Consulta previa, mecanismo que garantiza derechos comunitarios

Es precisamente esa concertación la que ha llevado a que la consulta previa, además de ser considerado como un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano de 1991, se convierta en un mecanismo de participación previo al inicio de los proyectos, con connotaciones  especiales, creado para pueblos y comunidades que por sus características, deben tener un tratamiento diferencial.

Con él, según Marcela Bayona, socia y abogada especialista en derecho minero energético y ambiental, se busca garantizar la participación ciudadana, respeto, garantía y protección de los derechos, condiciones sociales, culturales y económicas; así como de la cosmovisión, y tejido social de las comunidades étnicas, afrodescendientes y pueblos ROM, sobre los asuntos y decisiones que les conciernen, y de proyectos, obras o actividades que puedan afectarles directamente. 

Para realizarla y teniendo en cuenta la última directiva presidencial de 2013, una vez expedida la certificación del Ministerio del Interior en la que conste que se registra presencia de las comunidades, Benicio Torres, coordinador de procesos de Anteagroup, menciona los siguientes pasos: convocatoria, reuniones de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo, reuniones para la formulación de acuerdos y protocolización.

Por su parte, Bayona, menciona que como medida preventiva para realizar este proceso, es importante que se tenga un conocimiento de las comunidades a consultar, de modo que el acercamiento por parte de las empresas sea respetuoso de sus costumbres y de su forma de ver el mundo.

En cuanto al tiempo que duran estos procesos, agrega Torres que no hay límites establecidos porque eso depende del sector que se vaya a intervenir, pero pueden estar entre los cuatro meses y tres años.

Para el tema de los impactos y la traducción que estos pueden tener como medidas de compensación, es importante que las comunidades, Gobierno y el sector, concerten una metodología para poder estandarizar el manejo de ciertos impactos que son comunes a los proyectos dependiendo de la etapa en la que se encuentren. 

Según un estudio contratado por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), en 2012 se protocolizaron aproximadamente 1.440 consultas previas y durante el año anterior, cerca de  108 de estos procesos.