Estatuto Anticorrupción podría afectar a la alemana SAP International Inc.

La información que publicó el FBI asegura que, a finales de 2009, SAP buscó un contrato de varios millones de dólares para proporcionarle a una agencia estatal panameña un paquete de actualización de tecnología. García, siempre siguiendo la versión que le entregó al FBI, “conspiró con terceros, incluyendo asesores y consultores de SAP, para pagar sobornos a dos funcionarios del Gobierno de Panamá”. 

El primer artículo del Estatuto Anticorrupción asegura que las personas naturales que hayan sido condenadas por delitos relacionados con el soborno transnacional pueden ser inhabilitadas para contratar. La ley asegura que “esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales personas” o a sus matrices subordinadas”. La sanción se podría extender por un término de veinte años. 

El vicefiscal General Guillermo Mendoza Diago aseguró que la lógica de este artículo es “sacar de esas actividades contractuales a las personas que tengan cuestionamientos”. Además, dijo que cualquier fallo condenatorio proferido en el exterior debe generar una inhabilidad y no puede restringir el hecho de que la sentencia no sea en Colombia. El abogado también dijo que no importa que la persona condenada ya no sea socia de la compañía, porque “por lo regular esas contrataciones con el Estado es a través de personas jurídicas”.

Sin embargo, Enrique Gil Botero, ex magistrado del Consejo de Estado, advirtió que la norma no es muy clara porque  “está muy mal redactada”. El abogado explicó que, incluso, en algunos casos la ley daría a entender que la condena se tiene que dar en Colombia, por lo que hay que revisarla muy bien porque podría tener “efectos nefastos frente a la inversión extranjera”. 

El Exmagistrado expresó que, incluso, el hecho de que el supuesto delito se haya cometido antes de la creación del Estatuto dificultaría su aplicación. “La norma no existía y no puede ser retroactiva. Usted no puede aplicar una norma de 2011 a conductas que se cometieron en 2009”, dijo el jurista. 

LR se contactó con SAP Colombia pero aseguraron que no se están pronunciando sobre el tema. Sin embargo, según información de la compañía, en el país tienen iniciativas de responsabilidad social con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de las TIC. Con este último, se anunció un convenio para fomentar el teletrabajo. También, tienen relaciones con la Federación Nacional de Cafeteros y la Corporación Matamoros. En 2013, tuvo contratos con la Gobernación de Cundinamarca y con la dirección general de Sanidad Militar y en 2014 con la Secretaría de Servicios de la Alcaldía de Medellín. Según el FBI, la sentencia de un juez del distrito de California está programada para el 16 de diciembre de 2015.  Precisamente, Mendoza Diago aclaró que primero tiene que haber una condena para que se pueda aplicar la norma. 

Gobierno espera un concepto del Consejo de Estado
Cuando se presentó el escándalo de Odebrecht, después de que su presidente Marcelo Odebrecht fuera capturado en Brasil, Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, anunció que el Gobierno Nacional elevó un concepto jurídico al Consejo de Estado para que se pronunciara sobre la interpretación que se debe dar al artículo 1 y al 34 del Estatuto Anticorrupción. La consulta fue elevada con carácter de urgente, según el funcionario.

Las opiniones

Enrique Gil Botero
Exconsejero de Estado
“Hay que mirar con detenimiento la norma, porque parece ser que las condenas tienen que haberse dado en Colombia, no en el exterior”.

Guillermo Mendoza diago
Exvicefiscal General de la Nación
“Tenemos que reconocer que algunas decisiones que se toman en el exterior pueden tener efectos en Colombia. Esos fallos pueden hacerse valer acá”.