En standby, 200.000 conductores de Uber, Picap y apps de ese tipo

Al menos 200.000 colombianos obtienen ingresos a través de su labor como conductores de las plataformas tecnológicas Uber y CAP Technologies (Picap); así como de aplicaciones de ese tipo (Beat o Didi), que, a pesar de no contar con autorización de operación para la prestación del servicio de transporte en Colombia, llevan varios años ofreciendo su asistencia.

Precisamente, por operar de manera ilegal, recientemente dos superintendencias tomaron acciones judiciales en contra de las dos compañías que, a primera vista, afectarían su presencia en Colombia. Sin embargo, las dos aplicaciones aseguraron que sus servicios continuarán con normalidad hasta que no se cumplan todos los trámites legales.

Inicialmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la suspensión del servicio de Uber, que agrupa a 88.000 socios conductores, porque determinó que incurrió en actos de competencia desleal por la violación de normas y desviación de clientes “al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte”, tras una denuncia interpuesta por Cotech, proveedor de Taxis Libres.

Al respecto, la compañía que llegó a Colombia en 2014 y que ya tiene presencia en 12 ciudades, rechazó la decisión y señaló que va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, viola el debido proceso y refleja un acto de censura. El fallo “resulta contradictorio con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el Gobierno defiende y promueve”, dijo Uber. Por ello, la empresa apeló esa decisión ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

Por su parte, la SuperTransporte ordenó la toma de control de Picap y convocó a la firma a un proceso de liquidación ante la SuperSociedades porque utiliza tecnología “con el fin de prestar servicio de transporte público en vehículos no homologados para ello (entre los que se encuentran las motocicletas), lo que corresponde a una actividad ilegal y sobre todo insegura para los usuarios”.

Picap, que registra un poco más de 100.000 conductores afiliados, mantiene presencia en 12 ciudades y realiza 80.000 viajes diario, también mostró su desacuerdo con el fallo y argumentó que, mientras surte el trámite respectivo frente a la decisión, el funcionamiento de la plataforma no tendrá ningún cambio para los usuarios.

Ante ambas decisiones, el presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá, Carlos Eduardo Peña, señaló que, aunque en principio es positivo, el Gobierno debe “tener mano dura y decidir de una vez qué acciones concretas tomará para impedir que vehículos particulares continúen prestando el servicio de transporte.

Además, advirtió que, sumados a los 800.000 conductores que actualmente laboran, el gremio tiene al menos 80.000 vacantes “con todas las garantías”.

Finalmente, Uber le envió la siguiente carta al Gobierno en señal de rechazo y recordó los más de $70,000 millones que ha dejado a las arcas de la Nación a través del impuesto IVA, entre otros detalles.

Desde hace 6 años Uber ha sido parte del desarrollo del país y ha mejorado las opciones de movilidad de millones de personas. Hoy es una opción tecnológica para más de dos millones de ciudadanos en Colombia y contribuye en la generación de oportunidades para más de 88.000 socios conductores, muchos de ellos discapacitados, mujeres y cabezas de familia, que han optado por una alternativa de autoempleo flexible para mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, el pasado 20 de diciembre la Superintendencia de Industria y Comercio de manera sorpresiva e inédita produjo un fallo en contra del ordenamiento jurídico colombiano.

El fallo, contrario a las pruebas, ley, jurisprudencia y conceptos de esa entidad, violó el debido proceso y los derechos constitucionales, ordenando el cese de prestación de servicio de Uber. Un fallo que afecta principalmente a usuarios y socios conductores, reniega de la tecnología como elemento vital para la movilidad de las personas, y que tiene la potencialidad de perjudicar todo el ecosistema digital en el país.

Además de violatoria del derecho, esta decisión, que resulta contradictoria con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el Gobierno nacional defiende y promueve. Nuestra prioridad es proteger los derechos de la comunidad que utiliza la aplicación.

Decisiones como estas afectan el progreso científico y tecnológico, y perjudican la capacidad de generar o implementar modelos disruptivos necesarios para el bienestar continuo de una sociedad y son en buena parte, consecuencia de la ausencia de una reglamentación expresa del servicio privado de transporte a través de plataformas tecnológicas.

Por ese motivo hoy pedimos, más que nunca, que se generen espacios con todos los actores- Gobierno, Congreso, gremio de taxistas- con el fin de generar una hoja de ruta que avance en ese propósito, en un marco de respeto y convivencia. La viabilidad de todo un ecosistema de movilidad, no solo de Uber, está en riesgo si no se asume esta postura.

Mientras se expida una reglamentación adecuada a la movilidad colaborativa, continuaremos reforzando nuestro compromiso con Colombia como lo hemos hecho desde el inicio.

Respetando la ley tributaria colombiana, en el último año y medio Uber ha aportado más de $70.000 millones en IVA por prestar servicios de tecnología desde el exterior. Uber no es el problema, es parte de la solución. Los tiempos cambian y es fundamental que las normas de cualquier país en el mundo logren adaptarse a la forma en la que evolucionan las sociedades.

Hoy, lamentablemente, y por cuenta de este fallo, esa brecha es más grande. Crear una regulación específica que desarrolle y fomente el uso de alternativas de movilidad intermediadas por la tecnología y que, sobre todo, tenga como principio fundamental privilegiar el bien común de los ciudadanos es la tarea y respetar los derechos constitucionales de millones de colombianos.