Descartan irregularidad de interventora en caso DMG y niegan solicitud de remoción

La Superintendencia de Sociedades, en cabeza de Billy Escobar, realizó una audiencia pública dentro del proceso DMG Grupo Holding S.A que se encuentra en liquidación judicial como medida de intervención, en la cual se resolvió el incidente de remoción promovido contra la agente interventora.

Durante la audiencia, el juez indicó que el objeto único de la diligencia era determinar si en la gestión interventora hubo irregularidades de su parte que configuraran la causal de remoción alegada.

La solicitud de remoción se negó con los siguientes argumentos: según las pruebas que se allegaron al proceso y que obran en el expediente, se pudo establecer que, por los mismos hechos, la interventora fue investigada en la jurisdicción penal y en la jurisdicción disciplinaria; se aportó en fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en el que se determinó que, por las mismas conductas descritas en el incidente, no existió responsabilidad disciplinaria de la agente interventora, entre otros.

Así consta en un comunicado oficial de la Superintendencia de Sociedades.

Además, de acuerdo con las pruebas del expediente, se concluyó que, por los hechos señalados por el solicitante, no se configuraron las causales de remoción alegadas en el proceso judicial. Este proceso se encuentra actualmente en etapa de adjudicación de un inventario adicional ya aprobado y se realizan las actuaciones dirigidas a satisfacer las devoluciones pendientes de pago.

De esta manera, la Superintendencia de Sociedades seguirá realizando las gestiones pertinentes para lograr que el proceso transite de manera rápida en beneficio de los afectados.

Valga recordar que el caso de la pirámide DMG fue el de una captadora ilegal de dinero creada por David Murcia Guzmán, quien está cumpliendo una condena por el hecho.

Este año se conoció, además, que el Estado colombiano deberá enfrentar una demanda interpuesta por la liquidadora de DMG. Las pretensiones de la demanda alcanzan más de $55.000 millones y corresponden a dos demandas que cursan en el Consejo de Estado.