Empresas de practicaje habrían pactado precios 20% más caros en algunos puertos

Las firmas investigadas prestan un servicio de asesoría para facilitar las maniobras náuticas que se realizan con las embarcaciones. La idea de Quiñones, según la SIC, se divulgó en la reunión de la junta directiva que lideró la Asociación Colombiana de Empresas de Practicaje (Aceprac), el 25 de enero de 2012, en el Club Militar de Bogotá.

Al encuentro también habría asistido el presidente de la Asociación Nacional de Pilotos Prácticos (Anpra). “Estas empresas habrían acordado el porcentaje que por concepto de costos habrían de cobrar o cargar a sus clientes. La Superintendencia, con las pruebas que en su momento trajo la Asociación de Empresas Navieras y otras recaudadas en el curso de una investigación preliminar, encontró que habría mérito para formularles pliego de cargos por una práctica restrictiva de la competencia”, dijo Jorge Sánchez, delegado para la protección de la competencia de la SIC.

Tras la reunión, según la resolución 36.503, “algunas de las empresas habilitadas para la prestación del servicio de practicaje implementaron el porcentaje adicional que se habría acordado cobrar”. 

Las compañías contra las que se formuló el pliego de cargos, y que operan principalmente, en los puertos de Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Turbo son: Servicios de Pilotaje de Buenaventura, Pilotos Prácticos del Pacífico, Operadores Fluviales y Marítimos Río & Mar Pilotos, y Pilotos  del Puerto de Barranquilla.

Además, están vinculadas Servicios Técnicos Marítimos, Pilotos Marcaribe, Prácticos y Marítima y Baupres. La medida de la SIC, además, involucra a los dos gremios presentes en la reunión en el Club Militar.

Junto a estas compañías, el pliego de cargos también se dirige a 11 altos directivos y exdirectivos porque, al parecer, habrían colaborado con la supuesta cartelización que investiga la SIC.

El órgano de control  terminó vinculando no solo a quienes tuvieron una participación activa, sino también a aquellas que “no manifestaron expresamente su desacuerdo”.

De acuerdo con Sánchez, el proceso de investigación va en la primera etapa. Ahora, las firmas tendrán la oportunidad de defenderse, pedir pruebas y presentar testigos.

Jairo Rubio, exsuperintendente de Industria y Comercio, añadió que, tras esto, “viene el auto en el cual la Superintendencia decreta las pruebas que solicitaron los investigados, más las que se puedan decretar por oficio. Después, se acaba el periodo probatario”.

En caso de que se encuentre que, efectivamente, hubo una violación al régimen de libre competencia, se les puede imponer multas de hasta $68.945 millones a las personas jurídicas y $1.378 millones a las personas naturales.

Por ingresos, dominan 58,3% del mercado
Según el análisis de la Superintendencia, las empresas involucradas dominan 58,3% del mercado, si se juzga su participación por los ingresos recibidos. En total, para 2012, las firmas involucradas tuvieron ventas por $19.372,3 millones. Los ingresos totales de las empresas de practicaje, para ese año, fueron de $33.000 millones. Entre esas, la que mayor cantidad de ingresos tuvo fue Tecnimar, con 14,7% del total; seguida de Baupres, que obtuvo ingresos cercanos a12,3% del total.

Las opiniones

Jairo Rubio
Exsuperintendente de Industria y Comercio
“Ahora las personas tienen un plazo de 20 días hábiles para solicitar y aportar las pruebas que pretenden hacer valer dentro de la investigación”.

Jorge Enrique Sánchez
Delegado para la Protección de la Competencia de la SIC
“Lo que sigue es que las empresas tengan la oportunidad de pedir pruebas y presentar sus testigos. En la práctica de pruebas y demás podrían tomarse otros seis meses”.