En diciembre se definirá destino de Afinia en la Costa Caribe, filial de energía de EPM

La situación financiera de Afinia se ha tornado insostenible y aquella esperanza que brilló al entrar en funciones, esa que apuntaba a una relación gana-gana entre prestador y consumidores, se apaga conforme pasan los días.

John Maya Salazar, gerente general de EPM, confirmó ayer que hay interés en venderle las acciones de esa filial al Gobierno, pues tal como lo comentó, el Estado tendría un mejor margen de maniobra frente a la operación en la costa Caribe.

Las cuentas son claras: las inversiones en infraestructura por parte de Afinia, hasta ahora, suman $2,2 billones, pero esa inyección de capital no se está amortizando y no hay retorno. Según Maya, el déficit histórico totaliza $4 billones y hay varios factores que lo han exacerbando en los últimos años.

El primero es la opción tarifaria; un saldo rojo a cargo del Gobierno que suma $1,5 billones; este se suma al monto pendiente de los subsidios al consumo y a los impagos de las facturas generadas.

De acuerdo con el gerente de EPM, hay 926.000 consumidores que evaden el pago y generan una cartera pendiente cercana a $1 billón. Es decir, más de 54% de los 1,7 millones de usuarios no está al día.

“Las condiciones en las comunidades se han vuelto muy difíciles, hay varias a las que hace un año no hemos podido entrar ni para hacer mantenimiento”, señaló.

¿Hasta cuándo?

Al consultarle cuál sería el límite de tolerancia con Afinia, respondió que la expectativa apunta a tener una decisión hacia diciembre de este año; para ese punto se estima que ya habría una respuesta del Gobierno sobre la cesión de ese 100% de las acciones.

De lo contrario, señaló que sería necesario replantear el plan de inversiones que se tenía previsto para los próximos años y que está por el orden de $5 billones; recursos que están orientados a optimizar la infraestructura.

Todavía no hay una valoración para esas acciones de Afinia, lo que sí confirmó es que, de momento, no se ha considerado solicitar una intervención de la empresa, tal como hizo Air-e, la compañía que cubre los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Afinia y Air-e son herederas de Electricaribe, una organización de capital español que fue intervenida en 2016 ante los problemas en la prestación del servicio. Sin embargo, desde ese momento se mencionaban las complejidades de recaudo que existían en la región, especialmente por las conexiones ilegales y el impago de facturas.

Air-e endilgó una parte de su mala situación al precio del kilovatio en bolsa, un señalamiento que ha sido recurrente este año y por el que solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, una investigación a cinco empresas generadoras, entre esas, EPM.

Acolgen, gremio que agrupa a las operadoras del parque generador, respondió a las acusaciones y aseveró que la falla de Afinia estaría asociada con la opción tarifaria.

“Air-e, a diferencia de otras compañías como Afinia, decidió recuperar aceleradamente los montos de la opción tarifaria en un plazo de un año, incrementando en más de $260 por kilovatio - hora el cobro que realiza a sus usuarios. Este incremento es la explicación de porqué a los usuarios en el Atlántico les ha subido la tarifa más del doble”.

“La peor decisión”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, comentó que “la peor decisión que ha tomado la compañía en muchas décadas fue entrar a operar el sistema de energía en varios departamentos de la costa a través de una filial como Afinia”.

“Las pérdidas son grandísimas y ponen en riesgo a EPM y toda su matriz, ponen en grave riesgo al distrito de Medellín, porque las transferencias a la ciudad, en gran medida, dependen de las utilidades”, añadió.

Afinia, junto a Tigo, sería otro activo poco estratégico hoy para el portafolio de EPM, que es además la más grande de Antioquia por la cuantía de sus ingresos: durante el ejercicio de 2023, facturó $37,5 billones.