Construcción

El proyecto Lagos de Torca al norte de Bogotá tiene en disputa a Aopa con Amarilo

Gráfico LR.

Amarilo dijo que cumple con estudios acústicos y alturas para evitar problemas de ruido y tragedias con los aviones que salen de Guaymaral

Cristian Acosta Argote

Amarilo está desarrollando actualmente, junto a otras seis constructoras, lo que la empresa llama “el proyecto urbanístico más grande de Bogotá”. Es una extensión de 1.800 hectáreas donde se erigirán alrededor de 130.000 viviendas. La empresa aseguró que la construcción de esta iniciativa inmobiliaria tendrá “vivienda de alta calidad y altos estándares urbanísticos”.

Tendrá, además, 40% del área útil de cada plan parcial destinado para el uso de vivienda VIP y VIS, en 20% cada una; con ello se busca generar casas multiestrato. Sin embargo, el proyecto de la constructora ha tenido una confrontación legal con la Asociación de Pilotos y Propietarios de Aeronaves, Aopa, la cual argumentó que hay un riesgo potencial para los compradores, así como para la operación del Aeropuerto de Guaymaral. Es importante recordar que Amarilo tiene algunos proyectos dentro de Largos de Torca.

Han sido semanas de confrontaciones legales y mediáticas: Aopa aseguró el pasado 18 de junio que el proyecto Lagos de Torca no cumple con las disposiciones legales sobre el ruido permitido en las construcciones de vivienda; también vaticinaron “una tragedia para los futuros adquirentes de los inmuebles”.

Amarilo, sin embargo aseguró que el proyecto empezó con un decreto que estableció las reglas en materia ambiental y urbanística para desarrollar las más de 1.803 hectáreas del proyecto. “La columna vertebral, a parte de generar vivienda, es recuperar los ecosistemas primarios y complementarios de la zona, los cuales se han visto afectados por la autopista norte. Lagos de Torca no está en medio de la reserva Thomas Van Der Hammen. Para este gran desarrollo, el Distrito delimitó 34 planes parciales, los cuales financiarán obras de carga general, como infraestructura vial, servicios públicos, zonas de saneamiento básico, alcantarillado y recuperación ecológica”, dijo Daniel Galvis, gerente de desarrollo de negocios de Amarilo.

En relación con la reglamentación del ruido permitido alegado por Aopa, la constructora afirmó que cuenta con los permisos ambientales. Tanto la Secretaría de Ambiente como las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, llegaron a acuerdos con Amarilo sobre la reglamentación que todo desarrollador de proyectos debe cumplir en materia de norma ambiental de ruido. Margarita Llorente, vicepresidente jurídica de la constructora, explicó que se estudió a fondo el impacto sonoro no solo del aeropuerto, sino de las fuentes aledañas al proyecto.

“De ahí que nuestro ejercicio técnico nace porque las medidas de mitigación de ruido le corresponden al desarrollador. Tuvimos la responsabilidad de hacer los estudios acústicos y debemos garantizar que el confort acústico se cumpla, así como ya hemos hecho con otros proyectos cerca al Aeropuerto El Dorado”, dijo. El modelo de atenuación fue la metodología escogida, según Llorente, para llevar a cabo la medición de los decibeles de las aeronaves que despegan en sentido occidente - oriente en el aeropuerto. Es importante recordar que Guaymaral está a 1,5 kilómetros del proyecto. Los resultados de dicha metodología arrojaron que la verdadera fuente sonora no era el aeropuerto en sí, sino las vías de carga general y el nivel de servicio que prestarán en el futuro.

“Este estudio acústico nos arroja unas recomendaciones sobre los niveles de grosor de la ventanería, el cual de manera responsable debemos tener en cuenta según la metodología para implementar las ventanas correctas”, aseguró Galvis. El otro punto que está en disputa con Aopa es el riesgo de operación aeroportuarias. Amarilo aseguró que la Aeronáutica Civil evaluó las alturas de cada área y se están cumpliendo con los parámetros de construcción, en ese sentido.

Por otro lado, hay una zona llamada “El Roble” en la construcción, fracción del terreno que es el origen de las reclamaciones de Aopa. La constructora aseguró que el problema radica en que el sobrevuelo que están haciendo los pilotos sobre este terreno no está permitido. “El despegue occidente - oriente, según el manual de operaciones del aeropuerto, dice que para los tramos de ascenso se debe tener como punto de referencia para un viraje al Centro Comercial Bima y la autopista norte. Ellos han cometido una infracción porque van por encima del predio y Bima es el punto de referencia. El mensaje es que si las dos partes cumplen, los pilotos con las rutas de vuelo, y nosotros con la altura, no debe existir ningún riesgo”, aseguró Llorente. Asimismo, Amarilo dijo que el Distrito se pronunció de manera unificada sobre este tema, reuniendo todas las posturas de las entidades.

Aopa pidió medidas cautelares y acerca de la decisión Llorente dijo que se opusieron tanto la empresa como el Distrito y la Procuraduría, pues “no hay argumentos fundados”.

Altura de las edificaciones

Amarilo presentó un documento en relación con el permiso de las alturas de cada conjunto de viviendas. El proyecto está dividido en cuatro áreas. La primera tiene un permiso de altura máxima de 29 metros, mientras que la segunda tiene permitido construcciones de hasta 49 metros, siendo este el tramo más alto de Lagos de Torca. El área tres y cuatro podrán construir verticalmente entre 32 - 45 metros y 40 - 49 metros, de forma respectiva.

“Son cuatro grandes polígonos, en cada uno se llega desde 29 metros hasta 49 metros. Con base en esas cifras debemos revisar cada proyecto según su localización. Este plan parcial transitó una formulación ante la Secretaría Distrital de Planeación, así como las de Movilidad y Ambiente: hubo un concertación y adopción del proyecto. Esto tiene un sinfín de componentes técnicos y hay uno que trata sobre la altura que nos permitió la Aeronáutica Civil en 2016. Esta entidad lo ha ratificado hasta seis veces y dice que es correcto. Debemos recordar que la misión de la Aerocivil es establecer las alturas en el sector. Es un proceso complejo en el que participan múltiples autoridades”, aseguró Llorente.

El plan parcial del que habló la constructora está sustentado por el Decreto 653 del 30 de octubre de 2019, el cual fue verificado técnicamente para avalar la viabilidad del proyecto.

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