El encanto de Colombia se diluye por los reveses a las empresas Claro y Movistar

En los últimos días de junio se encontraron en el balneario de Cartagena altos ejecutivos de Telefónica y América Móvil con sus pares del resto de la industria; fue durante un congreso de telecomunicaciones y hasta allí los acompañaron funcionarios del gobierno nacional colombiano que diseñan y ejecutan la política pública de ese país para el sector. De entre los temas de IoT, video o acceso universal a la banda ancha que platicaron en público, también tocaron fuera de foco el espinoso asunto de 1994 sobre la reversión de activos por parte de Claro y Movistar a favor del Estado.

Ya por la tarde de la última fecha de conferencias, un viernes, hubo versiones de que las partes habían empezado a tejer consensos para desaparecer en definitiva y en buenos términos para todos a un fantasma que durante 23 años ha venido espantando el sueño a Comunicación Celular de América Móvil (Comcel-Claro) y a Colombia Telecomunicaciones de Telefónica (Coltel-Movistar), aunque al final no ocurrió así.

Inclusive, un viceministro afirmó horas antes a unas trescientas personas que las buenas relaciones industria-gobierno y el proceso de paz con la guerrilla ahora abrían el campo para “montar una torre por cada rifle entregado” en las zonas históricamente desconectadas, empujando todavía más la conectividad en el territorio colombiano, hasta esas 16.5 millones de personas que todavía no conocen un buen servicio de Internet.

Pero esta intención, así como los buenos vínculos empresa-Estado y el liderazgo de Colombia como un país creativo de políticas públicas de avanzada en América Latina en cuanto telecomunicaciones o TICs pierden empuje y se quedan en entredicho por el fallo de un tribunal local que sentencia a las filiales de AMX y Telefónica a desembolsar, en combinación, alrededor de US$1,585 millones como compensación por una polémica devolución no cumplida de activos físicos e intangibles, previsto en los contratos de concesión de Comcel y Movistar de 1994, pero que después fue derogada y luego no.

La decisión de los juzgados además quita brillo a la imagen de Colombia como un país atractivo para la inversión, pues el monto económico que Movistar y Comcel -ambas subsidiarias de multinacionales extranjeras- deben cumplir ante el Estado colombiano supone en equivalencia el dinero total que toda la industria de telecomunicaciones invierte en más de un año en el país suramericano.

Cálculos a botepronto de diversos analistas sugieren igual que el dinero demandado por los jueces como cumplimiento supone un tercio de todo lo ingresado por Movistar y Comcel en su ejercicio del 2016; entre el 29 y 32% del dinero levantado en Colombia por ambas marcas en ese año.

Lo que impacta a la industria colombiana de telecomunicaciones trastoca a toda la economía de esa nación: las aportaciones del sector telecom, que emplea a unas 70.000 personas, equivalen al 3.8% del PIB de Colombia, Así fue en 2016, según la Gsma, y un cumplimiento de deberes como mandata el fallo del tribunal obligaría a las telefónicas implicadas a redefinir sus planes de inversión en el despliegue de nuevas redes con servicios avanzados, al menos a la baja en aquellas zonas donde los mercados aún no son tan rentables.

Además, una de las empresas obligadas a cumplir con el mandato del juez, Claro, es la marca mejor valorada en toda Colombia y la quinta de Latinoamérica, más que, en ese orden, la petrolera Ecopetrol, los financistas Bancolombia y el Banco de Bogotá o las competidoras ETB y Tigo, según Millward Brown Optimor, de ahí que las acciones y oraciones sobre esas compañías repercuten en todo el sector económico local.

Colombia es por estos días uno de los mercados con mejor sex appeal en Latinoamérica para las multinacionales de todas las industrias, porque posee una economía que avanzará 2,6% este año, más que el promedio general de la región; una moneda que se ha mantenido estable a lo largo del 2017, pues su divisa se había depreciado 0,34%, hasta el viernes pasado en el acumulado de casi ocho meses; porque también mantiene el desempleo más bajo en 16 años, en 87%, y 22,8 millones de colombianos tienen trabajo; medio millón encontraron empleo sólo en junio, y ese ambiente económico se ve reforzado por la que parece ser la solución definitiva al problema de la guerrilla, todas, cifras presumidas por el gobierno y respaldadas por el FMI.

Esos números también los conocen los actores de la industria de telecomunicaciones, que no dejan, o hasta hace unas semanas, en Cartagena, no dejaban de presumir y poner a Colombia como ejemplo sobre lo que otras naciones deben emular en el sector y por eso hasta Colombia la industria ha llevado sus foros internacionales más importantes, allí, donde México y su reforma han llegado a ser opacados por los ejemplos colombianos en logros de banda ancha, despliegues de redes 4G LTE o acerca de un proyecto nacional de red de fibra óptica que bien puede ser la envidia de muchos países.

Colombia es en realidad una de las pocas naciones en este hemisferio que ofrecen certeza a la inversión: mientras Brasil y Venezuela se hunden en crisis políticas y económicas, o en lo que Argentina regresa a los mercados de capitales, al tiempo que Perú y Chile maduran más sus economías, el país colombiano promete respeto a la inversión, con legislaciones modernas apegadas a la realidad de mercado, pese a que en este caso en particular la ley empata más con políticas públicas latinoamericanas de los años 60s para telecomunicaciones.

La decisión de los jueces respecto a Movistar y Comcel, dice Gustavo Fontanals, analista telecom en la Universidad de Buenos Aires (UBA), golpea esa imagen de país moderno y arropador que Colombia ha intentado crearse desde los atribulados años de 1990.

“La sanción es muy dura y las empresas seguro van a buscar negociar. Estoy seguro de que ni la Presidencia ni el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones querían esto. Es muy duro, porque es pelear con dos empresas muy grandes que manejan servicios esenciales, que generan alto empleo, pago de impuestos y que tienen una alta capacidad de inversión, y puede que también es mala señal para otros inversores”.

Más que señales, el fallo del tribunal despierta las dudas de los analistas sobre quién pagará la parte correspondiente de Movistar respecto esta reversión de activos, pues el Estado es dueño del 32% de la subsidiaria local de Telefónica en Colombia. Si el dinero para cumplir con el compromiso saldrá de los bolsillos de Movistar o del erario del país, es un tema que no tardará en definirse, como tampoco deberá soslayarse que pronto esta historia se verá presionada por el hecho de que el Estado colombiano tendrá que inyectar capital para garantizar las pensiones de cerca de 15.000 trabajadores de Movistar, de la extinta Coltel.

Y el agregado al caso Movistar-Comcel vs Estado colombiano es el hecho de que está en ciernes la subasta de espectro radioeléctrico en la banda de los 700 MHz. Son 90 MHz de ancho de banda que servirán para impulsar la cobertura de servicios móviles en esas regiones del país aún desconectadas, en particular en aquellas que habían sido privadas de accesos porque operaba allí la guerrilla.

La licitación del espectro en 700 MHz ya se ha visto envuelta en la polémica por la manera en que debe adjudicarse, en los llamados caps permitidos por operador y en el precio de la misma banda, ya que no todos los operadores tienen el mismo músculo financiero para entrar en competencia por un tramo de frecuencias.

“El fallo no implica que las empresas se van a ir de Colombia. Si en la última instancia terminan Claro y Movistar pagando, las consecuencias van a repercutir para todos. Puede ocurrir que las termine pagando el mercado; lo consumidores”, plantea Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom Policy & Law.

“En un caso de astringencia financiera las empresas trabajarán a su máxima eficiencia, reduciendo costos y quizá hasta inversiones; tal vez no van a desplegar a tiempo suficientes inversiones para empujar la cobertura, lo que sí terminará pegando a los pobres en su derecho al acceso a esos servicios. Estos proyectos de Colombia expandir la cobertura y las capacidades de banda ancha en esas zonas donde estaba la guerrilla simplemente no podrá cumplirse a tiempo”.

La última subasta de espectro en Colombia, de 2013 y calificada de exitosa por el gobierno, recaudó 400 millones de dólares, casi cuatro veces menos que la cantidad establecida por los tribunales para Movistar y Comcel en el asunto de la reversión de activos.

Colombia es el cuarto mercado de telecomunicaciones móviles en América Latina. Brasil, México y Argentina son los otros gigantes de la región. Pero en materia de espectro colocado para servicios móviles, Colombia está a media tabla: los 355 MHz explotándose a la fecha suponen el 27% de lo mínimo recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en 2015 y el 18% para lo mínimo requerido en el año 2020. Por ello es importante que la subasta en los 700 MHz resulte un éxito.

La semana pasada, el martes 25, se conoció que un juez falló en contra de América Móvil y de Grupo Telefónica en su intención de evitar la reversión de activos de las filiales Comcel y Movistar. El fallo era resultado de una polémica por la devolución o no de activos y la manera, en su caso, en que ésta deberá realizarse, en especie o monto económico, por parte de Movistar y Comcel.

La intrincada controversia inició en 1994, cuando Comcel, Occel y Celcaribe, transformadas en 2012 en Claro, y Bellsouth, hoy Movistar, aceptaron retornar al Estado elementos de infraestructura como radiobases, antenas y cableados, así como 25 MHz de espectro radioeléctrico en la banda de 850 MHz y más otros 15 Megahercios en las frecuencias de los 1900 MHz, todo cuando vencieran los permisos de explotación, en marzo del 2004.

Pero distintas reformas a la legislación en la materia, ejecutadas a su vez en distintos años, más resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y tribunales a distintos niveles complicaron más la controversia de la reversión.

Inclusive, desde el Congreso se propuso crear una nueva empresa estatal de telefonía con los activos que fueran revertidos al Estado, polemizando todavía más esta historia.

Las marcas ya dijeron por separado que pelearán en instituciones internacionales la decisión del tribunal. Tanto Movistar como América Móvil, controladora de Claro, irán al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a buscar una solución y de paso, AMX buscará el cobijo del TLC México-Colombia.

“Entiendo que los tribunales de arbitramento en Colombia no tienen segunda instancia, entonces quizá busquen otra causal de anulación. Lo que sí es seguro, que buscarán negociar o demorar los pagos y alegarán para ello cambios en las leyes”, plantea Gustavo Fontanals, de la UBA. “Pero mientras recurren al Ciadi, no se frena la decisión local”.

En el Ciadi o en la Organización Mundial del Comercio (OMC), el asunto contra la decisión de la corte local podría llevarse hasta cuatro años de desahogos, un tiempo extenso que terminaría por impactar al despliegue de las inversiones de Claro y Movistar en Colombia.

Y Colombia no es el único dolor de cabeza para esas operadoras en América Latina. En Perú las dos marcas son investigadas por presuntas prácticas anticompetitivas contra otros competidores. En México, Movistar no logra resistirse de quedarse a la zaga en el mercado móvil y en Guatemala, AMX investiga a su filial sobre presuntos apoyos indebidos a políticos hoy perseguidos por la justicia.

Ahora, “algunos en el gobierno y la misma sociedad de Colombia lo verán todo como un triunfo de la legalidad, pero habrá que tener cuidado de que el corto tiempo no termine siendo un fracaso para el despliegue de redes e infraestructura”, dice Jorge Fernando Negrete, de Mediatelecom Policy & Law.

“Es extraño que Colombia, un país de espacio libre para el debate y la innovación de políticas, vaya en sentido contrario a las manecillas del reloj y que ahora esté mostrando esa cara de que al mismo tiempo es regulador, creador de política pública y empresario, lo que significa que no tiene neutralidad regulatoria”.