Copropietarios del proyecto Aquarela en Cartagena dicen: "Nos hemos sentido excluidos"

Zozobra es lo que siente Juliette Cruz frente a las dilaciones que rodean al proyecto Aquarela. Pronto se cumplirán tres años desde que la constructora Promotora Calle 47 S.A.S. le informó que el desarrollo del complejo de viviendas de interés social (VIS) estaba suspendido por una acción popular impuesta por el Ministerio de Cultura. La de Juliette fue una de las más de 100 familias que habían conseguido un apartamento en el edificio. "El inmueble iba a ser nuestra primera inversión en vivienda", afirmó.

Ella conoció el proyecto mientras consultaba la posibilidad de invertir en otro conjunto de apartamentos de la misma compañía, llamado Aqualina, en el barrio Torices. Los cupos para Aqualina se cerraron antes de que ella concretara un acuerdo, pero los de Aquarela se abrieron poco después y Juliette consiguió un apartamento en el tercer piso de la torre 2. Cuando llegó la notificación de la constructora, solo le faltaban dos cuotas para pagar la cuota inicial de la propiedad en la que había invertido sus ahorros familiares.

Luis Torres, abogado especialista en derecho administrativo y copropietario, tiene una historia muy parecida: también conoció de Aquarela mientras intentaba invertir en Aqualina, consiguió un apartamento en la torre 2, el que pudiera ser su primer apartamento, y acabó gastando sus ahorros en el proyecto. "Como comprador de buena fe, averigüé, me di cuenta de que el edificio tenía su licencia y por eso invertí mi dinero", afirma Luis.

Tanto él como Juliette viven arrendados desde hace muchos años y resaltan que les ha sido imposible conseguir otra vivienda en un sitio seguro y agradable de la ciudad. Buena parte de sus fondos ya no existen, los créditos hipotecarios que tenían son inutilizables y están próximos a vencerse.

Tomando cartas en el asunto
En días recientes, se celebró la sesión 43 del Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés). Allí, la organización aprobó la propuesta del Gobierno colombiano de tomar varias medidas, con plazo hasta el 1 de diciembre de 2020, para evitar que varios lugares del país salieran de la lista de patrimonio de la humanidad. En el caso de Cartagena, una de esas recomendaciones es demoler la torre de Aquarela.

Lo que molesta y preocupa a los compradores no es el hecho de que el edificio vaya a demolerse, sino que sienten que nadie les ha respondido por su inversión. En opinión de Luis, el asunto "se ha convertido en un problema muy mediático. Solo buscamos que nos respondan. Lo único que queremos es que se resuelva el problema, independientemente de que tengamos o no vivienda".

"No sabemos finalmente qué va a pasar con nuestra inversión. Nadie, ni el Gobierno, ni los medios de comunicación, se han interesado por nosotros los copropietarios. Es como si el proyecto estuviera solo y nada tuvieran que ver las familias que teníamos nuestras esperanzas en él", dice Juliette. "Antes de demoler el edificio, tienen que pensar en las familias", agregó.

Es por ese papel marginal que han jugado hasta ahora que los copropietarios se decidieron a entablar medidas legales más contundentes.

"Nos hemos sentido excluidos del debate. Aún no podemos interponer una demanda porque no se ha configurado el daño desde un punto de vista jurídico, pero vamos a intervenir, a través de una coadyuvancia, dentro de la acción popular que está en curso contra el proyecto y a recopilar evidencia de los perjuicios. Cuando llegue el momento, presentaremos una demanda y exigiremos formas de reparación directa", explica Luis.

Alberto Escovar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, aclara que esta institución no tiene obligación alguna de reunirse con los copropietarios, lo cual explica, por qué no fueron incluidos desde el comienzo dentro los procesos legales contra Aquarela. "En estos momentos la única que debe responderles es la constructora", afirmó.

Afectaría el turismo local
El director de Patrimonio del Mincultura afirmó que "ser parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad es un gran honor. De perder la investidura, el mensaje que se le mandaría a todo el mundo sería negativo, pues diría que no le prestamos suficiente atención a Cartagena".

Ser patrimonio de la humanidad equivale a recibir ayuda especial de organismos internacionales. "Icomos, una ONG especializada en patrimonio cultural, envía una comisión a verificar el estado de esos lugares y brinda asesoría sobre cómo conservarlos. También se puede recibir apoyo económico del Centro de Patrimonio Mundial con ese motivo", explicó Escovar.

Salir de la lista de la Unesco también podría tener consecuencias para la economía turística de Cartagena, situación que se ha puesto sobre la mesa varias veces. "El valor excepcional que contiene nuestra ciudad en materia de cultura e historia han sido fundamentales en la consolidación de Cartagena de Indias como destino turístico", afirma Irvin Pérez Muñoz, presidente de Corpoturismo.