Gobierno resolvería pleito por HD en enero
viernes, 19 de diciembre de 2014
Ángela Sampayo
Desde inicios de año el pleito entre cable operadores y los canales privados, Caracol y RCN, no ha tenido un capítulo final. El cobro que piden estos canales a las empresas transmisoras por el High Definition (HD) aún no se define y continuará así hasta enero, cuando se vencen los términos de la demanda puesta por estas dos empresas ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Las pretensiones de estos dos canales han sido que los cable operadores, que tienen presencia en el país, le paguen un costo por transmitir la señal en HD. Con esta intención estos dos canales tomaron acciones legales ante la CAN, para la cual actualmente corre el término de vencimiento que se daría el próximo 12 de enero, “donde el Gobierno Nacional deberá responderle a la Comunidad el requerimiento ante la demanda de incumplimiento de la decisión 351 por parte de Caracol y RCN”, aseguró Jorge Martínez, secretario general de Caracol Televisión.
Según Andrés Ferrer, abogado experto en telecomunicaciones, ante la respuesta que daría el Gobierno Nacional hay que tener en cuenta que “las decisiones de la CAN no son vinculantes para los miembros de esta comunidad y segundo, está por encima el derecho de los colombianos a acceder a la información y la transmisión de RCN y Caracol”, explicó.
Antecedentes
Caracol y RCN han librado este disputa bajo el argumento que ellos deberían recibir un pago por parte de los operadores de cable, ya que los contenidos de estas dos compañías contribuyen con más de 50% de la audiencia Triple A, así como lo hacen con los demás paquetes de canales que transmiten.
Caracol pide $650 y RCN $800, pago que podría significar un ingreso de $448 millones para el primer canal y $552 millones para el segundo; de acuerdo a datos promediados y si se tiene en cuenta que según cifras de la Autoridad Nacional de Televisión (Antv), en 2013 se registraron en total 4,66 millones de abonados a la televisión por suscripción, de los cuales se estima que entre 10% y 15% de esos hogares cuenta con el servicio de alta definición.
Un monto de más o menos $12.000 millones que facturarían en conjunto estos canales por el servicio de transmisión en alta definición. Una cifra considerablemente menor a la que anteriormente habíamos manejado de $3 billones y que es ajena a la realidad.
“Estamos hablando de un servicio premium que normalmente los cable operadores cobran, cuando es una transmisión abierta gratuita”, añadió Martínez. Con el cual se llevan “varios meses en un proceso en el que le solicitamos a los operadores de suscripción de televisión el reconocimiento económico por la señal de RCN HD”, indicó Gabriel Reyes, presidente de RCN.
Posturas de la Antv y la Sic
En septiembre de este año, por decisión de la Antv, se determinó que se le debe garantizar a los usuarios el acceso a la televisión abierta por parte de la televisión cerrada. Obligación que debe ser cumplida por parte de los canales al transmitir su señal en el formato que ellos consideren.
Sin embargo, tal resolución no pide la autorización de los canales como en algún momento pidió la Superintendencia de Industria y Comercio al intentar mediar el pleito y defender los derechos de autor de los canales.
Medidas cautelares de la SIC están a favor de los canales
Según el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, “los procesos judiciales que sobre el tema instauraron los organismos de radiodifusión Caracol Televisión y RCN Televisión contra los cable operadores tiene medidas cautelares de la Superindustria como autoridad judicial a favor de estos canales, las cuales están vigentes. Que fueron apeladas por los cable operadores ante la Sala Civil Tribunal Superior de Bogotá y no ha pasado nada allá por cuenta del paro judicial”. Y también aseguró que estos procesos siguen en la entidad y están a punto de entrar al periodo aprobatorio, por lo que aún no concluye el tema.
La opinión
Pablo felipe robledo
Superintendente de industria y comercio
“Respaldo las decisiones adoptadas por el superintendente delegado de la Superindustria, que protegió los derechos conexos de autor que tienen las radiodifusoras”.