Expertos advierten que decreto VIS pondría en jaque el empleo en gremio constructor
lunes, 19 de enero de 2026
El presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera, advirtió sobre las afectaciones que tendrían los jugadores del sector si se aprueba este documento
El borrador de decreto del Ministerio de Vivienda que cambiaría la forma de fijar el precio de la Vivienda de Interés Social, VIS, encendió las alertas en el sector constructor por su posible impacto en el empleo y la informalidad, dos de los problemas más críticos de la actividad. Para el gremio, la medida podría poner en jaque el trabajo formal en la construcción.
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, advirtió que la propuesta de fijar el precio de la VIS únicamente en pesos y desde las etapas iniciales equivale a un control de precios, lo que reduciría la viabilidad de nuevos proyectos, y así, menos proyectos en marcha se traducen directamente en menos empleo formal.
El sector constructor ya enfrenta una tasa de desempleo cercana a 14% y niveles de informalidad de 70%. Según Camacol, si se encarecen los costos y se limitan las condiciones de comercialización, las empresas -especialmente las pequeñas, que representan cerca de 90% del sector- tendrían mayores incentivos para reducir contratación formal o migrar a esquemas informales.
De avanzar el decreto en su forma actual, el gremio advierte que la combinación de menor inversión, menos obras iniciadas y mayores presiones de costos podría agravar el desempleo y aumentar aún más la informalidad en uno de los sectores que más mano de obra generan en los territorios.
Incertidumbre empresarial
El borrador de decreto genera incertidumbre para las empresas constructoras, ya que altera las reglas de fijación de precios que han permitido la viabilidad financiera de los proyectos de VIS durante años. Para Camacol, imponer precios desde el inicio afecta la capacidad de las compañías de planear sus inversiones y evaluar la rentabilidad de los proyectos.
Herrera destacó que el desarrollo de una vivienda VIS es un proceso que puede tardar cuatro o cinco años, atravesando etapas de planeación, construcción y entrega. Durante ese tiempo, los costos de materiales, mano de obra y tasas de interés pueden variar, por lo que fijar un precio inicial limita la flexibilidad empresarial y aumenta el riesgo financiero.
De avanzar el decreto en su forma actual, el gremio advierte que la menor inversión, menos obras iniciadas y mayores costos podrían afectar la sostenibilidad del sector, llevando a que las empresas prioricen proyectos solo en zonas con menores exigencias. Según Luis Díaz, presidente del Grupo Oikos, los proyectos viables se concentrarían en áreas con servicios públicos no consolidados y mala infraestructura.