Barreras de acceso e intermitencia del servicio, quejas de afiliados a EPS intervenidas

En la tarde del martes, la Superintendencia de Salud anunció una nueva intervención a otra Empresa Prestadora de Servicio en Salud, EPS, esta vez el turno fue para Sanitas.Desde la Supersalud se anunció que el motivo de esta intervención se basó en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación.

Con esta intervención, la entidad toma el control financiero de la misma por medio de un interventor y el nombramiento de una nueva junta directiva. Sin embargo, para Denis Silva, vocero de la Asociación de Pacientes de Colombia, allí nace uno de los primeros conflictos: estas juntas directivas están compuestas de ideólogos y no de técnicos especializados en salud, lo que acrecienta la incertidumbre sobre el futuro financiero de las EPS.

A propósito del interventor, Duver Dicson Vargas Rojas fue la persona designada por la Supersalud ante la EPS Sanitas. Antes de asumir su nuevo cargo, Vargas fungía como el interventor especial del Hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar. Así mismo, fue el subgerente administrativo de los hospitales de Villavicencio y San José del Guaviare.

Ante este panorama, uno de los actores dentro de la ecuación son los cerca de 13,6 millones de pacientes de las cinco EPS que atraviesan por la intervención estatal, más la Nueva EPS (propiedad del Gobierno) que suma 11 millones de afiliados, para un total de 24,6 millones de afiliados a cargo del Estado.

De acuerdo con Silva, estas intervenciones generan dos impactos clave para los pacientes: una incertidumbre por la continuidad en la prestación del servicio y mayores barreras de acceso a los servicios en salud. En relación con la primera (y a pesar de que la Supersalud aseguró que la prestación de servicios a los pacientes, incluidos los de alto costo), las EPS tenderían a una suspensión gradual de la prestación del servicio en aras de no aumentar su cartera.

Relacionado con el temor de las Empresas Prestadoras al incremento de la cartera, se presume que estas pondrían mayores barreras de acceso para el agendamiento de citas médicas, rayos X, laboratorios y otros servicios médicos, lo que podría desembocar en un bajo suministro de medicamentos.

En lo que concierne a Sanitas, Silva también cuestionó el anuncio de intervención por parte de la Supersalud al considerar que se podría tratar de una expropiación a la EPS. A pesar de que Sanitas había manifestado que su estado financiero no era el mejor y que sus reservas técnicas se agotaron en la prestación del servicio, esta situación se habría empeorado ya que el gobierno no habría girado la porción de presupuestos ni el ajuste de presupuestos máximos desde hace dos años".

"El gobierno aún no ha girado la porción de presupuestos para enero, febrero y marzo de este año ni los ajustes de presupuestos máximos de 2022 y 2023, lo que permite inferir que existió una intención previa de intervención".