Formulan cargos a más de 40 viviendas turísticas por presunta infracción de normas

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Dirección de la Investigaciones de Protección al Consumidor, formuló pliego de cargos contra más de cuarenta prestadores de servicios de vivienda turística por presuntas irregularidades que habrían afectado los derechos de los turistas. Esto como consecuencia de haber analizado 452 quejas presentadas durante 2024, provenientes de distintas partes del país.

Según el ente supervisor, los prestadores habrían efectuado afirmaciones falsas o inexactas ante las cámaras de comercio del país, al indicar que los inmuebles, donde se prestarían los servicios de vivienda turística, no se encontraban sometidos a un régimen de propiedad horizontal o que dicha actividad se encontraba permitida por el reglamento de la copropiedad de la que hacían parte, cuando no lo era así.

En segundo lugar, se evidenció que personas naturales y/o jurídicas habrían prestado servicios de vivienda turística sin la respectiva inscripción o renovación del Registro Nacional de Turismo (RNT). Sobre este asunto, la SIC señaló que "es importante recordar que los recursos recaudados en el marco de estos procesos se destinan principalmente para financiar proyectos que impulsan la competitividad y sostenibilidad del turismo en Colombia, que incluyen la mejora de la infraestructura turística, la promoción de destinos y la profesionalización de los servicios turísticos".

El inicio de estas investigaciones administrativas se concentró en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Cundinamarca, tras haberse evidenciado allí, por parte de la Dirección, un aumento significativo en las denuncias relacionadas con este tipo de servicios de turismo. Estas actuaciones, a juicio de la Superintendencia, dan cuenta del número creciente de casos en lo que se estaría destinando, de manera indebida, la vivienda urbana y rural al ejercicio de actividades turísticas, sin el cumplimiento de los requisitos legales, situación que afecta las garantías de los consumidores.

Una vez culminen estas investigaciones -y de llegarse a comprobar la infracción-, la Superintendencia podrá imponer sanciones económicas, y la prohibición de prestar los servicios turísticos hasta por cinco años.