Contraloría reiteró que Nueva EPS tiene anticipos sin legalizar por $15,3 billones

La Contraloría reiteró que, con corte a junio de 2025, Nueva EPS tiene anticipos pendientes de legalizar por $15,3 billones, hallazgo que ya había compartido con la opinión pública tras una diligencia policial en la que revisó más de 4.000 archivos en esta aseguradora que, desde abril de 2024, está bajo control del Estado.

"La Contraloría General de la República ha venido realizando labores de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la gestión fiscal en las operaciones administrativas y financieras de los recursos públicos por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, por lo anterior, adelantó una actuación de policía judicial en la Nueva EPS para obtener la totalidad de los datos requeridos que permitieran conocer su estado administrativo y financiero, toda vez que la Nueva EPS no cuenta con los estados financieros certificados y dictaminados para las vigencias 2023 y 2024", detalló la entidad.

No obstante, en el ejercicio de estas funciones, la Contraloría indicó que ha encontrado limitaciones significativas con relación a la calidad y seguridad de los datos, pues se evidenció que la Nueva EPS no cumple con los atributos esenciales de un sistema de información que garantice la trazabilidad, consistencia y completitud de los datos; situación recurrente en el sector salud que ha promovido una dificultad para conocer el detalle del uso de los recursos de la salud en Colombia.

La contraloría detalló que evidenció lo siguiente:

1. En el marco contractual, se constata un incumplimiento sistemático del Decreto 441 de 2022 (referente al marco jurídico de contratación en el sistema de salud). La ausencia de notas técnicas, la falta de soportes documentales, la omisión en la definición de modalidades de pago y la no identificación de población objetivo, constituyen irregularidades graves. Estas prácticas impiden verificar la suficiencia financiera, fomentan la opacidad contractual y abren la puerta a riesgos de doble pago, sobreutilización de servicios y desvío de recursos públicos.

2. La Nueva EPS de manera recurrente giró anticipos a las IPS o Prestadores de Servicios de Salud con vínculo comercial y/o contractual durante las vigencias 2022 a 2025; anticipos que, para el caso de contratos por la modalidad de “pago por evento” no debieron darse, como quiera que para este tipo de contratos el giro debe ser posterior a la prestación de servicios. Debe tenerse en cuenta que a partir del año 2022 las EPS al igual que las IPS debieron acogerse a lo dispuesto por el Decreto 441 de 2022, norma que no contempla, entre otros, giros mediante anticipos de las EPS a las IPS.

3. Como resultante de lo anterior, se encuentra que, contraviniendo las disposiciones del Decreto 780 de 2016 (decreto único reglamentario del sector salud), la Nueva EPS no llevó a cabo las auditorías requeridas a las cuentas médicas, radicadas por las IPS que habían recibido ya los anticipos para la prestación de servicios de salud a los usuarios. Por tal motivo, se encuentran pendientes de legalizar $15,3 billones con corte a 30 de junio 2025.

4. Adicionalmente, si se hubiese gestionado la legalización de los anticipos de manera oportuna, probablemente se hubiesen encontrado recursos no ejecutados por parte de las IPS, los cuales debieron ser recobrados por la Nueva EPS y reintegrados al sistema de salud.

5. Por otra parte, la falta de auditoría a 13,7 millones de facturas, que equivalen a $13,2 billones, permite inferir la presunta materialización del riesgo de pérdida de recursos del Estado, derivados entre otras, de las glosas u objeciones a dichas facturas que pudieron quedar en firme, cuyo valor debería ser asumido por la Nueva EPS.

6. Por último, y no menos grave, la Contraloría encontró inconsistencias entre la información derivada del recaudo de policía judicial versus la información que reposa en las fuentes oficiales del Estado (e.g. ADRES) y lo reportado por la Nueva EPS en las bases de datos de la Contraloría (APPUI) con relación a los componentes de ingresos a la Nueva EPS y los giros realizados por esta entidad a su red prestadora de servicios y tecnologías en salud.

La Contraloría informó que continuará con las acciones de vigilancia y control fiscal, en tal sentido la delegada de salud adelantará las actuaciones correspondientes para determinar el daño y los presuntos responsables fiscales.

"En la misma vía, este órgano de control realizará requerimientos de información a los diferentes actores del sistema de salud, a través de los mecanismos ordinarios y en caso de ser necesario, se definirá la pertinencia de acudir a las facultades de policía judicial otorgadas por ley".