promedio del PIB del 5% y del 8% de la demanda de cemento”.

Por eso, según Emilio Archila, director del departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado y socio de Archila Abogados, “se espera que por ahora las cementeras sean notificadas de la decisión. Después de esto tienen 10 días para interponer un recurso de reposición, y ahí la SIC tendrá entre dos y tres meses pasa definir la situación. Esto se podría definir antes de marzo”. Así, el pago de la multa se podría dar hasta el próximo año.
Frente a las determinaciones de la entidad también se aclaró que al no encontrar evidencias claras se archivó la investigación en contra de Tequendama y San Marcos.

Jorge Yequel, apoderado de Tequendama, aseguró que si bien la cementera logró comprobar que no tuvo ningún acuerdo con las normas de competencia, a las empresas señaladas les quedan dos caminos: “recurso de reposición ante la Superintendencia, o demanda de la resolución ante el Contencioso Administrativo. Dependiendo los argumentos que se establezcan se podría dar una decisión, esta tardaría hasta tres meses”.

Pero no solo fueron multadas las empresas, personas naturales también deberán pagar. Según la SIC Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos; Carlos Jacks Chavarría, expresidente de Cemex; y Jaime Hill Tinoco, presidente ejecutivo de Holcim, están sancionados con de $342 millones, $272 millones y $109 millones respectivamente. Estas personas se suman a otros tres directivos de las entidades cuyas multas están entre los $80 millones y $354 millones.

Por ahora, las cementaras esperan que se les sea notificada la decisión.

Investigaciones en el sector por cartelización

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), “desde 1997 hasta la fecha, se ha adelantado cinco investigaciones contra empresas del sector cementero en Colombia con cargos de cartelización empresarial”. Aunque las tres primeras terminaron con la aceptación de compromisos, las otras dos, según la SIC, se han impuesto a Argos, Cemex y Holcim.

Frente a su pronunciamiento la entidad resaltó que estas tres compañías cuentan con 96% de participación de mercado, por lo que, en términos generales, podría ser llamado como monopolio. Esto debido a que los precios de venta, en el periodo investigado, superaron 65% a los costos de producción, generando una amplia brecha que permitió obtener ganancias supra.