"Hay que generar incentivos para estimular más la formalización empresarial"

De cara al Congreso Empresarial Colombiano, CEC, de la Andi, Bruce Mac Master, líder de la agremiación, indicó que se abordarán aquellos temas que tienen efecto directo e indirecto en el sector privado. Entre los puntos de mayor criticidad para el crecimiento del país se incluyen los incentivos a la formalización, la autosuficiencia energética y la diplomacia comercial para que se pueda levantar el aumento del arancel impuesto por EE.UU.

¿Qué propuestas tiene la Andi para aumentar la formalización, sobre todo de las pequeñas empresas?

La formalización hay que verla en dos dimensiones distintas. No es solo la de las pequeñas empresas o las que están por fuera del marco formal; es más importante, en mi opinión, la formalización laboral. Colombia tiene un nivel de informalidad de los más altos de la región: estamos hablando de 56% o 57 %. Es decir, 56 de cada 100 personas que trabajan no tienen prestaciones sociales, no tienen cobertura laboral, no tienen contrato, no tienen vacaciones ni cesantías. Eso, sin duda, es una alerta muy fuerte para cualquier sociedad y cualquier economía.

Hay países como Perú, y probablemente Bolivia, que tienen niveles similares, y eso no habla bien de nosotros; nos muestra que estamos entre los niveles más precarios a nivel continental. Si uno le pregunta a cualquier persona que tiene una tienda en la esquina por qué no contrata formalmente a sus empleados, lo que le va a decir muy rápidamente es que no tiene cómo hacerlo: que el costo laboral es muy caro, que el costo prestacional es muy caro y que, además, trabajar con el Estado es engorroso.

Colombia tiene que hacer, ojalá más temprano que tarde, el ejercicio de verdad de formalizar. Es uno de esos temas que las economías del mundo no han sabido solucionar; incluso en algunos países europeos más desarrollados la informalidad ha venido creciendo. Yo he pensado que debería haber una especie de justicia transicional alrededor de la formalización: es decir, perdonarles las faltas pasadas a los empleadores que no han contratado formalmente a sus trabajadores, y generar condiciones que los incentiven a hacerlo de ahora en adelante.

Eso, como todo, tiene que ir de la mano de la vigilancia. El Ministerio del Trabajo hoy vigila mucho a las empresas formales y casi nada a las informales; es lo que algunos economistas han descrito como "ir a cazar al zoológico": auscultar solo a quien ya está en la formalidad para ver si cumple, sin ir a los sitios donde la informalidad es muy grande, exigirles y sancionarlos si no contratan bien a sus trabajadores.

Y luego viene la formalización empresarial, que es la otra meta grande. Pasa lo mismo: hay que generarles incentivos a las empresas para ser formales. Cuando las cosas se vuelven demasiado costosas y engorrosas, cuando hay demasiados obstáculos para ser formal, los emprendedores y las empresas pequeñas se demoran muchísimo en pasar de la informalidad a la formalidad. Hay que ser inteligentes: es una combinación de incentivos con vigilancia por parte del Estado, que tiene que estar muy encima de ello.

¿Qué podemos esperar del Congreso de la Andi que está a pocos días de comenzar?

Efectivamente, todos los años nosotros adelantamos la Asamblea de la Andi y hacemos el Congreso Empresarial Colombiano, donde invitamos a todos los empresarios a discutir los temas sensibles de lo que está sucediendo en el país. Cada cuatro años este Congreso coincide con la primera semana después de la posesión del nuevo gobierno.

Este año va a ser así. De hecho, el Congreso arranca el próximo miércoles 12 y va hasta el 14, es decir, cinco días después de posesionado el gobierno del doctor Abelardo de La Espriella. Entonces este, en particular, tiene, por supuesto, una expectativa muy grande alrededor de cómo va a ser el encuentro con el gobierno y qué vamos a trabajar de aquí en adelante.

La intención nuestra es tener esa conversación amplia y fluida, donde logremos no solo hacer el diagnóstico de lo que está sucediendo hoy en día —yo creo que el país está bastante diagnosticado—, sino que podamos de alguna forma establecer algunas líneas de trabajo que nos permitan pensar qué va a pasar con Colombia de aquí en adelante. Ese es un poco el gran propósito que tenemos.

Por esta razón lo hemos dividido en varios bloques: tenemos un bloque de temas fiscales y de macroeconomía, un bloque de seguridad, uno de salud, uno de inteligencia artificial, un bloque energético y un bloque de política y geopolítica a nivel internacional. El último día, que es el viernes, lo vamos a dedicar mucho al tema de las instituciones.

Vamos a tener a los presidentes de las tres cortes: la Corte Constitucional, con su presidenta Paola Meneses; el presidente del Consejo de Estado, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a tener al registrador, vamos a hablar de seguridad con el nuevo ministro de Defensa y, más tarde, tendremos al presidente de la República.

Una cosa muy interesante es que lo vamos a instalar con el vicepresidente: por primera vez vamos a tener a un vicepresidente instalando el evento y a un presidente clausurándolo. La verdad es que pretende ser como una conversación nacional. Yo creo que de alguna forma nos va a definir mucho el tono de cómo va a ser la conversación público-privada de aquí en adelante. Nosotros pretendemos que sea lo más constructivo posible.

Ayer publicamos el listado de las 5.000 empresas más grandes que tuvo el país el año pasado. En línea con eso, ¿qué necesita el país en materia de reformas para que esas empresas sigan creciendo y siendo más productivas?

Lo primero que quisiera decir, y puntualizar, es que nosotros no le hacemos requerimientos a los gobiernos. En realidad lo que pretendemos es trabajar armónicamente con el gobierno. Usualmente los gobiernos tienen un papel, el sector empresarial tiene otro, los ciudadanos tienen otro, el sector académico y los medios de comunicación tienen el suyo, y lo que creemos es que lo sensato, lo razonable, es que haya verdaderamente trabajo armónico, no solo entre las ramas del poder público, sino entre lo que sucede entre el mundo de lo público y el mundo de lo privado.

Entendemos al Estado como el gran habilitador de las condiciones que hacen que la ciudadanía viva mejor: ojalá que haya menos pobreza, más equidad, más inclusión, pero también más producción, más capacidad de generar oportunidades y riqueza.

Entonces queremos proponerle al gobierno algunas acciones concretas para dinamizar la participación del sector empresarial en esa construcción de progreso: en esa capacidad de generar más empleo, de que Colombia pueda exportar más, de que genere mayor trabajo formal y de que podamos tener mejores salarios.

Es decir, todo ese diálogo que creemos que vale la pena reconstruir. Estos años fueron difíciles en términos de conversación —no quiero referirme mucho a ello—, pero sí creo que vale muchísimo la pena volver a identificar cuál es el papel de cada estamento en el funcionamiento de una sociedad. Vamos a trabajar en muchísimos frentes.

Nos interesa mucho, por ejemplo, generar condiciones energéticas. Colombia tiene que tomar una cantidad de decisiones importantes en este momento para asegurarnos de construir las plantas de generación suficientes, de modo que la ciudadanía pueda vivir sin recortes ni apagones, que la producción sea cada vez mayor y que tengamos un costo de energía competitivo y justo para los ciudadanos. Ahí hay una gran cantidad de cosas por hacer.

Nos vamos a dedicar también a mirar el sector salud. Lo más importante ahí, por supuesto, es poder atender a los pacientes; ese es el objetivo final del sistema. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando para garantizar que haya medicamentos, que haya citas, que haya aprobación de las intervenciones quirúrgicas y que un paciente que está en urgencias pueda ser atendido por una IPS. De verdad, eso es un poco lo que nosotros queremos hacer, y lo tenemos en varios frentes.

¿Qué cree que se debe tener en cuenta en la eventual reforma tributaria del nuevo Gobierno?

El tema tributario en Colombia es, por decirlo menos, especialmente complejo. Colombia ha tenido muchísimas reformas tributarias; creo que ha habido 18 en los últimos 30 años, es decir, aproximadamente una cada año y medio. Esa era la estadística que se había sacado, inclusive, aquí en La República. Eso habla de un país que no se termina de definir en términos tributarios.

La tendencia de los últimos años siempre ha sido tratar de conseguir más recaudo, es decir, pasarle recursos de los ciudadanos al Estado o de las empresas al Estado. Eso no ha salido muy bien, entre otras cosas porque hoy tenemos unas tasas de tributación altísimas: Colombia tiene, para las empresas, una tasa de tributación cercana a 35%, y para los ciudadanos, de 39%. Y a pesar de eso tenemos un Estado en crisis fiscal.

Yo creo que es la oportunidad de pensar un poco más estructuralmente. Hay mucha gente que argumenta —y yo me encuentro entre ellos— que la mejor forma de aumentar el recaudo para el Estado es generar mayor actividad económica. Si uno tiene significativamente mayor actividad económica, tiene muchísimas más posibilidades de recaudar impuestos.

Entonces probablemente debe ser una combinación de varias cosas: austeridad, que es lo que se le está pidiendo al Gobierno y que el Gobierno mismo está ofreciendo; reducir la evasión, porque es verdad que el sistema tributario colombiano permite que mucha gente no pague los impuestos que debería, y eso hay que vigilarlo y controlarlo; y, por supuesto, buscar la forma de que haya mucha más producción que nos permita financiar al Estado.

Hay que decir que en una sociedad el Estado es muy importante, pero también lo son los ciudadanos, las personas. Y esto es casi que el llamado grande: yo diría que lo más importante son las personas. El Estado es un instrumento para que la gente viva bien, se eduque, tenga salud y tenga seguridad, y ese instrumento tiene que entenderse así. Uno no puede entender el Estado como el gran gastador del presupuesto nacional, en donde se hace lo que quiere un partido político o un líder en particular. No. Hay que entenderlo como el habilitador de la construcción de bienestar.

Esa es la lógica que vale la pena trabajar, conjuntamente con el Gobierno. Ojalá uno llegara rápido a un momento en el cual pueda definirse, por fin, la estructura tributaria que le conviene al país: la que produce más empleo, la que le da más ingresos a la gente y la que le da al Estado los recursos suficientes para hacer lo que tiene que hacer. Colombia está en mora con ese ejercicio. No sé si ustedes recuerdan cuántas veces hemos hablado de la reforma tributaria estructural; yo tengo en mi oficina engavetadas varias de las últimas propuestas de reforma tributaria estructural, desde la del ministro Mauricio Cárdenas en adelante, y todas dicen prácticamente lo mismo. Se demuestra que ninguna ha sido verdaderamente estructural, porque al final no es suficiente y no nos ponemos de acuerdo.

De cara al nuevo gobierno, ¿cuáles son los principales retos económicos que va a enfrentar desde su inicio?

Lo hemos dicho, y lo ha dicho mucha gente, pero lo empezamos diciendo nosotros: recuerden el balance que hicimos al final de 2024, cuando dijimos que teníamos al menos nueve temas urgentes. Hoy me quiero concentrar en cuatro, que son los principales.

Por supuesto, el tema fiscal. A principios de 2025 ya estábamos teniendo indicios de que Colombia tenía un problema de déficit fiscal grande, que se ha visto agravado significativamente por la reestructuración de deuda que ha hecho el actual gobierno. Esa reestructuración ha llevado a que, durante 2025 y 2026, el Estado pague muchas menos amortizaciones de las que debía, y eso se trasladó hacia adelante: los próximos gobiernos van a tener que pagar por esos créditos, y además estamos pagando intereses supremamente altos, probablemente los más altos de la región. Ese es el tema fiscal, muy grande.

Luego, también muy grande, el tema de seguridad, y lo que significa para los ciudadanos poder realizar sus actividades normales, incluidas las productivas. Después está el tema de la salud: ahí hay un hueco gigante, y hemos tenido, por primera vez en la historia, problemas grandes en la operatividad del sistema. El sistema tiene hoy agentes con su función distorsionada por decisiones que han terminado afectando la atención de los pacientes.

Luego está el tema energético: Colombia enfrenta en este momento una amenaza muy grande de terminar teniendo un eventual apagón en los próximos años. Esto no se debe solamente al fenómeno de El Niño —que también hay que prever, porque tiene una ciclicidad y se presenta cada cuatro o cinco años—, sino a que Colombia dejó de construir nuevas plantas eléctricas. Perdimos la oportunidad de ampliar la generación eólica; la solar no es tanta y, además, no permite vender energía en firme, por ejemplo, de noche. Y las decisiones que se tomaron en las subastas de energía llevaron a que Colombia no ampliara su capacidad. Eso, sumado al tema del gas natural, nos tiene frente a esta amenaza desde hace ya tres años.

Y el quinto tema es que Colombia tiene que regularizar su posición estratégica internacional. Hemos tenido problemas diplomáticos con Estados Unidos, que es nuestro principal aliado, no solo en seguridad y lucha contra el narcotráfico, sino también comercial. Allá viven siete millones de colombianos, allá estudian muchos colombianos, hay muchas familias y recibimos remesas de ese país. Estados Unidos también es el mayor financiador, en términos de mercado de capitales, del Estado colombiano. Es una relación muy profunda que, durante los últimos años —especialmente el último año y medio—, se ha venido tensionando, y eso tenemos que estabilizarlo relativamente pronto.

La Contraloría advirtió hace poco una brecha de financiación de $30,2 billones frente al presupuesto. ¿Qué tan preocupante es esto para los empresarios?

Es tremendo. Uno, como ciudadano o como empresario, cree que los problemas fiscales no son para uno, que no lo tocan, y no es cierto, porque al final esos problemas se solucionan básicamente con dos fuentes. La primera, por supuesto, es el pago de impuestos: si el hueco es grande, eventualmente hay que cobrar más impuestos, y eso es tremendo para un sistema en el que los impuestos ya son suficientemente altos.

La otra forma de solucionar los huecos fiscales es con más deuda, y cuando eso sucede se presenta lo que los economistas llamamos crowding out: la competencia en el mercado por la deuda. El Estado compite por obtener recursos que están en el mercado, contra los ciudadanos y contra los empresarios, y eso hace que suban las tasas de interés, que sea más difícil financiarse y que crezcan los costos financieros de las compañías y de las familias.

Un hueco como el que menciona la Contraloría —creo que todavía le falta identificar algunas cosas, pero ya se ha llamado la atención sobre los cerca de $30 billones— es muy preocupante y trae consigo una gran cantidad de consecuencias adicionales. Yo le decía a la gente, cuando estaba en el Ministerio de Hacienda, que lo ideal es que el ciudadano y el empresario no tengan que preocuparse por lo que pasa con las finanzas públicas, porque para eso hay un equipo económico que debe solucionar los problemas. Pues bien, hemos llegado a un punto en el que esa preocupación ya trascendió el Ministerio de Hacienda, y hoy vemos a muchos ciudadanos y empresarios preocupados por el tema, porque a la larga nos va a tocar pagar.

Usted hablaba de la presión en materia energética, pero quiero que sectoricemos un poco más, particularmente en el sector manufacturero, que es quizás el más sensible a un eventual déficit de gas natural. Si ese déficit llegara a materializarse, ¿qué impacto tendría la importación de este insumo en los costos de producción? ¿Y la caída reciente del dólar puede compensar en algo ese problema, o es netamente estructural?

El problema es, sin duda, estructural. Voy a tocar dos eslabones distintos de la cadena: el del gas natural y el de la generación energética.

El gas natural en Colombia ha servido históricamente para tres cosas: para que los hogares puedan cocinar y hacer funcionar algunos electrodomésticos a gas; para generar energía eléctrica, y para alimentar procesos industriales —calderas y procesos de calentamiento— que requieren energía térmica. Entonces, cuando dicen que el gas natural escasea, hay que entender que eso golpea esos tres ámbitos: el doméstico, el industrial y el de generación eléctrica.

Colombia tiene gas natural en su subsuelo, pero decidió, por una decisión de política pública, no seguir sacándolo; en su momento vimos a la ministra de Minas y Energía anunciar que no se iba a continuar con los contratos de exploración de gas natural, y esa decisión, por supuesto, tiene consecuencias. La justificación fueron razones ambientales. ¿Qué terminamos haciendo? Seguimos necesitando el gas natural, pero ahora tenemos que comprarlo. Colombia lo producía a entre US$5 y US$8; el gas natural comprado nos sale a US$18, es decir, estamos pagando cerca de dos o dos y media veces lo que nos costaba producirlo. ¿Quién lo paga? Esas tres cadenas: los hogares, las industrias y los generadores eléctricos, lo que hace que también le suba el costo a los hogares, porque la energía eléctrica termina valiendo más.

Colombia tomó una decisión muy equivocada, que va en contravía de lo que está pasando en el mundo. Hoy todos los países quieren autonomía energética, quieren poder producir sus propios combustibles, y Colombia decidió renunciar a esa autonomía por razones ambientales. Pero la paradoja es que seguimos necesitando el gas y lo traemos más caro y, además, con una huella de carbono significativamente mayor: hoy el gas natural se produce en un pozo en el Golfo de México, hay que licuarlo —eso consume energía—, transportarlo en barco hasta Cartagena —eso consume energía—, regasificarlo allí —eso también consume energía— y, por fin, meterlo al sistema colombiano. Es decir, el gas natural que hoy consumimos tiene una huella de carbono mayor que la de casi cualquier otro país productor.

Hoy estamos importando cerca de 30% del gas natural que consumimos, cuando pudiéramos no importar ni un pie cúbico. Por eso nos preocupa ver al presidente, en estos últimos días, muy afanado tratando de sacar contratos de suministro de gas natural —también vimos contratos de aviones y equipo armamentístico—; uno se pregunta por qué ese afán de contratar tantas cosas en los últimos días de un Gobierno. Colombia tiene que recuperar la autonomía energética.

Y volviendo a tu pregunta: a la industria le está costando mucho más producir muchas cosas, y hay otra paradoja grande. Como el gas natural está saliendo tan caro, mucha gente se ha devuelto al carbón, que tiene una huella de carbono todavía mayor —el gas natural es, de los combustibles de origen fósil, el que tiene la menor huella—. También hemos vuelto al diésel o al fuel oil, y estamos quemando combustibles con una huella muy grande.

Uno se pregunta entonces dónde quedó la estrategia de ser más limpios: nos volvimos significativamente más sucios. Un ejemplo para que todos lo tengan presente: estamos en Bogotá, y una parte muy importante de la energía que consumimos aquí proviene de una planta de carbón que queda en Zipaquirá, diseñada originalmente para encenderse solo en caso de emergencia de suministro. Esa planta lleva casi tres años prendida día y noche, las 24 horas, botando carbón todo el tiempo. Hoy Colombia es significativamente menos limpia en términos energéticos.

¿Han medido cuánto tardaría el país en reactivar esa capacidad, tanto para ser autosostenible como para que el suministro llegue a todos los territorios?

Sí, hay varias medidas. Colombia, además, ha sido muy mala ejecutando algunos proyectos: el retraso promedio de los proyectos energéticos, según nuestros últimos cálculos, es de 6,7 años. Algunos proyectos que estaban listos para entrar en marcha se han demorado 6,7 años más de lo que deberían. Venían atrasados desde hace cuatro años, pero siguieron atrasándose y el retraso se acumuló muy fuertemente.

Yo le preguntaba ayer a un productor cuánto nos demoraríamos construyendo rápidamente una nueva planta térmica, por ejemplo a partir de gas natural que se traiga de Venezuela o de otras fuentes. Cada proyecto de esos se demora entre 1,5 años y 1,6 años, es decir, entre 18 y 20 meses. Si Colombia tomara hoy la decisión de montar plantas térmicas, nos demoraríamos más o menos eso.

Además, tenemos que asegurarnos de traer el gas a tiempo y en cantidad suficiente, porque nuestro propio gas —el que en algún momento podamos volver a extraer— también toma tiempo: los pozos que se dejaron de atender tomarán tres o cuatro años para volver a ser autosuficientes. Entonces iríamos por partes: montaríamos plantas térmicas, tendríamos que importar parte del gas natural o usar el carbón que tenemos hoy —que es otra alternativa— y, en el futuro, enfrentaríamos el reto grande de volver a producir nuestro propio gas natural. Es un proceso que va a tomar estos próximos cuatro años, y es un ejercicio que hay que hacer.

¿Considera que se están dando las garantías para que las compañías se salven de la quiebra, como ocurrió esta semana con Propal? ¿Cree que las empresas están teniendo esas garantías para evitar liquidaciones?

Hay que decir que en una economía de mercado nadie le garantiza a una empresa no quebrarse, y no debemos esperar eso: hay empresas que pierden viabilidad y, pues, se quiebran.

El caso del sector papelero y de pulpa es distinto, porque ahí lo que vimos fue una competencia muy fuerte de grandes productores, especialmente del Lejano Oriente —sobre todo chinos—, que tienen capacidades excedentarias muy grandes y que, ante el cierre de mercados como el de Estados Unidos y México, empezaron a enviar producto en lo que llamamos desviación de comercio: comercio desleal que termina llegando casi como sobrante de lo que no se pudo vender en otros lugares, a precios de remate. Eso mata a cualquier industria, y es el gran susto que tenemos frente a la inmensa capacidad productiva de un país como China. Y no pasa solo con el papel: pasa con el cemento, los electrodomésticos, los automóviles y muchos otros sectores.

Lo que uno quiere, sin duda, son condiciones para que no haya comercio desleal, para que no se aprovechen los productores internacionales, y para que seamos competitivos desde el punto de vista tributario, laboral y energético. En el caso de la compañía que vimos, se trató de una empresa que sufrió varios de estos flagelos de manera simultánea, y eso fue lo que la condujo a la situación en la que está.

¿Cómo podría afectar a las exportaciones colombianas el reciente endurecimiento de los aranceles de Estados Unidos, y cómo se están preparando los empresarios para enfrentarlo?

Vale la pena pensar antes en las razones por las que Estados Unidos ha venido imponiendo aranceles, que son casi las mismas de las que hablábamos hace un momento. La economía norteamericana ha venido sintiendo que buena parte de su capacidad industrial instalada se ve afectada por prácticas ilegales de comercio, y esa es, en el fondo, la gran razón que motivó los aranceles: primero los que se impusieron el 3 o 4 de abril del año pasado, en lo que el gobierno llamó Liberation Day; luego el proceso que tomó la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, y ahora los que están en este momento en discusión.

Esa realidad ha hecho que el mundo piense de verdad en una nueva configuración geopolítica. Me atrevo a decir que el ideal de la globalización está desapareciendo: se están generando bloques en los que la gente, o los países, tratan de defender su producción local y propia. ¿Por qué? Porque la globalización fue mal utilizada por algunos, en términos de generar comercio desleal, cuando la globalización asume que todo el mundo actúa de buena fe. Si hay gente que no actúa de buena fe y hace comercio desleal, los demás tienen que protegerse, y a eso fue a lo que llegó Estados Unidos.

En el caso de Colombia, nosotros creemos, y así se lo hemos venido planteando a Estados Unidos, que esa medida no solo le hace un gran daño a los productores colombianos, sino que además es totalmente injustificada. Las medidas tienen un origen laboral, relacionado con el tema del trabajo forzado: hacen una investigación y concluyen que Colombia no tiene trabajo forzado, pero que es probable que algunas de las materias primas que utiliza el país provengan de lugares donde sí lo hay. Por ejemplo, nos dijeron: si ustedes compran algodón proveniente de una provincia china en particular donde hay trabajo forzado, entonces ustedes están vendiendo indirectamente a Estados Unidos productos vinculados a esa práctica.

Es un castigo verdaderamente injusto, porque en el fondo lo que nos están diciendo es que vamos a pagar por lo que está sucediendo en China, y eso nos pasó en todos los sectores en los que recibimos la sanción. Creo que en esto el nuevo gobierno va a tener una capacidad y un leverage, una palanca fuerte, para poder argumentar esto frente a Estados Unidos y solicitar que saquen a Colombia de la llamada Sección 301, que es la que hoy nos tiene con un arancel de 12,5 %.

Y eso es muy grave para Colombia, entre otras cosas porque hay otros países con los que competimos, como Ecuador —por ejemplo, en el caso de las flores—, frente a los cuales perdemos competitividad sin ninguna duda por esa sobrecarga. A uno le puede parecer poca —solo 2,5 puntos porcentuales—, pero en términos del arancel total es 25% adicional: el arancel para Ecuador es de 10% y para nosotros de 12,5%, es decir, tenemos un arancel que es 25% mayor que el ecuatoriano.

Esa es una conversación que ya hemos dado: tuvimos la oportunidad, la semana pasada, de reunirnos con el subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental. Hablé con él el martes de la semana pasada, y tuvimos otra reunión con el equipo de la embajada el lunes de esta semana. Es una conversación en la que esperamos que el nuevo gobierno facilite las cosas y sea un instrumento muy efectivo para tratar de que se levante ese sobrearancel, porque es muy grave para Colombia.

El dólar viene cayendo en los últimos días. ¿Tienen alguna proyección de pérdidas para los exportadores por esta cuenta?

Mucha gente no lo entiende, y me voy a dar la libertad de explicarlo: cuando el dólar baja, las exportaciones de un país pierden competitividad. ¿Por qué? Porque en pesos nuestros productos valen más, así que al exportarlos nos queda un producto más costoso en dólares. Esa es la razón por la que los exportadores se quejan tanto de una tasa de cambio tan baja.

Cuando uno tiene simultáneamente un dólar bajo, unos costos laborales que crecieron muchísimo durante los últimos dos años, una energía que —como ya comentamos— también ha venido subiendo, y adicionalmente los aranceles, eso sin duda pone en problemas a los exportadores.

Por eso lo que dijo ayer el Banco de la República está bien pensado: hicieron lo de los US$400 millones y hablaron del cupo de los US$4.000 millones. Hay que tratar de proteger el peso, o mejor, el dólar, para que esa revaluación no golpee tan duro a los exportadores. Ojalá logremos corregir, por lo menos, ese tema, el de los aranceles y el del costo de la energía, para que nuestras exportaciones nos permitan vender más productos en los mercados internacionales.

¿Cómo va a cerrar este año la economía colombiana en crecimiento, inflación y dólar, y cómo se ve el próximo año?

Uno realmente no sabe, pero lo cierto es que tenemos, en este momento, una dinámica de crecimiento que se ha visto afectada. Colombia está creciendo a niveles que no nos permiten salir de las distintas crisis que enfrentamos.

Hicimos algunas valoraciones que voy a profundizar en la presentación que haré en la Asamblea de la próxima semana, y con ellas se demuestra que, para que Colombia pueda salir de esas crisis, tenemos que crecer a una tasa mucho más cercana a 5%, y no a 2,6% que, aparentemente, va a ser el crecimiento de este 2026.

Al mismo tiempo, tenemos una inflación que ha venido creciendo por el incremento en los costos —no quiero entrar a discutir esto con el presidente Petro, pero muchas de las razones por las que han subido los precios tienen que ver con decisiones de política pública—. Y, claro, para contrarrestar la inflación, el Banco de la República ha tenido que subir la tasa de interés.

Es un caldo de cultivo muy complejo, en el que la meta grande —y ahí volvemos casi a la primera de las preguntas— es producir un mayor crecimiento económico, para poder sostener algunas de las cosas que hoy nos están presionando tanto. Seguramente bajaríamos el desempleo, generaríamos más ingresos para la gente y para el Estado, y podríamos lograr, eventualmente, un crecimiento económico total mayor. Hay muchas cosas que se solucionarían si logramos eso; al final, ese es como el gran santo grial de la economía: cómo hace uno para crecer realmente bien y distribuir riqueza entre la gente.

Usted mencionó que el dólar tiene que corregir para que las exportaciones no se vean tan golpeadas. ¿Se arriesgaría a decirnos en cuánto tendría que ubicarse, más o menos, para que no se golpeen de la misma forma?

Las exportaciones se venían comportando más o menos bien entre $3.700 y $3.800 por dólar. Ese era, de alguna forma, el límite que les permitía a los exportadores salir con el producto de forma competitiva al mercado. Ahora, en cuánto va a quedar, nadie sabe, pero en ese nivel el sector exportador era capaz de producir y de tener competitividad al momento de salir a los mercados internacionales.

Usted hablaba también de cómo aumentaron los costos laborales este año. Con un incremento tan fuerte del salario mínimo en 2026, ¿qué tanto margen de maniobra deja eso para la discusión del salario mínimo de 2027?

El gran problema de los grandes incrementos salariales —y esto es difícil de explicar para muchas personas, porque la gente dirá 'qué bueno que yo recibo mayores ingresos'— es el efecto que tienen sobre el mercado laboral.

Una de las causas por las que hemos tenido mayor informalidad es, precisamente, ese tipo de incrementos; y si no hubiera sido por toda la cantidad de contratos que sacó el gobierno nacional, lo que llaman órdenes de prestación de servicios, u OPS, hubiéramos tenido una caída muy, muy grande en el empleo formal.

El problema de fondo es que la conversación laboral es compleja, porque todo país debe querer darle mayor remuneración a sus ciudadanos, eso es lo lógico, ¿cómo no va a serlo? La pregunta es cuánto podemos pagar, y cuánto puede pagar un país, sin poner en peligro el crecimiento económico, la viabilidad de las empresas, la competitividad internacional, la formalización y el nivel de empleo. Son muchísimas variables sobre la mesa. Vamos a tener esa conversación, que todavía no hemos comenzado a dar, y que tendremos que dar.